Latest Records
Newest first across public DOJ and U.S. Attorney press releases.
28 September 2022
- El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Lakeland Bank para resolver alegaciones de discriminación por exclusión financiera en el ámbito crediticio
El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Lakeland Bank para resolver alegaciones de discriminación por exclusión financiera en el ámbito crediticioRead the Press Release
El Departamento de Justicia anunció el día de hoy un acuerdo para resolver alegaciones de que Lakeland Bank (Lakeland) participó en un patrón o práctica de discriminación en el ámbito crediticio al practicar “exclusión financiera” (conocido como “redlining” en inglés) en la zona metropolitana de Newark, incluyendo en vecindarios en los condados de Essex, Somerset y Union en New Jersey. Esta resolución es parte de la Iniciativa para Combatir la Exclusión Financiera a nivel nacional del Departamento de Justicia y representa el tercer acuerdo más grande contra la exclusión financiera en la historia del Departamento.
"Las instituciones financieras que se niegan a proveer servicios de préstamos hipotecarios a las comunidades de color no solo contribuyen a la persistente disparidad racial de riqueza que existe en este país, sino que violan las leyes federales", dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “El acuerdo con Lakeland anunciado el día de hoy representa el compromiso continuo del Departamento de Justicia para abordar la exclusión financiera moderna y garantizar que todos los estadounidenses tengan igualdad de oportunidades crediticias, independientemente de su raza u origen nacional”.
“Poner fin a la exclusión financiera es un paso crítico en nuestra labor para cerrar las disparidades de riqueza cada vez más amplias entre las comunidades de color y otras”, dijo la Fiscal General Auxiliar Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Este acuerdo demuestra nuestro firme compromiso con combatir la exclusión financiera moderna y responsabilizar a los bancos y otros prestamistas cuando les niegan a las personas de color acceso parejo a oportunidades crediticias. Por medio de este acuerdo, enviamos un mensaje firme a la industria financiera de que no soportaremos las barreras discriminatorias e ilegales a los préstamos hipotecarios residenciales”.
“La exclusión financiera crea una desigualdad de las condiciones de juego que injustamente impide que muchas personas de color logren el sueño de ser propietarios de viviendas y este tipo de discriminación sistemática e intencional no puede y no será tolerado”, dijo el Fiscal Federal Philip R. Sellinger del Distrito de New Jersey. “Es completamente inaceptable que la exclusión financiera persista en el siglo XXI y este caso demuestra nuestro compromiso con combatir la exclusión financiera y responsabilizar a los bancos y a otros cuando participen en discriminación ilícita. Por medio de este acuerdo, damos un gran paso adelante al remover las barreras ilegales y discriminatorias a los préstamos hipotecarios residenciales”.
La exclusión financiera es una práctica ilegal en la que prestamistas evitan la prestación de servicios crediticios a individuos que viven en comunidades de color por motivos de la raza, el color u origen nacional de los residentes de tales comunidades. La demanda que se presentó en el tribunal federal hoy alega que, desde al menos el 2015 hasta el 2021, Lakeland no prestó servicios de préstamos hipotecarios en vecindarios negros e hispanos en la zona metropolitana de Newark, New Jersey, que todas sus sucursales estaban ubicadas en vecindarios de mayoría blanca y que sus oficiales de crédito no atendían las necesidades de crédito de los vecindarios negros e hispanos en y alrededor de Newark.
Conforme a la orden de consentimiento propuesta, la cual queda sujeta a la aprobación del tribunal y fue presentada hoy ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de New Jersey junto con una demanda, Lakeland ha acordado hacer lo siguiente:
Invertir al menos $12 millones en un fondo de préstamos subvencionados para los residentes de vecindarios negros e hispanos en el área de Newark; $750,000 en anuncios, proyección comunitaria y educación financiera para el consumidor; y $400,000 para desarrollar asociaciones comunitarias con el fin de prestar servicios que mejoren el acceso a los préstamos hipotecarios residenciales.
Abrir dos sucursales nuevas en vecindarios de color, incluyendo al menos una en la ciudad de Newark; garantizar que al menos cuatro oficiales de crédito hipotecario estén dedicados a servir a todos los vecindarios en y alrededor de Newark; y emplear a un oficial de desarrollo comunitario que supervisará el desarrollo continuo del crédito en vecindarios de color en el área de Newark.
Mantener un área de evaluación de la Ley de Reinversión Comunitaria (Community Reinvestment Act en inglés) que incluya a los condados de Essex, Somerset y Union.
Lakeland ha acordado resolver este asunto sin litigios de disputa y trabajó de manera cooperativa con el Departamento para remediar las inquietudes de exclusión financiera que fueron identificadas.
En octubre de 2021, el Fiscal General Merrick B. Garland anunció la Iniciativa para Combatir la Exclusión Financiera del Departamento de Justicia, un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley cuyo objetivo es abordar esta forma persistente de discriminación contra comunidades de color. La iniciativa está expandiendo el alcance del Departamento al fortalecer las asociaciones con Fiscalías Federales por todo el país, socios regulatorios y nuestros socios en las Fiscalías Generales Estatales. Desde que se emprendió la iniciativa, el Departamento ha anunciado cuatro casos de exclusión financiera y acuerdos por un total combinado de $38 millones en indemnización a las comunidades que han sido víctimas de discriminación en el ámbito crediticio. Eso incluye el acuerdo de $20 millones con Trident Mortgage Company – el segundo acuerdo más grande en la historia del Departamento de Justicia.
Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de la Sección por hacer cumplir las leyes de préstamos justos en www.justice.gov/fairhousing. Los individuos pueden denunciar incidentes de discriminación en el ámbito crediticio llamando a la línea informativa del Departamento de Justicia para discriminación en la vivienda al 1-833-591-0291 o presentando un informe en línea. Los individuos también pueden reportar violaciones de los derechos civiles en https://www.justice.gov/usao-nj/civil-rights-enforcement o llamando a la Línea Directa de Derechos Civiles del Fiscal General al (855) 281-3339.
Detroit Man Pleads Guilty to Federal Drug CrimeRead the Press Release
HUNTINGTON, W.Va. – Virgil Montell-Denzel Watkins, 29, of Detroit, Michigan, pleaded guilty today to the distribution of 5 grams or more of methamphetamine.
According to court documents and statements made in court, Watkins admitted to selling approximately one ounce of methamphetamine to a confidential informant at a Marcum Terrace apartment in Huntington on February 3, 2022. Watkins further admitted to selling an additional 6 ounces of methamphetamine to the informant between February 17 to April 18, 2022.
On April 22, 2022, law enforcement officers arrested Watkins and executed a search warrant at the Marcum Terrace apartment. Watkins admitted that the officers found a Glock, Model 30, .45-caliber pistol and approximately 10 grams of fentanyl during the search.
Watkins is scheduled to be sentenced on January 9, 2023, and faces a mandatory minimum of five to 40 years in prison as well as up to four years of supervised release and a $5 million fine.
United States Attorney Will Thompson made the announcement and commended the investigative work of the Federal Bureau of Investigation (FBI).
United States District Judge Robert C. Chambers presided over the hearing. Assistant United States Attorney Joseph F. Adams is prosecuting the case.
A copy of this press release is located on the website of the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of West Virginia. Related court documents and information can be found on PACER by searching for Case No. 3:22-cr-74.
###
Denham Springs Woman Pleads Guilty to Making and Subscribing False Tax ReturnsRead the Press Release
United States Attorney Ronald C. Gathe, Jr. announced that Lakeisha Grayer, age 41, of Denham Springs, Louisiana, pled guilty before U.S. District Judge John W. deGravelles to making and subscribing false tax returns.
According to admissions made during her plea, Grayer owned and operated a tax preparation business, Genesis Tax Service, in Baton Rouge, Louisiana. For tax years 2015, 2016, and 2017 identified in the indictment, Grayer prepared and electronically filed federal income tax returns for over 950 taxpayers. She charged her clients a fee for preparing and filing their tax returns.
Grayer reported her income from Genesis Tax Service on a Schedule C form attached to her personal income tax return, on which she reported her business's gross receipts. For each year listed in the indictment, the amount of gross receipts Grayer reported to the IRS on her returns using the Schedule C was substantially lower than the actual amount. In addition to the counts charged in the indictment, Grayer knowingly underreported her gross receipts for tax years 2018, 2019, and 2020.
The aggregate amount of all known tax loss, for tax years 2015 through 2020, is over $180,000.
This matter was investigated by the Internal Revenue Service and is being prosecuted by Assistant United States Attorney Harley Ferguson.
Defendant Convicted of Distributing Fentanyl that Resulted in U.S. Marine’s DeathRead the Press Release
Assistant U. S. Attorneys Owen Roth and J’me K. Forrest
NEWS RELEASE SUMMARY—September 28, 2022
SAN DIEGO— A jury convicted Nameer Mohammad Atta yesterday in federal court of distributing the fentanyl that led to the fatal overdose of an active-duty lance corporal in the United States Marine Corps on May 21, 2020.
According to evidence presented at trial, Atta sold counterfeit “M30” pills in April and May 2020 to the Marine, identified in court records as C.M.R., knowing that these pills are counterfeit oxycodone pills that contain illicit fentanyl. Atta used social media to market and arrange sales of these pills, referring to them as the “most trusted” in San Diego, and in text messages as the “most trusted” and “most potent” in the area. Atta referred to these pills as “M30s,” “Percs” and “Perc30s,” nicknames for fentanyl-laced pills. Atta’s final sale to C.M.R. occurred on May 20, 2020. C.M.R. died from an overdose the next day.
“This verdict again demonstrates the resolve of this office to hold to account those whose callous actions result in overdose deaths,” said U.S. Attorney Randy Grossman. “Fentanyl kills indiscriminately, and tragically here it took the life of a Marine. We will continue to seek justice on behalf of victims.” Grossman thanked the prosecution team and investigators of the Naval Criminal Investigative Service for their efforts leading the investigation that led to the verdict, as well as the Drug Enforcement Administration and Homeland Security Investigations for their invaluable support.
“The illicit distribution and use of fentanyl in the United States poses a critical threat to our local communities, our nation’s service members, and ultimately our national security,” said Special Agent in Charge Todd Battaglia of the NCIS Marine West Field Office. “NCIS extends gratitude to our law enforcement partners and the U.S. Attorney’s Office for their efforts to bring Mr. Atta to justice for his role in the death of a U.S. Marine. We will continue to work aggressively with our partners to eliminate this threat to the Department of the Navy.”
“Once again, we’ve seen a life cut short by fentanyl in fake pills. DEA and its Overdose Response Team will continue to pursue the dealers and manufacturers who sell this poison,” said Special Agent in Charge Shelly Howe. “The only safe pill is one that comes from your doctor or a legitimate pharmacy.”
“This conviction is the result of painstaking work carried out by brave law enforcement officers in an effort to continue to keep these dangerous and deadly drugs out of our communities,” said Chad Plantz, special agent in charge for HSI San Diego. “HSI, alongside our partners, will continue to identify and investigate those who seek to introduce lethal drugs into our communities.”
Atta is scheduled to be sentenced on February 10, 2023, before U.S. District Court Judge Todd W. Robinson.
DEFENDANT Case Number 21CR1289
Nameer Mohammad Atta Age: 22 San Diego, CA
SUMMARY OF CHARGES
Distribution of Fentanyl Resulting in Death – Title 21, U.S. Code, Sections 841(a)(1) & (b)(1)(C)
Maximum Penalty: Life in prison, with mandatory minimum 20 years in custody
AGENCIES
Naval Criminal Investigative Service
Drug Enforcement Administration
Homeland Security Investigations
Dallas Man Sentenced to Life over Meth Concealed in CauliflowerRead the Press Release
A Dallas man who accepted a delivery of $3.7 million worth of methamphetamine concealed in boxes of cauliflower was sentenced Tuesday to life in federal prison, announced U.S. Attorney for the Northern District of Texas Chad E. Meacham.
Joaquin Salinas, 48, pleaded guilty in March to conspiracy to possess with intent to distribute methamphetamine. He was sentenced Tuesday by U.S. District Judge Barbara M.G. Lynn.
“Methamphetamine is a dangerous drug that affects tens of thousands of lives every year,” said Eduardo A. Chavez, Special Agent in Charge of DEA Dallas. “Mr. Salinas chose to engage in this illicit activity and now can spend the rest of his life with the consequences of those actions. Lives were saved by keeping these drugs off the street and DEA Dallas will continue to put the health and safety of our North Texas communities first.”According to plea papers, on Aug. 29, 2021, Mr. Salinas received a shipment of approximately 247 kilograms of methamphetamine concealed inside boxes of cauliflower. Agents put the street value of the methamphetamine at approximately $3.7 million.
At Tuesday’s sentencing hearing, agents testified that their investigation revealed the methamphetamine was imported from Mexico. Further testimony revealed that the defendant had ties to the Sureños XIII criminal street gang and the Puro Tango Blast street and prison gang, both of which have ties to Mexican drug cartels.
Agents also testified that Mr. Salinas had four firearms in his home to protect the drugs and any illegal proceeds.
One of Mr. Salinas’ codefendants, Angel Cabrera, pleaded guilty in June to one count of conspiracy to possess with intent to distribute methamphetamine and one count of possession with intent to distribute methamphetamine and is currently awaiting sentencing. His other codefendant, Omar Jorge Valle Estrada, has entered a plea of not guilty and is currently awaiting trial. (Mr. Estrada is presumed innocent until proven guilty in a court of law.)
The Drug Enforcement Administration’s Dallas Field Division conducted the investigation with the assistance of the Dallas Police Department, the Hickory Creek Police Department, the Fort Worth Police Department, and the Dallas County District Attorney’s Office. Assistant U.S. Attorney George Leal prosecuted the case.
This prosecution is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) investigation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level drug traffickers, money launderers, gangs, and transnational criminal organizations that threaten the United States by using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach that leverages the strengths of federal, state, and local law enforcement agencies against criminal networks.
