Latest Records
Newest first across public DOJ and U.S. Attorney press releases.
Tuesday 26 March 2024
Ciudadano de las Bahamas imputado y aprehendido por su papel en una asociación delictiva mortal de contrabandeo de personasRead the Press Release
Hoy se dio a conocer una acusación formal en el Distrito Sur de Florida en la que se imputa a un ciudadano de las Bahamas por su presunto papel en una asociación delictiva de contrabandeo de personas que resultó en la muerte de numerosos migrantes.
Gracias a una labor de amplia coordinación y cooperación entre las autoridades estadounidenses y bahameñas, Vandrick Nelson Smith, también conocido como Muggy y Vans, de 33 años, fue aprehendido en las Bahamas el 6 de marzo último en virtud de una solicitud de los Estados Unidos que involucraba cargos presentados bajo sello en el Distrito Sur de Florida en noviembre de 2023.
Según documentos judiciales, Smith presuntamente estaba involucrado en una organización de contrabandeo de personas que hacía la tentativa de traer migrantes ilegalmente de las Bahamas a los Estados Unidos en barco. Los migrantes eran ciudadanos de Colombia, Jamaica, República Dominicana y Haití, entre otros países. Presuntamente, los migrantes (o sus familiares y amigos) pagaron dinero a la organización para que los ingresase de contrabando a los Estados Unidos. Como se describe a continuación, la acusación formal alega que Smith estuvo involucrado personalmente en tres incidentes de contrabandeo de personas por vía marítima, incluido uno que resultó en cinco muertes.
“Vandrick Smith ha sido imputado de organizar peligrosas operaciones de contrabandeo de personas, enviando migrantes por barco de las Bahamas a Florida. Como se alega en la acusación formal, las operaciones de la organización de contrabandeo de personas se volvieron mortales cuando un bote que transportaba migrantes zozobró en enero de 2022”, señaló la fiscal auxiliar principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “Los contrabandistas de personas explotan por dinero a la gente desesperada, y las consecuencias pueden ser trágicas. La División Penal está comprometida a combatir a las organizaciones de contrabandeo de personas que se aprovechan y ponen en peligro a los migrantes vulnerables, dondequiera que operen”.
Presuntamente, Smith estuvo involucrado en tres operaciones de contrabandeo de personas por vía marítima que ocurrieron alrededor del 6 de marzo de 2021, el 22 de enero de 2022 y el 8 de agosto de 2022. La acusación formal imputa que la noche del 22 de enero de 2022, numerosos migrantes abordaron una embarcación en las Bahamas con destino a Florida. Poco después del zarpe de la embarcación, supuestamente, los motores dejaron de funcionar y la embarcación zozobró. El 25 de enero de 2022, los Guardacostas de EE. UU. rescataron al único migrante sobreviviente, que se encontraba aferrado a la parte superior de la embarcación volcada.
“Las operaciones de contrabandeo de personas ponen en riesgo la vida de las personas por obtener ganancias económicas”, indicó el fiscal federal Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida. “Los contrabandistas de personas toman ventaja de las esperanzas de tener una vida mejor de los migrantes. Trágicamente, las hazañas de los contrabandistas representan un grave peligro para los migrantes. La Fiscalía de los Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios para enjuiciar a quienes llevan a cabo operaciones ilícitas de contrabandeo de personas para proteger a los migrantes vulnerables y salvar vidas”.
“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) sigue dedicada a colaborar con nuestros socios nacionales e internacionales para llevar ante la justicia a delincuentes temerarios que priorizan las ganancias económicas sobre la vida y la seguridad de las personas”, dijo el agente especial a cargo Anthony Salisbury de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami. “Los riesgos asociados con las operaciones de contrabandeo marítimo de personas son extremos. Instamos al público a evitar aventurarse en estos viajes con organizaciones criminales peligrosas, que a menudo resultan en tragedias”.
A Smith se le imputan cinco cargos de tentativa de traer extranjeros a los Estados Unidos causando su muerte como resultado de la operación de enero de 2022. También se le imputa de asociación delictiva para traer extranjeros a los Estados Unidos con fines de lucro, poniendo en peligro la vida de los extranjeros y causando su muerte; tentativa de traer extranjeros a los Estados Unidos con fines de lucro; y de ayudar e instigar a ciertos extranjeros a ingresar a los Estados Unidos. Si se le declara culpable de tentativa de traer extranjeros a los Estados Unidos causando su muerte, Smith se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.
HSI Fort Pierce y el Agregado Auxiliar de HSI en Nassau, Bahamas, investigaron el caso, con la asistencia de HSI Miami, los Guardacostas de EE. UU., la Oficina del Alguacil del Condado de Brevard y la Oficina del Médico Forense del Condado de Brevard. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ofreció apoyo significativo con las solicitudes de asistencia jurídica extranjera y el logro de la aprehensión. El Departamento de Justicia agradece a la Real Fuerza de Policía de Bahamas, la Fiscalía de Bahamas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas, el Departamento de Inmigración de Bahamas y el Departamento de Procesamientos Judiciales Públicos de Bahamas por su asistencia en el caso.