Cuban National Sentenced for Gas Pump Skimmer SchemeRead the Press Release
BEAUMONT, Texas – A Cuban national residing in Groves, Texas has been sentenced for federal violations in the Eastern District of Texas, announced U.S. Attorney Brit Featherston today.
Orlando Enrique Quesada-Oliva, 25, pleaded guilty on Feb. 10, 2022 to conspiracy to commit access device fraud and aiding and abetting aggravated identity theft and was sentenced to 30 months in federal prison today by U.S. District Judge Michael Truncale.
According to information presented in court, on Jan. 27, 2017, an officer with the Nacogdoches Police Department conducted a traffic stop on a vehicle driven by Victor Entenza, 30, and occupied by Ricardo Chavez-Travieso, 29, and Oliva, all Cuban nationals. After the officer discovered a discarded credit card on the ground, near where the driver had been, a search of the vehicle was conducted. A notepad was found that listed various gas stations in Texas, Tennessee, and Alabama. The search also produced numerous cell phones, a laptop computer and tape used as a security seal/tamper indicator for gas station fuel pumps. The officer also located a card skimmer, an encoder, a key used to open gas pumps and credit cards located in hidden compartments within the vehicle. Credit card information for a total of nine individuals, other than the occupants of the vehicle, was found either on the computer or in the vehicle. Oliva was indicted on Oct. 8, 2020. Oliva is the last of the three defendants to be sentenced. Entenza and Travieso, were both previously sentenced to 30 months on the same counts.
“Typically, a skimmer, such as the one found in this case, is placed inside a gas pump and used by criminals to collect credit card information from victims using the pump,” said U.S. Attorney Brit Featherston. “The intended gas purchase will proceed without interruption of any kind or any notification to the victim or third party,” Featherston added. “A single gas station skimmer is capable of storing credit card information for hundreds of victims.”
This case was investigated by the Nacogdoches Police Department and Homeland Security Investigations and prosecuted by Special Assistant U.S. Attorney Tommy Coleman.
###
Convicted Felon Sentenced to 20 Years in Prison for Illegal Firearms PossessionRead the Press Release
BIRMINGHAM, Ala. – A federal judge yesterday sentenced a Northport man for being a felon in possession of a firearm, announced U.S. Attorney Prim F. Escalona and Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acting Special Agent in Charge Mickey French.
Chief United States District Court Judge L. Scott Coogler sentenced Dedrick Dawon McDowell, 24, of Northport, to 240 months in prison on two counts of being a felon in possession of a firearm.
“This young defendant continued to engage in dangerous and illegal activities even after being convicted of a felony. The result is that he must now spend many years in prison,” said U.S. Attorney Escalona. “We are grateful for the work of the Tuscaloosa and Northport Police Departments, in cooperation with the ATF, in bringing this repeat offender to justice.”
“ATF’s top priority is to reduce violent crime.” SAC French said. “This individual continuously ignored the law in several ways that cause harm to the community. Narcotics distribution and the prevalence of guns on our streets continue to plague our community at alarming rates. Individuals who illegally possess firearms and distribute narcotics will be held accountable for their actions. The ATF will continue to work together with our law enforcement partners to aggressively investigate and apprehend those individuals.”
According to the plea agreement, on November 18, 2020, Northport Police officers responded to a 911 call at mobile home park on Hunter Creek Road in Northport, Alabama. An agent with the West Alabama Narcotics Task Force heard the police radio traffic and advised the responding officers that McDowell had numerous outstanding felony warrants. Officers observed McDowell lying down in the back seat of a vehicle. McDowell was ordered out of the vehicle and was arrested on the outstanding warrants. Officers found two small bags of marijuana and $3,700 cash in McDowell’s pockets. The officers recovered a digital scale with cocaine residue, four bottles of Promethazine, most often mixed with a controlled substance to form the popular drug known as “lean”, from a backpack in the front passenger’s seat, orange pills that were confirmed to be Adderall, and a Smith and Wesson .40 caliber pistol on the back floorboard where McDowell had been hiding. The pistol was fully loaded with a round in the chamber.
On June 8, 2021, Tuscaloosa Police officers conducted a traffic stop on McDowell for speeding and failing to signal a lane change. Officers found hydrocodone pills, alprazolam pills, a small bag of marijuana, and $2,000 in McDowell’s possession. Officers then searched the vehicle and found a large bag of marijuana and a Glock .45 caliber pistol under the driver’s seat. The pistol was loaded with a high-capacity extended magazine. The pistol had been reported stolen to the Tuscaloosa Police Department in 2017.
ATF investigated the case along with the Northport Police Department and Tuscaloosa Police Department. Assistant U.S. Attorney Kristy Peoples prosecuted the case.
Containerboard Manufacturer Will Pay $2.5M for Violating Clean Air Act at its Louisiana MillRead the Press Release
WASHINGTON – Packaging Corporation of America (PCA), headquartered in Illinois, has agreed to pay $2.5 million in civil penalties to resolve allegations that it violated the Clean Air Act’s General Duty Clause and Risk Management Program Regulations at its containerboard production mill in DeRidder, Louisiana.
In the complaint, filed today with the proposed settlement, the United States and the Louisiana Department of Environmental Quality (LDEQ) allege nine Clean Air Act violations that stem, in part, from a fatal explosion and accidental release at the DeRidder mill on February 8, 2017. The explosion – which killed three workers and injured seven others – launched a 100,000-gallon storage tank into the air and over a six-story building before it landed on mill equipment approximately 400 feet away. The blast also caused property damage and released extremely hazardous substances into the environment. The Environmental Protection Agency (EPA) inspected the DeRidder mill after the explosion and uncovered additional Clean Air Act violations.
“PCA violated the Clean Air Act and accompanying regulations at its DeRidder mill, resulting in an explosion that caused the senseless deaths of three workers, while placing other workers and the surrounding community in danger,” said Assistant Attorney General Todd Kim of the Justice Department’s Environmental and Natural Resources Division. “The Department will continue enforcing environmental mandates to save lives and protect air quality — especially against companies with a history of misconduct, like PCA.”
“The Clean Air Act was created to provide guidelines for companies such as PCA to adhere to in order to keep our communities safe from hazardous substances,” said U.S. Attorney Brandon Brown for the Western District of Louisiana. “Sadly, it took an explosion and the loss of lives to highlight PCA’s failure to adhere to some of these guidelines. The Civil Division in the Western District of Louisiana has an important job and welcomes the opportunity to continue to work alongside our federal and local partners to ensure these laws are abided by.”
“This case demonstrates the tragic impacts to human life and the environment that can result from failures to follow appropriate chemical accident prevention and preparation requirements,” said Larry Starfield, Acting Assistant Administrator for EPA’s Office of Enforcement and Compliance Assurance. “This settlement both holds the Packaging Corporation of America accountable for failures that contributed to this accident and sends a clear message to corporations across the country on the importance of implementing appropriate chemical safety measures.”
“This settlement holds Packaging Corporation of America accountable for the harm it has caused to the environment and to the individuals who lost their lives on Feb. 8, 2017,” said Dr. Earthea Nance, EPA Region 6 Administrator. “Legal action will be pursued for companies who fail to safeguard their workers’ well-being. We offer our condolences for all individuals affected by this tragedy.”
“We join with our federal partners in taking action to ensure that this tragic occurrence is properly addressed,” said Dr. Chuck Carr Brown, LDEQ Secretary. “Those responsible must be held accountable.”
Section 112(r) of the Clean Air Act and its accompanying regulations are designed to prevent the accidental release of hazardous substances, like those at the DeRidder mill. Congress added section 112(r) in response to the 1984 catastrophic release of methyl isocyanate in Bhopal, India, that killed more than 3,400 people and injured more than 200,000 others. Under the Clean Air Act, facilities like PCA’s are required to identify hazards, design and maintain a safe facility, minimize the consequences of accidental releases that do occur, and comply with regulatory prevention measures. Failing to comply with these requirements increases the risk of accidents and threatens surrounding communities.
Reducing the risk to human health and the environment by decreasing the likelihood of chemical accidents at chemical facilities is a top priority for EPA’s enforcement and compliance assurance program.
The proposed stipulation of settlement is subject to a 45-day public comment period and court review and approval. A copy of the stipulation of settlement is available on the Department of Justice website at www.justice.gov/enrd/Consent_Decrees.html.
# # #
Containerboard Manufacturer Will Pay $2.5 Million for Violating Clean Air Act at its Louisiana MillRead the Press Release
Packaging Corporation of America (PCA), headquartered in Illinois, has agreed to pay $2.5 million in civil penalties to resolve allegations that it violated the Clean Air Act’s General Duty Clause and Risk Management Program Regulations at its containerboard production mill in DeRidder, Louisiana.
In the complaint, filed today with the proposed settlement, the United States and the Louisiana Department of Environmental Quality (LDEQ) allege nine Clean Air Act violations that stem, in part, from a fatal explosion and accidental release at the DeRidder mill on Feb. 8, 2017. The explosion – which killed three workers and injured seven others – launched a 100,000-gallon storage tank into the air and over a six-story building before it landed on mill equipment approximately 400 feet away. The blast also caused property damage and released extremely hazardous substances into the environment. The Environmental Protection Agency (EPA) inspected the DeRidder mill after the explosion, and uncovered additional Clean Air Act violations.
“PCA violated the Clean Air Act and accompanying regulations at its DeRidder mill, resulting in an explosion that caused the senseless deaths of three workers, while placing other workers and the surrounding community in danger,” said Assistant Attorney General Todd Kim of the Justice Department’s Environmental and Natural Resources Division. “The department will continue enforcing environmental mandates to save lives and protect air quality — especially against companies with a history of misconduct, like PCA.”
“The Clean Air Act was created to provide guidelines for companies such as PCA to adhere to in order to keep our communities safe from hazardous substances,” said U.S. Attorney Brandon Brown for the Western District of Louisiana. “Sadly, it took an explosion and the loss of lives to highlight PCA’s failure to adhere to some of these guidelines. The Civil Division in the Western District of Louisiana has an important job and welcomes the opportunity to continue to work alongside our federal and local partners to ensure these laws are abided by.”
“This case demonstrates the tragic impacts to human life and the environment that can result from failures to follow appropriate chemical accident prevention and preparation requirements,” said Larry Starfield, Acting Assistant Administrator for EPA’s Office of Enforcement and Compliance Assurance. “This settlement both holds the Packaging Corporation of America accountable for failures that contributed to this accident and sends a clear message to corporations across the country on the importance of implementing appropriate chemical safety measures.”
“This settlement holds Packaging Corporation of America accountable for the harm it has caused to the environment and to the individuals who lost their lives on Feb. 8, 2017,” said Dr. Earthea Nance, EPA Region 6 Administrator. “Legal action will be pursued for companies who fail to safeguard their workers’ well-being. We offer our condolences for all individuals affected by this tragedy.”
“We join with our federal partners in taking action to ensure that this tragic occurrence is properly addressed,” said Dr. Chuck Carr Brown, LDEQ Secretary. “Those responsible must be held accountable.”
Section 112(r) of the Clean Air Act and its accompanying regulations are designed to prevent the accidental release of hazardous substances, like those at the DeRidder mill. Congress added section 112(r) in response to the 1984 catastrophic release of methyl isocyanate in Bhopal, India, that killed more than 3,400 people and injured more than 200,000 others. Under the Clean Air Act, facilities like PCA’s are required to identify hazards, design and maintain a safe facility, minimize the consequences of accidental releases that do occur, and comply with regulatory prevention measures. Failing to comply with these requirements increases the risk of accidents and threatens surrounding communities.
Reducing the risk to human health and the environment by decreasing the likelihood of chemical accidents at chemical facilities is a top priority for EPA’s enforcement and compliance assurance program.
The proposed stipulation of settlement is subject to a 45-day public comment period and court review and approval. A copy of the stipulation of settlement is available on the Department of Justice website at www.justice.gov/enrd/Consent_Decrees.html.
Charlotte Man Is Sentenced to 22 Years in Prison for the Armed Robbery of Two Cell Phone Retail StoresRead the Press Release
CHARLOTTE, N.C. – On Tuesday, U.S. District Judge Frank D. Whitney sentenced Rashawn William Coleman, 24, of Charlotte, to 22 years in prison followed by three years of supervised release for the armed robbery of two cell phone retail stores, announced Dena J. King, U.S. Attorney for the Western District of North Carolina.
Michael C. Scherck, Acting Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation in North Carolina, Chief Chad Hawkins of the Belmont Police Department, and Chief Johnny Jennings of the Charlotte Mecklenburg Police Department (CMPD) join U.S. Attorney King in making today’s announcement.
According to court documents and the sentencing hearing, on June 27, 2020, the Belmont Police Department responded to a service call for an armed robbery at the Cricket Wireless store located at 617 Park Street, in Belmont, North Carolina. Upon arriving at the location, a store employee told law enforcement that an individual, later identified as Coleman, entered the store posing as a customer and inquired about purchasing a cell phone. Over the course of their exchange, Coleman asked if there were any lower priced phones available. While the employee was in the back of the store looking through the cell phone inventory, he saw Coleman standing in the doorway pointing a gun at him. Coleman then ordered the employee to hand over all of the iPhones and other high valued cell phones. Court records show that Coleman also ordered the employee to load the store’s safe in Coleman’s vehicle before fleeing the scene.
On July 29, 2020, the Belmont Police Department responded to a service call regarding the armed robbery of an AT&T Wireless store located at 6509 Wilkinson Boulevard in Belmont. Responding officers investigating the robbery interviewed a store employee who said she had been robbed at gun point. The employee explained that at approximately 7:37 p.m., an individual later identified as Coleman entered the store and began to inquire about purchasing a cell phone. While the employee was at the computer looking through available inventory, Coleman came around the counter and pointed a firearm at her. Coleman then ordered the store employee to place all the cell phones from the safe in his bag. Coleman then fled the scene in his vehicle.
Following the robbery, CMPD officers located Coleman driving his vehicle and attempted to conduct a traffic stop. Coleman did not obey and attempted to evade the police before he was arrested. Inside Coleman’s vehicle, law enforcement located the stolen cell phones, a firearm, and a magazine that contained 15 bullets.
On December 13, 2021, Coleman pleaded guilty to two counts of possession and brandishing of a firearm during, in relation to, and in furtherance of a crime of violence. He is currently in custody and will be transferred to the custody of the Bureau of Prisons upon designation of a federal facility.
In making today’s announcement, U.S. Attorney King thanked the FBI, the Belmont Police Department, and CMPD for their investigation of the case.
Assistant U.S. Attorney Christopher Hess of the U.S. Attorney’s Office in Asheville prosecuted the case.
Career Criminal Pleads Guilty to Fentanyl TraffickingRead the Press Release
BOSTON – A career criminal pleaded guilty today in federal court in Boston to trafficking fentanyl while still on supervised release for a previous federal conviction.
Ozair Pereira, 34, of Brockton, pleaded guilty to conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute 40 grams or more of fentanyl and four counts of distribution of fentanyl. U.S. District Court Judge Leo T. Sorokin scheduled sentencing for Dec. 10, 2022. Earlier this afternoon, Pereira was sentenced by U.S. District Court Judge Nathaniel M. Gorton to two years in prison for violating the terms of his supervised release.
“Today, Mr. Pereira admitted to his role in a conspiracy that sought to profit off addiction and harm,” said United States Attorney Rachael S. Rollins. “Even more troubling, Mr. Pereira engaged in this criminal conduct while on federal supervised release for a prior drug trafficking conviction. Opioids continue to cause irreversible destruction and chaos in communities across our Commonwealth and the nation. Two thousand lives were lost last year in Massachusetts, people stolen from us that will never return. We will attack this problem with every resource we have. The goal is to cut the flow of deadly narcotics onto our streets. Drug traffickers, especially repeat offenders, be warned – you will be identified and prosecuted to the fullest extent of the law.”
On four occasions in February and March 2021, Pereira worked with co-defendant Robert Roscoe and others to distribute over 40 grams of fentanyl. At the time of the offense, Pereira was on supervised release for a prior federal drug trafficking offense. Specifically, in 2018, Pereira and several other defendants were arrested as part of a wide-ranging investigation targeting drug trafficking and violence in Brockton. Pereira was intercepted on a court-authorized wiretap ordering heroin from a drug supplier. He was sentenced to 30 months in prison and three years of supervised release after pleading guilty to conspiracy to distribute heroin.
On June 30, 2022, Roscoe pleaded guilty to conspiracy to distribute fentanyl and distribution of fentanyl and is scheduled to be sentenced on Oct. 24, 2022.
Because of his prior federal conviction, on the charge of conspiracy to distribute 40 grams or more of fentanyl, Pereira faces a mandatory minimum sentence of 10 years and up to life in prison, at least eight years of supervised release and a fine of $8 million. The charge of distribution of fentanyl provides for a sentence of up to 30 years in prison, at least six years of supervised release and a fine of up to $2 million. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.
U.S. Attorney Rollins; James Ferguson, Special Agent in Charge of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, Boston Division; Colonel Christopher Mason, Superintendent of the Massachusetts State Police; Brockton Police Chief Brenda Perez; and New Bedford Police Chief Paul Oliveira made the announcement today. Assistant U.S. Attorney Christopher Pohl of Rollins’ Narcotics & Money Laundering Unit is prosecuting the case.
Byram Man Sentenced to over Nine Years in Prison for Possession with Intent to Distribute MethamphetamineRead the Press Release
Jackson, Miss. – A Byram man was sentenced to 115 months in federal prison, followed by five years of supervised release, for possession with intent to distribute methamphetamine, announced U.S. Attorney Darren LaMarca and Special Agent in Charge Jermicha Fomby of the Federal Bureau of Investigation.
Dave Venard Thompson, 41, was sentenced in U.S. District Court in Jackson.
The case is the result of an extensive investigation targeting illegal narcotics distribution in central Mississippi that involved the distribution of methamphetamine, heroin, marijuana and cocaine. On March 9, 2018, the FBI learned that two men from California driving a black Dodge Ram truck were in the tri-county area of Hinds, Madison and Rankin Counties of Central Mississippi to pick up narcotics. Agents placed the truck under surveillance and saw an occupant of the truck deliver a package to the Post Office in Jackson. On March 12, 2018, local law enforcement conducted a traffic stop of the truck and found $19,770 in cash hidden in the truck. The postal package that was seized by the Postal Inspector contained almost 1 kilogram of heroin and 1 kilogram of fentanyl.
Thompson was indicted by a federal grand jury and subsequently pled guilty to possession with intent to distribute methamphetamine.
The case is the result of an extensive investigation, dubbed “Fire and Ice,” which began as an operation targeting illegal drug trafficking in the Hattiesburg, Mississippi area. “Fire and Ice” is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) investigation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level drug traffickers, money launderers, gangs, and transnational criminal organizations that threaten the United States by using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach that leverages the strengths of federal, state, and local law enforcement agencies against criminal networks.
The case was investigated by the Drug Enforcement Administration, the Mississippi Bureau of Narcotics and the Madison County Police Department. It was prosecuted by Assistant United States Attorney Keesha Middleton.
Brockton Man Sentenced in Sophisticated Drug Trafficking Conspiracy that Operated Using the Dark WebRead the Press Release
BOSTON – A Brockton man was sentenced today in federal court in Boston for his role in a highly sophisticated drug trafficking operation that manufactured and distributed a multitude of controlled substances using the Dark Web.
Steven McCall, 26, was sentenced by U.S. Senior District Court Judge Rya W. Zobel to 28 months in prison and three years of supervised release. McCall was also ordered to forfeit his vehicle, a 2012 BMW 535 sedan. The government recommended a sentence of 70 months in prison. On June 28, 2022, McCall pleaded guilty to conspiracy to manufacture, distribute and possess with intent to distribute MDMA, commonly known as ecstasy, Ketamine and Alprazolam (Xanax).
McCall was indicted in June 2019 along with co-conspirators Binh Thanh Le and Allante Pires. Le, who was the ringleader of the drug-trafficking operation, created and operated a vendor site called “EastSideHigh” in marketplaces on the Dark Network, more commonly known as the Dark Web. The Dark Web is any portion of the internet that can only be accessed with specific software, configurations or authorization that anonymize internet traffic. Le used these Dark Web markets to advertise various drugs for sale, including cocaine, MDMA, Ketamine and Xanax. Le ordered and received wholesale quantities of the drugs he and the others were distributing in the mail, principally from foreign sources in Canada and Europe. McCall and Pires then processed and manufactured those controlled substances at an office space Le rented in Stoughton. After receiving the orders and payment via Bitcoin, the men mailed the drugs to customers throughout the United States.
At the time of his arrest, McCall had been manufacturing and packaging controlled substances at the co-conspirators’ stash location in Stoughton and was wearing latex gloves and a respirator.
Over 19 kilograms of MDMA, almost seven kilograms of Ketamine, nearly one kilogram of cocaine, more than 10,000 counterfeit Xanax pills and over $114,000 in cash were seized by authorities during the investigation. Investigators also recovered a computer with the “EastSideHigh” vendor page open, numerous packages containing MDMA and Ketamine, various shipping and packaging materials and a pill press from the office space in Stoughton.
McCall is the final defendant in this case to be sentenced. On March 10, 2022, Le was sentenced to eight years in prison and three years of supervised release. Le was also ordered to forfeit more than 59 Bitcoin (representing a forfeiture in excess of $1.1 million), $114,680 in cash, $42,390 representing the proceeds from the sale of a 2018 BMW M3, along with other items including a pill press and currency counter. On Sept. 8, 2022, Pires was sentenced to 28 months in prison and three years of supervised release. The government recommended a sentence of 70 months in prison. Pires was also ordered to forfeit a 2013 Mercedes E sedan.
United States Attorney Rachael S. Rollins; Ketty Larco-Ward, Inspector in Charge of the U.S. Postal Inspection Service’s Boston Division; Matthew B. Millhollin, Special Agent in Charge for the Homeland Security Investigations in New England; Colonel Christopher Mason, Superintendent of the Massachusetts State Police; Norfolk County District Attorney Michael W. Morrissey; and Jennifer De La O, Director of Field Operations of U.S. Customs and Border Protection, Boston Field Office made the announcement. Special assistance with the investigation was provided by the Homeland Security Investigations in Colorado; Postal Inspectors from around the country; and the Stoughton, Norwood and Brockton Police Departments. Assistant U.S. Attorney James E. Arnold of Rollins’ Narcotics & Money Laundering Unit prosecuted the case.
Box Elder woman sentenced to 10 years in prison in fatal shooting on Rocky Boy’s Indian ReservationRead the Press Release
GREAT FALLS — A Box Elder woman who admitted to a firearms crime after fatally shooting a man while she was in his car on the Rocky Boy’s Indian Reservation, was sentenced today to 10 years in prison, to be followed by five years of supervised release, U.S. Attorney Jesse Laslovich said.
Shaide Jo Demontiney, 19, pleaded guilty in June to use of a firearm during and in relation to a crime of violence.
Chief U.S. District Judge Brian M. Morris presided. Chief Judge Morris also ordered $3,474 restitution.
The government alleged in court documents that on Aug. 16, 2021, tribal police officers responded to a report of a shooting in Box Elder and found a deceased man. Officers learned that Demontiney had shot the man and driven away. Officers arrested Demontiney a short time later after the car she was driving broke down on the highway. Demontiney had a .380-caliber handgun and the victim’s cell phone. Demontiney told investigators that she had been in the car with the victim and had grabbed a handgun from her purse after he had offered her money and drugs for sex and touched her inappropriately. After the victim made another remark, Demontiney shot him in the chest.
Assistant U.S. Attorney Jessica A. Betley prosecuted the case, which was investigated by the FBI and Rocky Boy’s Police Department.
XXX
Boston Man Sentenced for Role in Armed Robbery of Brockton Cell Phone StoreRead the Press Release
BOSTON – A Boston man was sentenced yesterday in federal court in Boston for his role in the January 2019 robbery of a T-Mobile store in Brockton and shooting at police officers as he and his co-defendants fled the scene.
Dennis Martin, 27, of Brockton, was sentenced by U.S. Senior District Court Douglas P. Woodlock to eight years in prison and three years of supervised release. In August 2019, Martin pleaded guilty to conspiracy to interfere with commerce by robbery; interference with commerce by robbery; brandishing, using and carrying a firearm in relation to a crime of violence; and being a felon in possession of a firearm and ammunition.
Martin was charged in 2019 along with co-conspirators Stephan Rosser-Stewart, Darius Carter and Diovanni Carter.
On the evening of Jan. 26, 2019, Martin, Rosser-Stewart and Darius Carter entered a T-Mobile store in Brockton, carrying semi-automatic firearms, which they pointed at the store manager as they demanded cash and electronics. Darius Carter struck the store manager in the head with a firearm. The men stole approximately $25,000 in cash and electronics and then fled in a vehicle driven by Diovanni Carter.
Police located the getaway vehicle and a high-speed chase ensued, reaching speeds of over 70 mph in residential neighborhoods. During the chase, Diovanni Carter ordered the other men in the car to fire at pursuing police cruisers. Rosser-Stewart and Darius Carter fired a total of eight rounds at the pursuing police cruisers. Law enforcement apprehended Martin, Rosser-Stewart and Darius Carter after an object on the road disabled their vehicle and recovered the stolen phones, cash and the three firearms used in robbery. Diovanni Carter fled the scene when the car was stopped and was later apprehended in March 2019. Martin, Rosser-Stewart, Darius Carter and Diovanni Carter were each prohibited from possessing firearms and ammunition due to prior criminal convictions. Martin was previously convicted of armed robbery.
On Sept. 8, 2022, Rosser-Stewart, was sentenced to 16 years in prison and two years of supervised release. In March 2021, Darius Carter pleaded guilty and was sentenced to 14 years in prison and three years of supervised release after pleading guilty to his role in the robbery. In March 2020, Diovanni Carter was convicted by a federal jury and sentenced to over 22 years in prison.
United States Attorney Rachael S. Rollins; James Ferguson, Special Agent in Charge of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives, Boston Field Division; Joseph R. Bonavolonta, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division; Douglas Bartlett, Acting U.S. Marshal of the District of Massachusetts; Colonel Christopher Mason, Superintendent of the Massachusetts State Police; Plymouth County District Attorney Timothy J. Cruz; Plymouth County Sheriff Joseph D. McDonald Jr.; and Brockton Police Chief Brenda Perez made the announcement. Assistant U.S. Attorney Philip A. Mallard of Rollins’ Organized Crime & Gang Unit prosecuted the case.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
Bayard man sentenced to 10 years in prison for child pornographyRead the Press Release
ALBUQUERQUE, N.M. – Alexander M.M. Uballez, United States Attorney for the District of New Mexico, announced that Timothy Andrew Marquez was sentenced on Sept. 27 to 10 years and one month in prison. Marquez, 27, of Bayard, New Mexico, pleaded guilty on Dec. 19, 2018, to receiving child pornography.
According to court records, on Dec. 18, 2017, Dropbox Inc. submitted a cyber tip to the National Center for Missing and Exploited Children regarding child pornography being downloaded into a Dropbox account associated with Marquez’s email address. The IP address associated with the uploaded photos came back to Marquez’s residence in Bayard.
In his plea agreement, Marquez admitted to receiving child pornography in his Dropbox account on Nov. 6, 2017, and that he knew the material depicted a child engaging in sexual activity with an adult.
Upon his release from prison, Marquez will be subject to five years of supervised release and must register as a sex offender.
Homeland Security Investigations, the New Mexico State Police and the Las Cruces Police Department investigated this case as part of the New Mexico Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force. Assistant United States Attorneys Eliot Neal and Marissa A. Ong prosecuted the case as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative launched in May 2006 by the Department of Justice (DOJ) to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse. Led by United States Attorneys’ Offices and DOJ’s Criminal Division’s Child Exploitation and Obscenity Section, Project Safe Childhood marshals federal, state and local resources to better locate, apprehend and prosecute individuals who exploit children via the Internet, as well as to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit http://www.justice.gov/psc/.