La investigación se está llevando a cabo conforme al programa de Fuerza de Ataque de Viajes Delictivos Extraterritoriales (ECT, por sus siglas en inglés), una asociación conjunta entre la División Penal del Departamento de Justicia y HSI. El programa ECT se centra en las redes de contrabandeo de personas que pueden presentar riesgos especiales para la seguridad nacional o la seguridad pública, o que representan serias preocupaciones humanitarias. El ECT tiene recursos dedicados a la investigación, inteligencia y procesamiento judiciales. El ECT coordina y recibe asistencia de otras agencias del gobierno de los EE. UU. y de autoridades del orden público extranjeras.
La abogada litigante Marie Zisa de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Judiciales Especiales de la División Penal y el fiscal auxiliar Justin Hoover del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
Una acusación formal es meramente una alegación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que ante un tribunal de justicia se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
City Man Sentenced to More Than 15 Years in Prison for Back-to-Back Armed Robberies of Northeast Philadelphia StoresRead the Press Release
PHILADELPHIA – United States Attorney Jacqueline C. Romero announced that Michael Malcolm, 26, of Philadelphia, PA, was sentenced to 185 months’ imprisonment, five years of supervised release, and $300 restitution by United States District Court Judge Gerald J. Pappert for robbing two Northeast Philadelphia stores at gunpoint.
On February 7, 2023, Malcolm pleaded guilty to one count of Hobbs Act robbery, one count of attempted Hobbs Act robbery, and one count of using and carrying a firearm during and in relation to a crime of violence. The charges stem from two armed robberies he committed within a matter of minutes on October 5, 2021.
At approximately 8:06 p.m. that evening, Malcolm entered Illadelph by All in One Smoke Shop at 14230 Bustleton Avenue in the Northeast. He asked the clerk for cigarillo wraps and handed over money to pay for them. When the clerk opened the register, Malcolm produced a gun, racked the slide, pointed the weapon at the clerk, and demanded money. After the clerk gave him approximately $300 from the register, Malcolm fled the store.
About 10 minutes later, Malcolm went to Somerton Beverage, located at 13510 Bustleton Avenue, approximately two-tenths of a mile from the smoke shop he’d just robbed. Malcolm entered the store, selected a beer for purchase, and gave money to the clerk. When the clerk didn’t open the register, Malcolm produced his firearm. The clerk yelled “he got a gun” and Malcolm fled the store with the beer.
Shortly after the Somerton Beverage robbery, two officers with the Philadelphia Police Department observed Malcolm standing on the corner at 13501 Bustleton Avenue. When the officers attempted to stop him, he fled on foot. After a short foot chase, Malcolm was arrested. When police officers searched Malcolm, they recovered a loaded 9mm handgun. Officers also seized Malcolm’s jacket, which matched the jacket described by the robbery victims that night.
“Anyone willing to rob a total stranger at gunpoint, let alone try it twice in a matter of minutes, is an obvious threat to our community,” said U.S. Attorney Romero. “The victim clerks in this case were on the job, just trying to make a living, when someone who’d rather steal money than earn it made them fear for their lives. We and our law enforcement partners are working to identify, prosecute, and lock up violent offenders like Michael Malcolm, to make the streets — and the stores — of Philadelphia safer for all.”
“The citizens who live and work in our community deserve to feel safe,” said Wayne A. Jacobs, Special Agent in Charge of FBI Philadelphia. “Through the diligent work and continued collaboration with our law enforcement partners, the FBI will continue to take violent criminals off our streets.”
“I would like to commend the diligent efforts of our law enforcement partners for swiftly bringing Michael Malcolm to justice,” said Philadelphia Police Commissioner Kevin Bethel. “These back-to-back armed robberies serve as a stark reminder of the importance of collaborative efforts in ensuring the safety and security of our communities. Through initiatives like Project Safe Neighborhoods, we remain steadfast in our commitment to reducing violent crime and fostering a safer environment for all. The significance of this sentencing cannot be overstated — it underscores the gravity of the defendant’s actions, and sends a clear message that such criminal behavior will not be tolerated in our city.”
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
The case was investigated by the FBI and the Philadelphia Police Department and prosecuted by Assistant United States Attorney Thomas M. Zaleski.
Chicago Man Caught with Stolen Firearm and Marijuana Sent to Prison for Possessing Firearm as a Prohibited PersonRead the Press Release
A man who possessed a firearm as a prohibited person was sentenced today to more than five years in federal prison.
Johnny Martell Brown, age 31, from Chicago, Illinois, received the prison term after an October 20, 2023 guilty plea to possessing a firearm as a felon and drug user.