The ICAC Task Force Program is a nation-wide network of task forces including over 90 federal, state, local and tribal law enforcement agencies in New Mexico dedicated to investigating, prosecuting and developing effective responses to Internet crimes against children.
# # #
Arizona meth conspiracy results in second local federal convictionRead the Press Release
CORPUS CHRISTI, Texas - A 55-year-old Corpus Christi resident has pleaded guilty to conspiring to possess with intent to distribute meth, announced U.S. Attorney Jennifer B. Lowery.
As part of his plea, Antonio Montes admitted to being involved in a conspiracy to distribute meth which spanned from March 1 to Oct. 22, 2021. He had agreed to receive packages of meth shipped from Arizona and would receive approximately $200 per box he accepted.
The investigation began in September 2021. At that time, law enforcement had discovered Montes was receiving parcels containing meth from Phoenix, Arizona, to then be distributed in the Corpus Christi area.
On Oct. 21, 2021, authorities executed a search warrant at a co-conspirator’s residence. There, they found a box containing meth residue. The address written on that box was traced to the residence of Montes which had been delivered there Oct. 5, 2021.
Law enforcement later learned that UPS delivered three packages to Montes. Each contained five pounds of meth and hydroponic marijuana. The delivery service had left the packages on the porch.
U.S. District Judge David S. Morales will impose sentencing on Dec. 21. At that time, Montes faces up to life in prison and a possible $10 million maximum fine.
He was permitted to remain on bond pending that hearing.
Homeland Security Investigations conducted the investigation. Assistant U.S. Attorney J. Parker Gochenour is prosecuting the case.
Arizona Man Sentenced to Five Years’ Imprisonment for Transporting over 5 Kilograms of Cocaine in IowaRead the Press Release
Scott Pride, 69, from Tucson, AZ, was sentenced on September 27, 2022, to 5 years’ imprisonment, in federal court in Sioux City.
On May 5, 2022, Pride pled guilty to possession with intent to distribute cocaine. Evidence at the plea and sentencing hearings showed that on January 16, 2022, law enforcement conducted a traffic stop of Pride for speeding in his 2011 Silver Lexus IS. After suspecting possible drug trafficking, a police K-9 was deployed and alerted to the odor of a controlled substance within the vehicle. Officers conducted a search of the vehicle and located five heat-sealed, brick-type packages containing over 5 kilograms of cocaine concealed within the rear seat of the vehicle.
Sentencing was held before United States District Court Chief Judge Leonard T. Strand. Pride was sentenced to 5 years’ imprisonment and must serve a 4-year term of supervised release following imprisonment. There is no parole in the federal system. Pride remains in custody of the United States Marshal until he can be transported to a federal prison.
The case was prosecuted by Assistant United States Attorney Patrick T. Greenwood and was investigated by Tri-State Drug Task Force based in Sioux City, Iowa, that consists of law enforcement personnel from the Drug Enforcement Administration; Sioux City, Iowa, Police Department; Homeland Security Investigations; Woodbury County Sheriff’s Office; South Sioux City, Nebraska, Police Department; Nebraska State Patrol; Iowa National Guard; Iowa Division of Narcotics Enforcement; United States Marshals Service; South Dakota Division of Criminal Investigation; and Woodbury County Attorney’s Office.
Court file information at https://ecf.iand.uscourts.gov/cgi-bin/login.pl.
The case file number is 22-4006. Follow us on Twitter @USAO_NDIA.
Alabama Man Sentenced to a Year and a Day in Prison for Defrauding Jefferson County Retirement PlanRead the Press Release
BIRMINGHAM, Ala. – A federal judge on Monday sentenced an Alabama man for devising a scheme to defraud Jefferson County’s retirement plan, announced U.S. Attorney Prim F. Escalona and FBI Acting Special Agent in Charge Felix A. Rivera-Esparra.
U.S. District Court Judge Anna M. Manasco sentenced Gary Dean Gibbs, Jr., 52, to one year and one day for wire fraud. Gibbs was also ordered to pay $132,646.12 restitution to the General Retirement System for Employees of Jefferson County. Gibb’s pleaded guilty to the charges in May.
According to the plea agreement, Gibbs’ father was a former employee of Jefferson County, Alabama, who was receiving benefits from The General Retirement System for Employees of Jefferson County (“GRS”). GRS is a retirement plan that provides benefits to retired and disabled employees of Jefferson County, Alabama. Beginning in September 2017 and continuing until February 2022, Gibbs concealed his father’s death from GRS and collected money from GRS to which he was not entitled. Gibbs used his father’s personal identifiers and forged his father’s signature on documents submitted to GRS to further his scheme. Additionally, Gibbs assumed his father’s identity during telephone calls with GRS employees. Gibbs collected approximately $132,646.12 to which he was not entitled.
“The defendant’s theft of money from the GRS was detrimental to the hard-working employees and retirees of Jefferson County, who contributed for years to the retirement plan, and was appropriately punished by time in federal prison.” U.S. Attorney Escalona said. “The United States Attorney’s Office appreciates the work of the FBI and Jefferson County Sheriff’s Office, and the cooperation of the GRS during the investigation and prosecution of this matter.”
“Gibbs' fraudulent scheme took money away from the Jefferson County retirement system intended for those who have saved for their later years,”. Acting SAC Rivera said. The sentence handed down today holds him accountable for his actions and allows for restitution to the victims. I want to express my thanks to the Jefferson County Sheriff’s Office for their partnership and assistance in this investigation.”
The FBI investigated the case along with the Jefferson County Sheriff’s Office. Assistant United States Attorney George Martin prosecuted the case.
39 ‘Taste the Rainbow’ Defendants SentenceRead the Press Release
Thirty-nine defendants charged in Operation “Taste the Rainbow” have been sentenced to a combined 415 years in federal prison, announced U.S. Attorney for the Northern District of Texas Chad E. Meacham.
The men and women, all allegedly tied to methamphetamine trafficking in and around Lubbock, were charged in a series of three indictments with an array of federal crimes, primarily distribution of methamphetamine, unlawful possession of firearms, and conspiracy, in September 2021. The final defendant, 39-year-old Jesse Martinez Jr., aka JJ, was sentenced on Wednesday to 262 months. In plea papers, Mr. Martinez admitted that he arranged for the sale of methamphetamine to a confidential informant and directed one of his associates to deliver it.
Over the course of the investigation – which involved more than 200 personnel from nine different law enforcement agencies – officers and agents seized more than two kilogram of methamphetamine and 25 guns. The organization was found to have distributed dozens of kilograms of methamphetamine in the Lubbock community.
“Thanks to the hard work of literally hundreds of officers and agents, along with a few dedicated prosecutors, we are keeping 39 of Lubbock’s most violent drug traffickers off the streets,” said U.S. Attorney Chad E. Meacham. “We know, based on their criminal histories, that these men and women were not only dealing large quantities of drugs, but sowing fear and agony in the community. We are proud to put them behind bars.”
“We heard the concerns of the residents of Lubbock and greater West Texas, and brought every possible resource to dismantle the criminal element in this investigation. Today’s final sentencing illustrates the commitment we have to ensure people and families can live in their neighborhoods without living in fear,” said Dallas FBI Special Agent in Charge Matthew J. DeSarno. “We will continue to work with our law enforcement partners every day to target the diverse and dangerous threats that drive violence in our communities.”
Additional defendants include:
-
Oscar Alcala, Jr., 30, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 120 months in federal prison
-
Teresa Delhierro, 38, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 180 months in prison
-
Stephanie Shea Ortiz, 38, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 108 months in prison
-
Isaac Levi Hernandez, aka “Pacman,” 37, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 160 months in prison
-
Robert Rangel, Jr., 47, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 188 months in prison
-
Sergio Lopez, 41, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 175 months in prison
-
Symon Anthony Maldonado, 26, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 151 months in prison
-
Samantha Denise Rodriguez, 38, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 214 months in prison
-
Michael Joseph Ybarra, 37, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 121 months in prison
-
Christopher Ray Lovington, 35, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 324 months in prison
-
Megan Francisca Gomez, 28, plead guilty to conspiracy to distribute methamphetamine and was sentenced to 84 months in prison
-
Gabriel Lee Mendoza, 30, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 120 months in prison
-
Jessie Luciano Salazar, aka “Lucky,” 45, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 230 months in prison
-
Ruby Alexis Banuelos, 23, plead guilty to felon in possession of a firearm and was sentenced to 46 months in prison
-
Adriana Pena, 26, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 70 months in prison
-
Alexandria Unique Conner, 24, plead guilty to possession of firearms in furtherance of a drug trafficking crime and was sentenced to 60 months in prison
-
Bobby Joe Garcia, aka “Ace,” 28, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 108 months in prison
-
Christopher Eldon Limbaugh, aka “Skittles,” 38, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 120 months in prison
-
Christopher Daniel Garcia, 39, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 121 months in prison
-
Bobbi Jean Hendrix, 33, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 84 months in prison
-
Alexandra Cruz, 25, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 120 months in prison
-
James Raul Garza, 37, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 230 months in prison
-
David Bustos, Jr., 40, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 120 months in prison
-
Gerald Felipe Vargas, aka “Gizmo,” 36, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 160 months in prison
-
Julie Ann Sifuentes, aka “Juicy,” 36, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 66 months in prison
-
Daniel Ramon, Jr., 41, plead guilty to possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime and was sentenced to 60 months in prison
-
Kelsey Marie Applegate, 28, plead guilty to distribution of methamphetamine and was sentenced to 60 months in prison
-
Toby Mack Woods, 62, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 24 months in prison
-
Katie Dshawn Montez, 28, plead guilty to possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime and was sentenced to 60 months in person
-
Beatrice Delgado, 37, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 121 months in prison
-
Colten Shane White, 29, plead guilty to felon in possession of a firearm and was sentenced to 33 months in prison
-
Madison Whitney Michaels, 23, plead guilty to misprision (concealment) of a felony and was sentenced to 15 months in prison
-
Mark Adam Alonzo, aka “Cinco,” 31, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 128 months in prison
-
Alejandro Antonio Mendez, aka “Ace,” 27, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 110 months in prison
-
Edilberto Reyes, aka “Pajaro” (Bird), 35, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 120 months in prison
-
Reynaldo Cruz, Jr., 50, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 240 months in prison
-
Yesenia Flores, 40, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 151 months in prison
-
Christopher Joshua Ruiz, 39, plead guilty to possession with intent to distribute methamphetamine and was sentenced to 151 months in prison
Those put behind bars by this operation included many violent recidivists; between them, the convicted defendants have been previously charged with 31 assaults, nine burglaries, three robberies, a murder, 24 firearm crimes, 69 serious controlled substance violations, three terroristic threats, a forgery, 12 frauds, and a child sexual assault.
The Federal Bureau of Investigation’s Dallas Field Division – Lubbock Resident Agency and the Texas Department of Public Safety conducted the investigation with the help of six agency partners: the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives’ Dallas Field Division, the Lubbock Police Department, the U.S. Marshals, the Lubbock County Sheriff’s Office, the Drug Enforcement Administration’s Dallas Field Division, and Homeland Security Investigations. Assistant U.S. Attorney Sean Long is prosecuting the case.
-
27 September 2022
Woman from Taos arraigned for assault in Indian CountryRead the Press Release
ALBUQUERQUE, N.M. – Alexander M.M. Uballez, United States Attorney for the District of New Mexico, announced today that Kylie Lujan was arraigned on an indictment charging her with assault resulting in serious bodily injury in Indian Country. Lujan, 25, of Taos Pueblo, New Mexico, and an enrolled member of the Taos Pueblo, will remain on conditions of release pending trial, which has not been scheduled.
A federal grand jury indicted Lujan on Sept. 13. According to the indictment, on March 25, Lujan assaulted the victim, identified as Jane Doe, in the victim’s home in Taos Pueblo. Jane Doe is an enrolled member of the Taos Pueblo, and the assault resulted in serious bodily injury.
An indictment is only an allegation. A defendant is presumed innocent unless and until proven guilty. If convicted, Lujan faces up to 10 years in prison.
The Taos Pueblo Department of Public Safety investigated this case. Assistant United States Attorney Matthew McGinley is prosecuting the case.
# # #
Washington, Iowa Man Sentenced to 15 Years in Federal Prison for Child Pornography ChargeRead the Press Release
DAVENPORT, IA – Kendal Duane Letcher, age 64 of Washington, Iowa, was sentenced on Monday, September 26, 2022, to 180 months in prison following his plea to a charge of Receipt and Distribution of Child Pornography. Letcher was ordered to pay $3,000 in restitution to each of his four victims, totaling $12,000.
According to court documents, an investigation into a peer-to-peer file sharing system identified that Letcher was allowing others to download child pornography that he made available. Letcher admitted to viewing child pornography for the past ten years, as well as utilizing the file sharing system since 2014. The investigation revealed that Letcher had amassed 3,785 images and 485 videos containing child sex abuse materials.
United States Attorney Richard D. Westphal of the Southern District of Iowa made the announcement. This case was investigated by Homeland Security Investigations.
This case was prosecuted by the United States Attorney’s Office for the Southern District of Iowa as part of the Department of Justice’s “Project Safe Childhood” initiative, which was started in 2006 as a nationwide effort to combine law enforcement investigations and prosecutions, community action, and public awareness in order to reduce the incidence of sexual exploitation of children. Any persons having knowledge of a child being sexually abused are encouraged to call the Iowa Sexual Abuse Hotline at 1-800-284-7821.
U.S. Attorney, FBI bring murder charge in Indian CountryRead the Press Release
ALBUQUERQUE, N.M. – Alexander M.M. Uballez, United States Attorney for the District of New Mexico, and Raul Bujanda, Special Agent in Charge of the FBI Albuquerque Field Office, announced that Evan Haceesa was charged with murder in Indian Country. Haceesa, 30, of Nageezi, New Mexico, and an enrolled member of the Navajo Nation, appeared for a preliminary and detention hearing on Sept. 23 and will remain in custody pending trial, which has not been scheduled.
As alleged in a criminal complaint, on Aug. 28, Haceesa attacked his girlfriend, identified as Jane Doe, at his residence in Nageezi on the Navajo Nation. Haceesa allegedly punched Jane Doe in the face until she lost consciousness and kicked her several times. Upon arriving at the home, a Navajo Police Department officer responding to a report of domestic violence found the victim unclothed and unresponsive, lying in a wheelbarrow outside the house.
Jane Doe was transported to the San Juan Regional Medical Center for treatment. She initially was diagnosed with a fractured nose, bruising, scratches, bowel lacerations and bleeding in the bowels. Computed Tomography (CT) scans revealed blood and air in Jane Doe’s abdomen, a perforated intestine, bleeding around the intestines, a bilateral nose fracture and partially collapsed lungs.
On Sept. 8, Jane Doe died of her injuries.
A complaint is only an allegation. A defendant is presumed innocent unless and until proven guilty. If convicted, Haceesa faces life in prison.
The Farmington Resident Agency of the FBI Albuquerque Field Office investigated this case with assistance from the Navajo Police Department. Assistant United States Attorney Matthew McGinley is prosecuting the case.
# # #
Two Oklahoma Men Plead Guilty to Racially-Motivated Hate CrimeRead the Press Release
The Department of Justice announced today that two men, Devan Nathanial Johnson, 28, and Brandon Wayne Killian, 31, pleaded guilty to committing a hate crime in Shawnee, Oklahoma.
On Jan. 18, 2022, a federal grand jury in the Western District of Oklahoma returned a two-count Indictment charging both defendants, who are white, with physically assaulting a Black man — as well as the Black man’s white friend — in the parking lot of the Brickhouse Saloon in Shawnee, Oklahoma. The indictment alleges that the assault occurred because of the Black man’s race and color.
According to statements made before District Judge Bernard Jones at the plea hearings in the U.S. District Court for the Western District of Oklahoma this week, both defendants admitted to assaulting the Black man in the parking lot of the bar on June 22, 2019, because the man was Black. The assault resulted in bodily injury to the victim.
“These two defendants are being held accountable for subjecting a Black man to a brutal and racially motivated assault,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke for the Justice Department’s Civil Rights Division. “Convictions like these make clear that the Department of Justice will continue to investigate and prosecute individuals who violently assault others because of their race or the color of their skin.”
“The defendants targeted a Black victim for a brutal attack simply because of the color of his skin,” said U.S. Attorney Robert J. Troester for the Western District of Oklahoma. “Hate-fueled criminal conduct is morally reprehensible and can never be acceptable in a civilized society. We will continue to use every tool at our disposal to combat all hate crimes.”
“Violent acts of hate and racism have no place in our community and will not be tolerated,” said Special Agent in Charge Edward J. Gray of the FBI Oklahoma City Field Division. “The FBI will continue to use all authority granted to us by federal law to investigate crimes motivated by bias, and ensure the perpetrators are brought to justice.”
At sentencing, each defendant faces a maximum penalty of 10 years in prison, three years of supervised release and a fine of up to $ 250,000 for the violation. Both defendants will also be ordered to pay restitution to the victim of their crime.
Assistant Attorney General Clarke, U.S. Attorney Troester and Special Agent in Charge Gray made the announcement.
The FBI Oklahoma City Field Office investigated the case. Assistant U.S. Attorney Julia Barry for the Western District Oklahoma and Trial Attorney Avner Shapiro of the Civil Rights Division’s Criminal Section are prosecuting the case.
Two Oklahoma Men Plead Guilty to Racially-Motivated Hate CrimeRead the Press Release
OKLAHOMA CITY – The Department of Justice announced today that two men, Devan Nathanial Johnson, 28, and Brandon Wayne Killian, 31, pleaded guilty to committing a hate crime in Shawnee, Oklahoma. Assistant Attorney General Kristen Clarke for the Justice Department’s Civil Rights Division, United States Attorney Robert J. Troester for the Western District of Oklahoma, and Special Agent in Charge Edward J. Gray of the FBI Oklahoma City Field Office made the announcement.
On January 18, 2022, a federal grand in the Western District of Oklahoma returned a two-count Indictment charging both defendants, who are white, with physically assaulting a Black man—as well as the Black man’s white friend—in the parking lot of the Brickhouse Saloon in Shawnee, Oklahoma. The Indictment alleges that the assault occurred because of the Black man’s race and color.
According to statements made before District Judge Bernard Jones at the plea hearings in the U.S. District Court for the Western District of Oklahoma this week, both defendants admitted to assaulting the Black man in the parking lot of the bar on June 22, 2019, because the man was Black. The assault resulted in bodily injury to the victim.
"These two defendants are being held accountable for subjecting a Black man to a brutal and racially motivated assault," said Assistant Attorney General Clarke. "Convictions like these make clear that the Department of Justice will continue to investigate and prosecute individuals who violently assault others because of their race or the color of their skin."
"The defendants targeted a Black victim for a brutal attack simply because of the color of his skin," said United States Attorney Troester. "Hate-fueled criminal conduct is morally reprehensible and can never be acceptable in a civilized society. We will continue to use every tool at our disposal to combat all hate crimes."
"Violent acts of hate and racism have no place in our community and will not be tolerated," said Special Agent in Charge Gray. "The FBI will continue to use all authority granted to us by federal law to investigate crimes motivated by bias, and ensure the perpetrators are brought to justice."
At sentencing, each defendant faces a maximum penalty of ten years in prison, three years of supervised release, and a fine of up to $250,000 for the violation. Both defendants will also be ordered to pay restitution to the victim of their crime.
The FBI Oklahoma City Field Office investigated the case. Assistant U.S. Attorney Julia Barry for the Western District Oklahoma and Trial Attorney Avner Shapiro of the Justice Department’s Civil Rights Division are prosecuting the case.
Twice-Convicted Sex Offender Sentenced to 15 Years in Federal Prison for Distributing and Receiving Child Pornography Through His Google AccountRead the Press Release
INDIANAPOLIS – William Cass, 57, of Indianapolis, was sentenced to 15 years in federal prison after pleading guilty to distribution and receipt of child pornography.
According to court documents, law enforcement learned that between April 25, 2021, and April 27, 2021, Cass used his Google account to send images depicting children engaged in sexually explicit conduct to another Google user. Cass told the Google user that he was seeking other children to sexually abuse. Evidence from Cass’s Google account revealed that in addition to distributing child sexual abuse material, Cass maintained a photo folder containing additional child sexual abuse material.
Cass has two prior felony convictions in Hancock County Indiana, for sexual misconduct with a minor and child molesting. Cass has a third felony conviction in Marion County, Indiana, for vicarious sexual gratification.
Zachary A. Myers, U.S. Attorney for the Southern District of Indiana, and Jeffrey Adams, Special Agent in Charge of the U.S. Secret Service, made the announcement.
The U.S. Secret Service investigated the case in conjunction with the Indianapolis Metropolitan Police Department. The sentence was imposed by U.S. District Judge James R. Sweeney II. As part of the sentence, Judge Sweeney ordered that Cass be supervised by the U.S. Probation Office for life following his release from federal prison and ordered Cass to pay $5000 in restitution to the child exploitation victim. Cass must also register as sex offender wherever he lives, works, or goes to school, as required by law.
U.S. Attorney Myers thanked Assistant U.S. Attorney Kristina M. Korobov who prosecuted this case.
This investigation was conducted by the Indiana Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force, a partnership of federal, state, and local law enforcement agencies led by the Indiana State Police. The Task Force is dedicated to investigating and prosecuting crimes involving the technology-facilitated sexual exploitation of children and the trafficking of child sexual abuse material. Each year, Indiana ICAC investigators evaluate thousands of tips, investigate hundreds of cases, and rescue dozens of children from ongoing sexual abuse. In fiscal year 2019, the most recent year for which data is available, the Southern District of Indiana was second out of the 94 federal districts in the country for the number of child sexual exploitation cases prosecuted.
Three Individuals Indicted for Distributing Controlled Substances Resulting in DeathRead the Press Release
SCRANTON - The United States Attorney’s Office for the Middle District of Pennsylvania announced that Darryl Elliott, age 36, of Sunbury, Pennsylvania, Steven Pierro, age 34, of Plymouth Meeting, Pennsylvania, and Heather Carper, age 34, of Northumberland, Pennsylvania, were indicted on September 20, 2022, by a federal grand jury and charged with the distribution of controlled substances resulting in death.
According to United States Attorney Gerard M. Karam, the indictment charges Elliott, Pierro, and Carper of conspiring to distribute and possess with intent to distribute fentanyl and methamphetamine within the Middle District of Pennsylvania, resulting in an overdose death that occurred in Lewisburg, Union County.
The charges stem from a joint investigation involving the FBI in Williamsport, the Pennsylvania State Police, and the Sunbury Police Department. Assistant United States Attorney Michelle Olshefski is prosecuting the case.
This case was brought as part of a district wide initiative to combat the nationwide epidemic regarding the use and distribution of heroin and fentanyl. Led by the United States Attorney’s Office, the Heroin Initiative targets heroin traffickers operating in the Middle District of Pennsylvania and is part of a coordinated effort among federal, state and local law enforcement agencies to locate, apprehend, and prosecute individuals who commit heroin related offenses.
This case was also part of the joint federal, state, and local Project Safe Neighborhoods (PSN) Program, the centerpiece of the Department of Justice’s violent crime reduction efforts. PSN is an evidence-based program proven to be effective at reducing violent crime. Through PSN, a broad spectrum of stakeholders work together to identify the most pressing violent crime problems in the community and develop comprehensive solutions to address them. As part of this strategy, PSN focuses enforcement efforts on the most violent offenders and partners with locally based prevention and reentry programs for lasting reductions in crime.
The maximum penalty under federal law is life in prison, a term of supervised release following imprisonment, and a fine. Under the Federal Sentencing Guidelines, the Judge is also required to consider and weigh a number of factors, including the nature and seriousness of the offense; the history and characteristics of the defendant; and the need to punish the defendant, protect the public and provide for the defendant’s educational, vocational and medical needs. For these reasons, the statutory maximum penalty for the offense is not an accurate indicator of the potential sentence for a specific defendant.
###
Texas Man and Woman Indicted for Money Laundering for Online Fraud SchemesRead the Press Release
BOSTON – A Texas man and woman were indicted today by a federal grand jury for allegedly operating an unlicensed money transmitting business to launder the proceeds of online investment fraud and romance fraud schemes.
Charles Ochi, 27, of Grand Prairie, Texas, and Vanessa Okocha, 24, of Houston, Texas were indicted on one count each of money laundering conspiracy, one count of conspiracy to conduct an unlicensed money transmitting business and one count of operating an unlicensed money transmitting business. Ochi will appear in federal court in Boston at a later date. Okocha remains at large.
According to the charging documents, beginning in or around 2016, Ochi and Okocha conspired with others to launder and transmit proceeds of Ponzi-style investment fraud schemes based in Nigeria and of romance scams. Specifically, the investment fraud schemes allegedly purported to offer trading and Bitcoin investing services when, in fact, investor funds were stolen and victims’ investments were later used to pay purported returns to earlier investors. The romance fraud schemes deceived online victims into sending money to persons with whom they believed they had a romantic relationship. It is alleged that Ochi and Okocha laundered the fraud proceeds as part of aa network of co-conspirators in the United States, including the owners of at least two used car exporting companies. Ochi and Okocha, along with their co-conspirators, did not hold money transmitting licenses in their respective states of residence, nor were they registered as money transmitters as required by federal law.
The charge of money laundering conspiracy provides for a sentence of up to 20 years in prison, three years of supervised release and a fine of $500,000 or twice the value of the laundered funds, whichever is greater. The charge of conspiracy to conduct an unlicensed money transmitting business and the charge of operating an unlicensed money transmitting business each provide for a sentence of up to five years in prison, three years of supervised release and a fine of $250,000 or twice the gain or loss, whichever is greater. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.
United States Attorney Rachael S. Rollins; Joseph R. Bonavolonta, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division; Joleen D. Simpson, Special Agent in Charge of the Internal Revenue Service’s Criminal Investigations in Boston; and Jennifer De La O, Director of Field Operations of U.S. Customs and Border Protection, Boston Field Office made the announcement today. Valuable assistance was provided by the Division of Enforcement at the Commodity Futures Trading Commission. Assistant U.S. Attorney Kriss Basil of Rollins’ Securities, Financial & Cyber Fraud Unit is prosecuting the case.
The details contained in the charging documents are allegations. The defendants are presumed innocent unless and until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Texas Man Admits Chartering Plan to Bring Cocaine from Houston to PittsburghRead the Press Release
PITTSBURGH, PA – A resident of Houston, Texas pleaded guilty in federal court to violation federal narcotics laws related to a nine-month Title III wiretap investigation into drug trafficking in and around the counties of Jefferson, Clearfield, and Allegheny, United States Attorney Cindy Chung announced today.
Jesus Gonzalez, age 36, pleaded guilty to one count of conspiracy and one count of possession with intent to distribute five kilograms or more of cocaine before United States District Judge Christy Criswell Wiegand. Gonzalez was one of 47 defendants charged in six related indictments as part of the Return to Sender investigation.
In connection with the guilty plea, the court was advised that on October 22, 2020, Gonzalez and three other individuals chartered a private plane and transported six kilograms of cocaine from Houston to Pittsburgh International Airport. Investigators obtained a search warrant for the plane and seized the cocaine from two pieces of luggage.
Judge Wiegand scheduled sentencing for Feb. 6, 2023, at 10:00 a.m. The law provides for a maximum total sentence of not less than 10 years to a maximum of life in prison, a fine not to exceed $10,000,000, or both. Under the Federal Sentencing Guidelines, the actual sentence imposed would be based upon the seriousness of the offense and the prior criminal history, if any, of the defendant.
Pending sentencing, the court ordered the defendant remain out on bond.
Assistant United States Attorneys Jonathan D. Lusty and Michael R. Ball are prosecuting this case on behalf of the government.
The Drug Enforcement Administration led the multi-agency investigation of this case, which also included the Homeland Security Investigations, United States Postal Service – Office of Inspector General, United States Postal Inspection Service, Internal Revenue Services, Pittsburgh Bureau of Police, Allegheny County Police, and Pennsylvania State Police. Also assisting were the Jefferson County District Attorney’s Office, Clearfield County District Attorney’s Office, and the Clarion Borough Police Department.
This prosecution is a result of an Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) investigation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles high-level drug traffickers, money launderers, gangs, and transnational criminal organizations that threaten communities throughout the United States. OCDETF uses a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach that leverages the strengths of federal, state, and local law enforcement agencies against criminal networks.
TOMORROW: United States Attorney’s Office Co-Sponsoring West Virginia Civil and Human Rights SummitRead the Press Release
CHARLESTON, W.Va. – United States Attorney Will Thompson announced that the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of West Virginia is co-sponsoring “Building Bridges: West Virginia Civil and Human Rights Summit” with the City of Charleston on Wednesday, September 28, 2022. West Virginia State University is hosting the event.
The summit begins at 9 a.m. with opening remarks from U.S. Attorney Thompson, Charleston Mayor Amy Goodwin and West Virginia State University President Dr. Ericke Cage. The morning will also feature recorded remarks by U.S. Department of Justice Assistant Attorney General (AAG) for Civil Rights Kristen Clarke and an overview of federal hate crime enforcement actions. Afternoon sessions will cover breaking down barriers created by racial bias, civil rights and people with disabilities, civil rights and domestic terrorism, human rights and fair housing, and deprivation of rights under color of law violations.
The summit is sponsored in partnership with: the Charleston Police Department; Disability Rights of West Virginia; Fairness West Virginia; the Federal Bureau of Investigation (FBI); the Islamic Association of West Virginia; Legal Aid of West Virginia; the West Virginia NAACP; Temple Israel WV; the U.S. Department of Housing & Urban Development; the West Virginia Coalition Against Domestic Violence; the West Virginia Council of Churches; the West Virginia Department of Education; the West Virginia Developmental Disabilities Council; the West Virginia Human Rights Commission; the West Virginia State Police; and YWCA Charleston.
WHAT: Building Bridges: West Virginia Civil and Human Rights Summit
WHEN: Wednesday, September 28, 2022, from 9 a.m. until 5 p.m.
WHERE: West Virginia State University, Institute; P. Ahmed Williams Auditorium, Ferrell Hall, and James C. Wilson University Union.
A copy of this press release is located on the website of the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of West Virginia.
###
St. Louis County Man Who Stole Nearly $600,000 from the Home Depot Sentenced to 9 Years in PrisonRead the Press Release
ST. LOUIS – A man from Vinita Park, Missouri who stole nearly $600,000 in items from The Home Depot and then returned them for gift cards was sentenced Tuesday to nine years in prison.
U.S. District Judge Ronnie L. White also ordered Xavier Brown, 46, to repay the retailer $598,036.
Brown, who also goes by Xaiviar Brown, was convicted by a jury in May of four counts of wire fraud and one count of unauthorized use of an access device.
From 2017 to 2021, Brown stole from Home Depot stores and then made more than 1,900 returns of that merchandise across 20 states, using more than 1,700 different temporary drivers licenses to conceal his scheme. Brown, having no receipts, was given store credit or gift cards.
“There’s a reason that the saying ‘Crime doesn’t pay’ has stood the test of time. Xavier Brown hid his scheme by defrauding Home Depot in different states until it caught up to him,” said Acting Special Agent in Charge Mark Dargis of the FBI St. Louis Division. “As soon as Home Depot detected Brown’s suspicious activities, the business contacted the FBI which resulted in today’s nine-year sentence in federal prison.”
The FBI investigated this case. Assistant U.S. Attorney Linda Lane prosecuted the case.
St. Charles Woman Sentenced to Nearly 5 Years in Prison for $2.5 Million Missouri Medicaid FraudRead the Press Release
ST. LOUIS – U.S. District Judge Stephen R. Clark on Tuesday sentenced a woman from St. Charles to four years and nine months in prison for her role in a $2.5 million fraud involving Missouri’s Medicaid program and a nearly $60,000 fraudulent Paycheck Protection Program loan.
Judge Clark also ordered Barbara Martin, 63, to repay $2,566,989 to Missouri’s Medicaid program and $58,295 to the U.S. Small Business Administration.
Martin pleaded guilty on June 28 to conspiracy to commit health care fraud and bank fraud conspiracy. She admitted being the administrator for Legacy Consumer Directed Services, a business that fraudulently enrolled in 2013 in the Missouri Medicaid program to provide personal care services. Martin falsely listed the name of her daughter, Zamika Walls, on the application to conceal her own role and the role of her sister, Margo Taylor, as the people who ran the day-to-day operations of the company. Walls was listed as the director of the company but was not involved in its operation.
Had Martin listed her name or Taylor’s, the application would not have been approved as they did not meet the enrollment criteria. On the application, Martin falsely checked “no” in response to the question asking whether the applying provider had ever been convicted of a crime.
Legacy billed the Missouri Medicaid program a total of over $2.5 million between May 2014 and September 2020. Some of that money was for care that was never provided, as Martin, Walls and another child of Martin not named in court documents were out of town on trips to Miami, Las Vegas or Atlanta when Martin claimed they were providing personal care services for Medicaid clients and Walls lived in Atlanta.
Arvids Petersons, director of the Medicaid Fraud Control Unit of the Missouri Attorney General’s Office, told Judge Clark during the hearing that Martin actively subverted controls designed to prevent fraud. Peterson said $2.5 million would provide personal care services that could keep more than 200 people in their homes instead of skilled nursing facilities.
Martin and Walls also conspired to submit a fraudulent loan application to the Paycheck Protection Program, a COVID-19 pandemic-era program designed to help save small businesses and jobs, on behalf of Legacy. Martin lied when she claimed the loan would be used to pay salaries, mortgage or lease payments and utility bills. In support of the application, Martin submitted fake payroll data and eventually received a $58,295 loan. After Legacy ceased operations, Martin submitted a fraudulent application seeking forgiveness of the loan, falsely claiming the loan money had been used for authorized purposes.
Zamika Walls, 38, was sentenced September 21 to 15 months in prison and ordered to repay $127,491. She pleaded guilty June 16 to the same charges as her mother.
Taylor, 66, pleaded guilty July 11 to two counts of health care fraud and is scheduled to be sentenced October 19.
"Defrauding Medicaid diverts valuable resources from beneficiaries and undermines the integrity of federal health care programs," said Curt L. Muller, Special Agent in Charge with the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General. “We work tirelessly with our law enforcement partners to pursue fraudsters and ensure the appropriate use of U.S. taxpayer dollars."
The U.S. Health and Human Services Office of Inspector General and the Missouri Medicaid Fraud Control Unit investigated this case. Assistant U.S. Attorney Meredith Reiter is prosecuting the case.
South Carolina Man Sentenced to Almost Four Years in Prison for Consumer Electronics Theft SchemeRead the Press Release
PHILADELPHIA – United States Attorney Jacqueline C. Romero announced that Rusmaldy Jimenez-Hiciano, 38, of Goose Creek, SC, was sentenced to three years and 10 months in prison, three years of supervised release, and was ordered to pay full restitution of $536,000 and forfeiture of $461,000 by United States District Court Judge Jeffrey L. Schmehl for his role in perpetrating a mail fraud scheme to steal high-end electronics from his former employer, Walmart.
In June 2022, the defendant pleaded guilty to four counts of mail fraud and admitted in court that he masterminded a scheme to steal and re-sell expensive electronics. In late 2017, the defendant, a long-time employee at Walmart’s Bethlehem, PA, distribution center, devised a plan to defraud the company by hiding certain high-end electronic merchandise when it came into the warehouse on delivery trucks; mailing that merchandise via FedEx to addresses in Allentown controlled by the defendant; selling the stolen goods; and sharing the proceeds with others.
“Jimenez-Hiciano stole hundreds of thousands of dollars’ worth of goods from his former employer,” said U.S. Attorney Romero. “Instead of doing the right thing and performing his job honestly, he took advantage of his position and his employer. Our Office will continue to work with our law enforcement partners to protect innocent individuals and businesses from being victimized by financial fraud.”
“HSI and our partners in the Pennsylvania State Police and the U.S. Attorney’s office have struck another blow against criminals who use our commercial systems to commit crimes that damage our business infrastructure, slow our delivery systems, and ultimately harm consumers through higher prices,” said William S. Walker, Special Agent in Charge of the HSI Philadelphia office. “Crimes such as organized mail fraud schemes inflict severe and long-reaching damage to American consumers. Congratulations to the dedicated agents and prosecutors who worked on this investigation.”
The case was investigated by the U.S. Department of Homeland Security – Homeland Security Investigations and the Pennsylvania State Police, and is being prosecuted by Assistant United States Attorney Mary E. Crawley.
Sixteen Tribes Selected for Participation in Program Enhancing Tribal Access to National Crime Information DatabasesRead the Press Release
The Department of Justice has selected an additional 16 federally recognized Tribes to participate in the continued expansion of the Tribal Access Program for National Crime Information (TAP), a program that provides Tribal governments with means to access, enter and exchange data with national crime information systems, including those maintained by the FBI Criminal Justice Information Services (CJIS) Division.
“The Department is committed to strengthening our government-to-government partnership with Tribal nations, including providing critical access to criminal databases through the Tribal Access Program,” said Deputy Attorney General Lisa O. Monaco. “With today’s announcement, 16 additional participating Tribes will be able to register sex offenders, protect victims of domestic violence, prevent prohibited persons from obtaining firearms, and help locate missing people.”
The program provides training as well as software and biometric/biographic kiosk workstations to process fingerprints, take mugshots, and submit information to CJIS systems. With these additional Tribes, there are now 123 federally recognized Tribes participating in TAP.
The Department of Justice began TAP in 2015 in response to concerns raised by Tribal leaders about the need to have direct access to federal systems. Using TAP, Tribes have shared information about missing persons; registered convicted sex offenders; entered domestic violence orders of protection for nationwide enforcement; run criminal histories; identified and arrested fugitives; entered bookings and convictions; and completed fingerprint-based record checks for non-criminal justice purposes such as screening employees or volunteers who work with children.
The following Tribes have been newly selected for participation in TAP:
- Chickaloon Native Village
- Hoh Indian Tribe
- Kickapoo Traditional Tribe of Texas
- Lower Sioux Indian Community in the State of Minnesota
- Oglala Sioux Tribe
- Otoe-Missouria Tribe of Indians, Oklahoma
- Paiute-Shoshone Tribe of the Fallon Reservation and Colony, Nevada
- Poarch Band of Creek Indians
- Prairie Island Indian Community in the State of Minnesota
- Pueblo of Santa Clara, New Mexico
- Puyallup Tribe of the Puyallup Reservation
- Quapaw Nation
- Robinson Rancheria
- Santee Sioux Nation, Nebraska
- Skokomish Indian Tribe
- Three Affiliated Tribes of the Fort Berthold Reservation, North Dakota
TAP is managed by the Justice Department’s Office of the Chief Information Officer and the Office of Tribal Justice. It is funded by the Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking (SMART), the Office of Community Oriented Policing Services (COPS), the Office for Victims of Crime (OVC), and the Office on Violence Against Women (OVW).
For more information on TAP, visit Tribal Access Program (TAP) | TRIBAL | Department of Justice.
Shelby County Man Sentenced for Child Pornography OffenseRead the Press Release
COUNCIL BLUFFS, IA – Kevin Charles Kersten, age 53 of Harlan, was sentenced on September 7, 2022, to seven years in prison following his plea to a charge of Receipt of Child Pornography. Kersten must also serve a 10-year term of supervised release after the prison term. There is no parole in the federal system.
In February 2021, the Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force received several cybertips that an IP address uploaded child pornography files. A search warrant was executed at Kersten’s residence, which was linked to the IP address. Electronic devices found at Kersten’s residence were seized and forensically analyzed. While conducting this investigation, officers obtained another cybertip that the IP address linked to Kersten had again uploaded child pornography. A second search warrant was executed at his residence and additional electronic evidence was seized. The forensic examination located images and videos of child pornography on Kersten’s electronic devices.
United States Attorney Richard D. Westphal of the Southern District of Iowa made the announcement. The Iowa Division of Criminal Investigation, Internet Crimes Against Children Task Force, Harlan Police Department, and Federal Bureau of Investigation Child Exploitation Task Force investigated the case.
This case was prosecuted as part of the Department of Justice’s “Project Safe Childhood” initiative, which was started in 2006 as a nationwide effort to combine law enforcement investigations and prosecutions, community action, and public awareness in order to reduce the incidence of sexual exploitation of children. For more information about Internet safety education, please visit https://www.justice.gov/psc and click on the resources tab.
Sanford Man Pleads Guilty to Arson at Multi-Unit Rental PropertyRead the Press Release
PORTLAND, Maine: A Sanford man pleaded guilty today in U.S. District Court in Portland to arson, U.S. Attorney Darcie N. McElwee announced.
According to court records, on May 5, 2021, the Sanford Fire Department responded to a fire at a multi-unit rental property located at 38 Spruce Street. Despite extensive damage, firefighters were successful in saving the structure from collapse, and the most significant damage occurred to an apartment occupied at that time by Thomas McGinn, 49. When interviewed by investigators, McGinn confessed to intentionally starting the fire using gasoline and lighter fluid as accelerants. He explained that it was his intention to “burn the building down.”
McGinn faces a period of imprisonment of not less than 5 years and not more than 20 years and a fine up to a $250,000. He will be sentenced after the completion of a presentence investigation report by the U.S. Probation Office. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, in conjunction with the Sanford Police Department and the Maine State Fire Marshal’s Office, investigated the case.
# # #
Rosebud Woman Indicted for Second Degree MurderRead the Press Release
SIOUX FALLS - United States Attorney Alison J. Ramsdell announced that a Rosebud, South Dakota, woman has been indicted by a federal grand jury for Second Degree Murder.
Lucy Medicine Eagle, age 31, was indicted in June of 2022. She appeared before U.S. Magistrate Judge Daneta Wollman on September 27, 2022, and pleaded not guilty to the Indictment.
The maximum penalty upon conviction is up to life in custody and/or a $250,000 fine, five years of supervised release, and $100 to the Federal Crime Victims Fund. Restitution may also be ordered.
The Indictment alleges that on March 28, 2022, at Rosebud, in Todd County, South Dakota, Medicine Eagle killed a man by assaulting him and striking him in the head.
The charge is merely an accusation and Medicine Eagle is presumed innocent until and unless proven guilty.
The investigation is being conducted by the Rosebud Sioux Tribe Law Enforcement Services and the FBI. Assistant U.S. Attorney Abby Roesler is prosecuting the case.
Medicine Eagle was remanded to the custody of the U.S. Marshals Service pending trial. A trial date has not been set.
Repeat sex offender sentenced to 10-year prison term for possessing images of child rape and abuseRead the Press Release
Seattle – A 58-year-old Seattle man was sentenced today in U.S. District Court in Seattle to ten years in prison for possessing images of child rape and abuse, announced U.S. Attorney Nick Brown. David C. Martin was on Washington State Department of Corrections supervision when he was arrested and charged federally in April of 2020. In sentencing Martin to lifetime supervised release following prison, U.S. District Judge James L. Robart said the sentence was due to “the need to protect society from Mr. Martin.”
“Mr. Martin has a shocking and extensive criminal history -- with 15 convictions for sex crimes, including 11 for indecent exposure,” said U.S. Attorney Nick Brown. “During this lengthy prison term, and the supervision that follows, I hope he gets the mental health treatment he needs to end the cycle of recidivism.”
According to records filed in the case, Google Inc. first alerted the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) that a specific account was uploading images of child rape and abuse. The account was shut down and the matter was referred to the Seattle Police Internet Crimes Against Children Task Force. Seattle Police determined Martin owned the account and served a court authorized search warrant on Martin and seized his electronic devices. Forensic analysis revealed the devices contained hundreds of files depicting child rape and sexual abuse.
Martin has previously been convicted of Child Molestation 3rd Degree in Pierce County Superior Court (2001); Indecent Exposure in King County Superior Court (2009); Indecent Exposure in King County Superior Court (2015); and Voyeurism in Clark County Superior Court (2016). Due to those prior convictions Martin faced a mandatory minimum 10 years in prison.
Speaking to the court, Martin said he now understood how viewing child pornography revictimizes those who suffer child sexual abuse. Noting all the prison time he has served Martin said, “I’ve wasted my whole life.”
The case was investigated by Homeland Security Investigations in coordination with the Seattle Internet Crimes Against Children Task Force (ICAC) and the Washington State Department of Corrections.
The case was prosecuted by Assistant United States Attorneys Cecelia Gregson and Hillary Stuart.
Repeat Felon Sentenced to 12 Years in Federal Prison for Armed Fentanyl TraffickingRead the Press Release
INDIANAPOLIS – Nyron Harmon, 31, of Indianapolis, was sentenced to 12 years in federal prison after pleading guilty to possession with the intent to distribute fentanyl and carrying a firearm during and in relation to a drug trafficking crime.
According to court documents, on January 29, 2021, officers with the Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) and the Indiana State Police (ISP) were investigating Harmon due to outstanding warrants. Officers found Harmon at his residence in Indianapolis. Harmon was seen carrying a box from his residence, entering the passenger seat of a vehicle, and driving away. Officers stopped the vehicle and Harmon was arrested for his outstanding warrants. A loaded .40 caliber handgun was found on the seat where Harmon was sitting. The handgun was previously reported stolen.
An ISP K9 alerted to narcotics near the front passenger door of the vehicle where Harmon was sitting. The vehicle was searched, and the box Harmon was seen carrying from his residence was found on the front passenger floorboard. The box contained 200 grams of fentanyl, approximately 27 grams of methamphetamine, scales, packing materials for drug distribution, and another stolen, loaded handgun. Harmon also had over $2,000 in U.S. currency on his person. According to the Drug Enforcement Administration, as little as 2 milligrams of fentanyl can be fatal, depending on a person’s body size, tolerance, and past usage. One kilogram of fentanyl has the potential to kill 500,000 people.
Following Harmon’s arrest, a search warrant was executed at his residence. Officers found numerous bags of suspected methamphetamine, fentanyl, cutting agents, blenders being used for drug distribution, digital scales, packaging materials, a disassembled .38 special revolver, firearm magazines, and ammunition.
Harmon has three prior felony convictions for drug and firearm offenses and four misdemeanor convictions. Harmon accumulated some of these convictions while serving probation for prior offenses. Harmon is prohibited from possessing firearms by federal law due to his previous felony convictions.
Zachary A. Myers, U.S. Attorney for the Southern District of Indiana, and Herbert J. Stapleton, Special Agent in Charge of the FBI’s Indianapolis Field Office, made the announcement.
The FBI investigated the case in conjunction with IMPD and ISP. The sentence was imposed by U.S. District Judge James R. Sweeney II. As part of the sentence, Judge Sweeney ordered that Harmon be supervised by the U.S. Probation Office for four years following his release from federal prison.
U.S. Attorney Myers thanked Assistant U.S. Attorney Pamela S. Domash who prosecuted this case.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
Rapid City Woman Sentenced to Federal Prison for 17 Years for Drug ConspiracyRead the Press Release
SIOUX FALLS - United States Attorney Alison J. Ramsdell announced that a Rapid City, South Dakota, woman convicted of Conspiracy to Distribute a Controlled Substance was sentenced on September 12, 2022, by U.S. District Judge Jeffrey L. Viken.
Amber Ashlin, age 33, was sentenced to 17 years in federal prison, followed by five years of supervised release, and ordered to pay a $100 special assessment to the Federal Crime Victims Fund.
Ashlin was indicted by a federal grand jury in January of 2022 and pleaded guilty in June of 2022. The conviction stems from Ashlin conspiring with others to distribute multiple pounds of methamphetamine in and around Rapid City between January 2018 and December 2021.
The investigation was conducted by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, the Unified Narcotics Enforcement Team, the Pennington County Sheriff’s Office, the South Dakota Department of Criminal Investigation, and the South Dakota Highway Patrol. Assistant U.S. Attorney Benjamin Patterson prosecuted the case.
Ashlin was immediately remanded to the custody of the U.S. Marshals Service.
Preston County man admits to meth charge, sentencedRead the Press Release
CLARKSBURG, WEST VIRGINIA – Jerrid Weaver, of Arthurdale, West Virginia, has admitted to having methamphetamine and was sentenced to 70 months of incarceration, United States Attorney William Ihlenfeld announced.
Weaver, 27, pleaded guilty today to one count of “Possession with Intent to Distribute Methamphetamine.” Weaver admitted to having methamphetamine in September 2020 in Preston County.
Assistant U.S. Attorney Andrew R. Cogar prosecuted the case on behalf of the government. The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives and the West Virginia State Police investigated.
Chief U.S. District Judge Thomas S. Kleeh presided.
Pottawattamie County Man Sentenced for a Drug OffenseRead the Press Release
COUNCIL BLUFFS, IA – Dustin Michael Adkins, age 39 of Council Bluffs, was sentenced on September 20, 2022 to 132 months in prison for Possession with Intent to Distribute Methamphetamine. He must also serve a five-year term of supervised release after the prison term. There is no parole in the federal system.
On September 17, 2021, law enforcement stopped Adkins for a traffic violation in Council Bluffs. Adkins initially eluded officers and a bag containing methamphetamine was thrown from the vehicle. Adkins was arrested and the methamphetamine was recovered. Adkins possessed a total of 90.43 grams of methamphetamine.
United States Attorney Richard D. Westphal of the Southern District of Iowa made the announcement. The Council Bluffs Police Department, Pottawattamie County Sheriff Department, and Southwest Iowa Narcotics Enforcement Task Force investigated the case. This case was prosecuted by the United States Attorney’s Offices for the Southern District of Iowa.
Possession of Suspicious Package Containing Heroin Sends Jena Man to Federal PrisonRead the Press Release
ALEXANDRIA, La. - United States Attorney Brandon B. Brown announced that John Monroe Cameron, 45, of Jena, Louisiana, has been sentenced by United States District Judge David C. Joseph for possession of heroin. Cameron was sentenced to 46 months in prison, followed by 4 years of supervised release.
Cameron was indicted by a federal grand jury on March 9, 2022 and charged with possession with intent to distribute heroin. On June 28, 2022, he pled guilty to that charge. The charge stemmed from an investigation into an incident that occurred on February 8, 2022 when a law enforcement agent with the United States Postal Inspection Service (USPIS) discovered a suspicious parcel at the Shreveport Postal Service. The package was addressed to an individual in Jonesville, Louisiana from a sender in Pharr, Texas. A search warrant was obtained for the package and executed on that same day. During the execution of the warrant, the law enforcement agents found approximately 2.2 pounds of suspected black tar heroin.
Agents determined that the address on the package was an abandoned residence. Law enforcement agents went to the address to conduct a controlled delivery of the package. Upon arrival to the area, the agents observed a pickup truck blocking the road. The occupant, later identified as Cameron, exited the truck and approached the agents and told them they were at the correct address and took the package. Agents left the scene but through surveillance observed Cameron take the package to a nearby wooded area where he opened it.
The case was investigated by the USPIS and Cameron Parish Sheriff’s Office and prosecuted by Assistant U.S. Attorney Tennille M. Gilreath.
# # #
Phoenix Man Sentenced to 35 Years for Role in Deadly KidnappingsRead the Press Release
LEXINGTON, Ky. — A Phoenix man, Rosario Diaz Barraza, 32, was sentenced to 35 years in federal prison, on Tuesday, by U.S. District Court Judge Karen Caldwell, after previously being convicted of conspiracy to commit kidnapping and interstate transportation of stolen automobiles.
According to evidence presented at trial, the charges stemmed from the kidnappings of two individuals, identified in court records as J.O. and M.A.T.O. Both victims were killed during the commission of the kidnappings. Their bodies were discovered in the trunk of a Volkswagen Jetta, on September 11, 2017, at 430 Blue Sky Parkway, in Lexington. That location was an automotive repair business owned by J.O. Two vehicles belonging to J.O. were stolen during the offenses and transported to Wilkes-Barre, Pennsylvania. Evidence presented at trial revealed that Camacho Zepeda and Diaz Barraza were distributing kilogram quantities of cocaine and heroin in Lexington, and that J.O. had incurred a debt to them, based on his involvement in the drug trafficking. Testimony by a pathologist from the Kentucky Medical Examiner’s Office established that J.O.’s cause of death was attributed to “chop wounds” to the head and asphyxiation. The second victim, M.A.T.O., died from asphyxiation.
Diaz Barraza was convicted at trial, in April 2022. Two additional defendants, Ramon Camacho Zepeda, 54, of Lexington, and John Carlos Betancourt, 27, of Penuelas, Puerto Rico, were also convicted for their roles in the kidnappings, in April 2022, and are awaiting sentencing.
Two other defendants, Jose Felix Tlatenchi, 39, of Wilkes-Barre, and Jean Michael Serrano-Jimenez, 31, of Hanover Township, Penn., previously entered guilty pleas relating to their involvement. Serrano-Jimenez pled guilty as charged to conspiracy to commit kidnapping, while Tlatenchi pled guilty as an accessory after the fact to the kidnappings. Both are also currently awaiting sentencing.
Under federal law, Diaz Barraza must serve 85 percent of his prison sentence. Upon his release from prison, he will be under the supervision of the U.S. Probation Office for five years.
“This was a brutal crime, and yet another example of the disturbing impact that illegal drug trafficking can have on communities,” said Carlton S. Shier, IV, United States Attorney for the Eastern District of Kentucky. “Bringing those responsible for this awful crime to justice involved tireless, dedicated, and remarkable work, by both our trial team and our law enforcement partners, across several states. The conduct in this case more than warrants the sentence imposed and should serve as a warning to those who continue to engage in this dangerous trade. We will continue to use all the resources available to us to combat it.”
“This case further illustrates how violence and drug trafficking go hand-in-hand,” said Special Agent in Charge Todd Scott, head of the Drug Enforcement Administration’s Louisville Division. “The heinous and brutal nature of the killings in this particular instance are reflected in the lengthy prison sentence.”
United States Attorney Shier; DEA Special Agent Scott; Colonel Phillip Burnett, Commissioner, Kentucky State Police; and Chief Lawrence Weathers, Lexington Police Department, jointly announced the sentencing.
The lengthy investigation was conducted primarily by the Lexington Police Department, the Drug Enforcement Administration, and the Kentucky State Police. Multiple additional law enforcement agencies also provided valuable assistance, including the Wilkes-Barre, Pennsylvania Police Department, the Reading, Pennsylvania Police Department, the Pennsylvania State Police, the New York City Police Department, the Harlingen, Texas Police Department and Homeland Security Investigations. The United States was represented in the case by Assistant U.S. Attorneys Todd Bradbury and Francisco Villalobos.
-END-
Phoenix Man Charged with Assaulting a Border Patrol AgentRead the Press Release
TUCSON, Ariz. – Last week, Daniel Jerome Wagner, 54, of Phoenix, Arizona, was arrested on one count of Assault on a Federal Officer with the Use of a Deadly or Dangerous Weapon. Wagner was charged by criminal complaint and had his initial appearance on Friday before United States Magistrate Judge Eric J. Markovich.
On September 21, 2022, near Douglas, Arizona, a U.S. Border Patrol (USBP) agent attempted to conduct an immigration inspection of a vehicle driven by Wagner, who was suspected of engaging in smuggling undocumented noncitizens. The agent followed Wagner’s vehicle, which was traveling westbound at a high rate of speed on U.S. State Route 80. Wagner then abruptly stopped his vehicle, causing the vehicle to spin in the middle of the highway. The agent stopped his vehicle and saw Wagner driving eastbound directly towards his fully marked U.S. Border Patrol vehicle. As Wagner drove towards the agent, he crossed into the agent’s lane, forcing the agent to drive off the highway and onto the shoulder to avoid being struck. Wagner drove past the agent’s vehicle, narrowly missing him. Other agents followed Wagner and eventually arrested him.
A conviction for Assault on a Federal Officer with the Use of a Deadly or Dangerous Weapon carries a maximum penalty of 20 years in prison, a fine of up to$250,000, or both.
A criminal complaint is simply the method by which a person is charged with criminal activity and raises no inference of guilt. An individual is presumed innocent until competent evidence is presented to a jury that establishes guilt beyond a reasonable doubt.
Customs and Border Protection’s U.S. Border Patrol conducted the investigation in this case. Assistant U.S. Attorney Raquel Arellano, District of Arizona, Tucson, is handling the prosecution.
CASE NUMBER: 22-00607MJ
RELEASE NUMBER: 2022-162_Wagner# # #
For more information on the U.S. Attorney’s Office, District of Arizona, visit http://www.justice.gov/usao/az/
Follow the U.S. Attorney’s Office, District of Arizona, on Twitter @USAO_AZ for the latest news.Philadelphia Man Admits Role in Salem County Bank RobberyRead the Press Release
CAMDEN, N.J. – A Philadelphia man today admitted serving as the get-away driver to two Pennsylvania men who robbed a bank in Carneys Point, New Jersey, in July 2018, while brandishing a firearm, U.S. Attorney Philip R. Sellinger announced.
Kenneth S. Thompson, 43, of Philadelphia, pleaded guilty before U.S. District Judge Joseph H. Rodriguez in Camden federal court to an indictment charging him with bank robbery.
According to documents filed in this case and statements made in court:
Thompson admitted that on July 30, 2018, he and co-defendants Antwaine Thomas and Kareem Moore drove from Philadelphia to Salem County. They agreed that Thomas and Moore would rob the Fulton Bank in Carneys Point and that Thompson would assist them in escaping with the stolen proceeds by serving as the get-away driver. Thomas and Moore walked into the bank and demanded cash from numerous bank employees while pointing a loaded handgun at them. Thomas and Moore took the cash from the bank and fled. In the meantime, Thompson drove past the bank multiple times in an effort to abscond with his confederates, but was thwarted when responding officers arrived at the bank within minutes of the robbery. Thompson fled in the get-away car.
The count of bank robbery to which Thompson pleaded guilty is punishable by a maximum of 20 years in prison and a fine of $250,000, or twice the gross gain or loss from the offense, whichever is greatest. Sentencing is scheduled for Feb. 1, 2023.
Thomas and Moore previously pleaded guilty to armed bank robbery and brandishing a firearm during a bank robbery, and on May 11, 2021, Judge Rodriguez sentenced them to 272 months’ imprisonment and 168 months’ imprisonment, respectively.
U.S. Attorney Sellinger credited special agents of the FBI, under the direction of Special Agent in Charge Jacqueline Maguire in Philadelphia; the Salem County Prosecutor’s Office, under the direction of Salem County Prosecutor Kristin J. Telsey; officers of the Carneys Point Police Department, under the direction of Chief Dale VanNamee; and officers of the Penns Grove Police Department, under the direction of Police Director Richard Rivera, with the investigation leading to today’s guilty plea.
The government is represented by Assistant U.S. Attorney Kristen M. Harberg of the U.S. Attorney’s Office in Camden.
Owner of Farm Labor Contracting Company Pleads Guilty in Racketeering Conspiracy Involving the Forced Labor of Mexican WorkersRead the Press Release
Bladimir Moreno, 55, pleaded guilty in federal court in Tampa, Florida, to charges of conspiracy under the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act and conspiracy to commit forced labor. A federal grand jury in the Middle District of Florida had previously returned a six-count indictment against multiple defendants for their roles in a federal racketeering conspiracy that victimized Mexican H-2A workers who, between 2015 and 2017, had worked in the United States harvesting fruits, vegetables and other agricultural products.
“The scheme these defendants employed trapped the victims through fear of serious harm if they did not continue to toil away for the defendants’ profit,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke of the Justice Department’s Civil Rights Division. “The Department of Justice is committed to combating human trafficking in all its forms, including prosecuting agricultural employers who break the law to subject their vulnerable migrant farm workers to forced labor.”
“Forcing individuals to work against their will using abusive and coercive tactics is not only unconscionable but illegal,” said U.S. Attorney Roger Handberg for the Middle District of Florida. “We will continue to work with our human trafficking task forces to stamp out these illegal practices throughout our district and state.”
According to court documents, Moreno owned, operated and managed Los Villatoros Harvesting (LVH), a farm labor contracting company, that functioned as a criminal enterprise compelling victims to work in Florida, Kentucky, Indiana, Georgia and North Carolina. After charging Mexican farm workers exorbitant sums to come into the United States on short-term, H-2A, agricultural visas to work for LVH, Moreno and his co-conspirators coerced over a dozen workers into providing long hours of physically demanding agricultural labor, six to seven days a week, for de minimis pay. Moreno and his co-conspirators used various coercive means, including imposing debts on workers; confiscating the workers’ passports; subjecting workers to crowded, unsanitary and degrading living conditions; verbally abusing and humiliating the workers; threatening workers with arrest, jailtime and deportation; isolating workers by preventing them from interacting with anyone other than LVH employees; and threatening to physically harm the workers’ family members back in Mexico if the workers failed to comply with their demands. In addition to conspiring to subject H-2A workers to forced labor, Moreno and his coconspirators also harbored H-2A workers in the United States after their visas had expired for financial gain and committed visa fraud and fraud in foreign labor contracting.
Earlier this year, three co-defendants who had worked for Moreno and assisted him in operating LVH pleaded guilty to related offenses. Christina Gamez, 43, a U.S. citizen, who worked for LVH as a bookkeeper, manager and supervisor, pleaded guilty to RICO conspiracy. Efrain Cabrera Rodas, 32, a citizen of Mexico, who worked for LVH as a recruiter, manager and supervisor, also pleaded guilty to RICO conspiracy. Guadalupe Mendes Mendoza, 45, a citizen of Mexico, who worked for LVH as a manager and supervisor, pleaded guilty to conspiring to obstruct a federal investigation.
The Palm Beach County Human Trafficking Task Force, which includes the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the Palm Beach County Sheriff’s Office, investigated the case. The Task Force received assistance from the Department of Labor (DOL) Office of the Inspector General, the DOL Wage and Hour Division, the Department of State Diplomatic Security Service, and Coalition of Immokalee Workers, Colorado Legal Services Migrant Farm Worker Division, Legal Aid Services of Oregon Farmworker Program and Indiana Legal Services Worker Rights and Protection Project.
The announcement was made by Assistant Attorney General Kristen Clarke for the Justice Department’s Civil Rights Division and U.S. Attorney Roger Handberg for the Middle District of Florida.
Assistant U.S. Attorney Ilyssa Spergel for the Middle District of Florida and Trial Attorneys Avner Shapiro, Maryam Zhuravitsky, and Matthew Thiman of the Civil Rights Division’s Criminal Section are prosecuting the case.
Anyone who has information about human trafficking should report that information to the National Human Trafficking Hotline toll-free at 1-888-373-7888, which is available 24 hours a day, seven days a week. For more information about human trafficking, please visit www.humantraffickinghotline.org. Information on the Department of Justice’s efforts to combat human trafficking can be found at www.justice.gov/humantrafficking.
Owner of Farm Labor Contracting Company Pleads Guilty in Racketeering Conspiracy Involving the Forced Labor of Mexican WorkersRead the Press Release
WASHINGTON —Bladimir Moreno, 55, pleaded guilty in federal court in Tampa, Florida, to charges of conspiracy under the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act and conspiracy to commit forced labor. A federal grand jury in the Middle District of Florida had previously returned a six-count indictment against multiple defendants for their roles in a federal racketeering conspiracy that victimized Mexican H-2A workers who, between 2015 and 2017, had worked in the United States harvesting fruits, vegetables and other agricultural products. The announcement was made by Assistant Attorney General Kristen Clarke for the Justice Department’s Civil Rights Division and U.S. Attorney Roger Handberg for the Middle District of Florida.
“The scheme these defendants employed trapped the victims through fear of serious harm if they did not continue to toil away for the defendants’ profit,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke for the Justice Department’s Civil Rights Division. “The Department of Justice is committed to combatting human trafficking in all its forms, including prosecuting agricultural employers who break the law to subject their vulnerable migrant farm workers to forced labor.”
“Forcing individuals to work against their will using abusive and coercive tactics is not only unconscionable but illegal,” said U.S. Attorney Roger Handberg for the Middle District of Florida. “We will continue to work with our human trafficking task forces to stamp out these illegal practices throughout our district and state.”
According to court documents, Moreno owned, operated, and managed Los Villatoros Harvesting (LVH), a farm labor contracting company, that functioned as a criminal enterprise compelling victims to work in Florida, Kentucky, Indiana, Georgia and North Carolina. After charging Mexican farm workers exorbitant sums to come into the United States on short-term, H-2A, agricultural visas to work for LVH, Moreno and his co-conspirators coerced over a dozen workers into providing long hours of physically demanding agricultural labor, six to seven days a week, for de minimis pay. Moreno and his co-conspirators used various coercive means, including imposing debts on workers; confiscating the workers’ passports; subjecting workers to crowded, unsanitary and degrading living conditions; verbally abusing and humiliating the workers; threatening workers with arrest, jailtime and deportation; isolating workers by preventing them from interacting with anyone other than LVH employees; and threatening to physically harm the workers’ family members back in Mexico if the workers failed to comply with their demands. In addition to conspiring to subject H-2A workers to forced labor, Moreno and his coconspirators also harbored H-2A workers in the United States after their visas had expired for financial gain and committed visa fraud and fraud in foreign labor contracting.
Earlier this year, three co-defendants who had worked for Moreno and assisted him in operating LVH pleaded guilty to related offenses. First, Christina Gamez, 43, a U.S. citizen, who worked for LVH as a bookkeeper, manager and supervisor, pleaded guilty to RICO conspiracy. Second, Efrain Cabrera Rodas, 32, a citizen of Mexico, who worked for LVH as a recruiter, manager and supervisor, also pleaded guilty to RICO conspiracy. Third, Guadalupe Mendes Mendoza, 45, a citizen of Mexico, who worked for LVH as a manager and supervisor, pleaded guilty to conspiring to obstruct a federal investigation.
The Palm Beach County Human Trafficking Task Force, which includes the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the Palm Beach County Sheriff’s Office, investigated the case. The Task Force received assistance from the Department of Labor (DOL) Office of the Inspector General, the DOL Wage and Hour Division, the Department of State Diplomatic Security Service, and Coalition of Immokalee Workers, Colorado Legal Services Migrant Farm Worker Division, Legal Aid Services of Oregon Farmworker Program and Indiana Legal Services Worker Rights and Protection Project.
Assistant U.S. Attorney Ilyssa Spergel for the Middle District of Florida and Trial Attorneys Avner Shapiro, Maryam Zhuravitsky, and Matthew Thiman of the Justice Department’s Civil Rights Division are prosecuting the case.
Anyone who has information about human trafficking should report that information to the National Human Trafficking Hotline toll-free at 1-888-373-7888, which is available 24 hours a day, seven days a week. For more information about human trafficking, please visit www.humantraffickinghotline.org. Information on the Department of Justice’s efforts to combat human trafficking can be found at www.justice.gov/humantrafficking.
Oklahoma City Companies and Owner Pay Nearly $2 Million for Used Oil Processing, Transportation, and Storage ViolationsRead the Press Release
OKLAHOMA CITY – January Environmental Services, Inc., January Transport, Inc. and company-owner Cris January (collectively Defendants) will pay civil penalties of $1.9 million and perform comprehensive corrective measures to resolve allegations that they violated the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) through their used oil transportation and processing operations in Oklahoma City, Oklahoma, announced United States Attorney Robert J. Troester.
The United States and the Oklahoma Department of Environmental Quality (ODEQ) filed a complaint in federal district court in December 2020, alleging Defendants committed multiple violations of RCRA’s used oil and hazardous waste regulations. According to the complaint, Defendants transported and stored hazardous wastes without proper transport manifests or a RCRA permit, transported and processed used oil without proper testing to ensure that the oil did not contain hazardous waste, failed to maintain safe work spaces in the storage areas of the facility, and disposed of used oil filters mixed with other wastes at local landfills without first determining whether the mixture of wastes was hazardous. The violations were uncovered through a series of inspections conducted by ODEQ and subsequent joint inspections by EPA and ODEQ.
"Protecting our community requires that we safeguard our land and natural resources through the vigorous enforcement of federal environmental laws," said Robert J. Troester, United States Attorney for the Western District of Oklahoma. "The settlement furthers three critical goals: accountability, compliance, and safety. I applaud the law enforcement professionals for their efforts with this resolution."
To settle the alleged violations and come into compliance with RCRA requirements, Defendants agreed to the entry of a consent decree by the Court (Consent Decree). Under the Consent Decree, Defendants must pay a civil penalty in the amount of $1.9 million. To come into compliance with the RCRA regulations, they must use proper methods to test for the presence of hazardous waste in the used oil they collect, transport to, and process at their facility. The Consent Decree also requires Defendants hire an independent engineer to evaluate the facility’s spill prevention and containment preparedness and submit compliance reports to EPA and ODEQ. In addition, they must ensure that all used oil filters are properly processed and assessed for potentially hazardous waste prior to sending any of the filters off-site for disposal.
In reaching this settlement, Defendants did not admit liability, and the government did not make any concessions about the legitimacy of the claims. The settlement allows the parties to avoid the delay, expense, inconvenience, and uncertainty involved in litigating the case.
This case was investigated by Environmental Protection Agency and the Oklahoma Department of Environmental Quality. Assistant U.S. Attorney Ronald R. Gallegos and Environmental and Natural Resources Division attorneys Jason Barbeau and Asia A. McNeil-Womack prosecuted the case on behalf of the United States.