In a plea agreement, Brown admitted that, on December 16, 2022, in Cedar Rapids, Iowa, law enforcement officers stopped a car that he was driving. Two minor children were also in the car. Officers searched the car and found a loaded stolen firearm and marijuana. In Brown’s underwear, officers discovered a Cheetos bag that contained marijuana. Brown admitted that he regularly smoked marijuana. He also has felony convictions for conspiracy to distribute heroin and possessing a controlled substance.
Brown was sentenced in Cedar Rapids by United States District Court Chief Judge C.J. Williams. Brown was sentenced to 57 months’ imprisonment and must also serve a three-year term of supervised release after the prison term. There is no parole in the federal system. Brown is being held in the United States Marshal’s custody until he can be transported to a federal prison.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
The case was prosecuted by Assistant United States Attorney Devra T. Hake and investigated by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives and the Cedar Rapids Police Department.
Court file information at https://ecf.iand.uscourts.gov/cgi-bin/login.pl.
The case file number is 23-CR-34.
Follow us on Twitter @USAO_NDIA.
Charlotte Man Convicted of Robbing Two Businesses Is Sentenced to Life in PrisonRead the Press Release
CHARLOTTE, N.C. – Today, U.S. District Judge Frank D. Whitney sentenced John Henry Moore, 60, of Charlotte, to life in prison for the armed robbery of two businesses, announced Dena J. King, U.S. Attorney for the Western District of North Carolina.
Robert M. DeWitt, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Charlotte Division, and Chief Johnny Jennings of the Charlotte Mecklenburg Police Department join U.S. Attorney King in making today’s announcement.
In October 2022, a federal jury convicted Moore of two counts of Hobbs Act robbery, possession of a firearm in furtherance of a crime of violence, and possession of a firearm by a convicted felon. Today, Moore received an enhanced sentence under the provision of the “Three Strikes” statute, which mandates a sentence of life in prison for defendants previously convicted, on separate occasions, of two or more serious violent felonies.
According to filed court documents, evidence presented at trial, and today’s court proceedings, on December 1, 2018, Moore robbed a Spectrum store located at 2222 South Boulevard, in Charlotte. Trial evidence established that Moore entered the store at approximately 8:00 p.m. and brandished a firearm to employees who were working at the time. Moore then ordered the employees to hand over cash from the registers and Moore fled the scene. Trial evidence established that Moore left behind an umbrella which he had used to prop the door open during the robbery. That umbrella was later tested by the FBI and found to contain DNA which matched the defendant.
According to trial evidence and witness testimony, on December 10, 2018, Moore returned to the same area and robbed the Publix Super Market also located at 2222 South Boulevard, in Charlotte. Trial evidence showed that Moore walked into the store, approached a store employee and demanded cash. During the robbery, Moore kept his hand in his pocket and threatened the employee, warning the victim to not “get shot.” The employee handed Moore cash and Moore fled the scene.
According to trial evidence, law enforcement identified Moore as the person who committed the two robberies. On December 12, 2018, law enforcement executed a search warrant at Moore’s residence, seizing a loaded firearm with an obliterated serial number and clothing that matched the description of the items Moore wore during the robberies.
Moore was subject to the mandatory life sentence based on his extensive history involving multiple federal bank robbery convictions. Specifically, Moore previously robbed a bank in Georgia (2004) and three banks in South Carolina (1995) and was on federal supervised release for the latter of those convictions when he carried out the robberies in Charlotte for which he was sentenced today. Moreover, at the time Moore executed the bank robberies in Georgia and South Carolina, he was on federal supervised release for robbing two banks in Charlotte and a bank in Rock Hill, S.C. (1989).
In making today’s announcement, U.S. Attorney King thanked the FBI and CMPD for their investigation of the case.
Assistant U.S. Attorney Lawrence Cameron of the U.S. Attorney’s Office in Charlotte prosecuted the case.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
Charleston Man Sentenced to Serve 8 Years in Federal Prison for Selling FentanylRead the Press Release
CAPE GIRARDEAU – U.S. Attorney Sayler A. Fleming announced Tuesday that a man from Charleston, Missouri was sentenced to eight years in prison for the offense of distribution of fentanyl.
Kyrron Haynes, 29, appeared Monday before U.S. District Judge Audrey G. Fleissig at the federal courthouse in Cape Girardeau.
At his guilty plea hearing last year, Haynes admitted that he sold a quantity of fentanyl to an individual in Charleston on two separate occasions in March 2023. Unbeknownst to Haynes, the buyer was working as an informant for the Drug Enforcement Administration (DEA). At the time of the offenses, Haynes was on parole supervision through the State of Missouri for a prior drug-trafficking conviction. After serving the 8-year sentence, Haynes will be placed on supervised release for three years.
The DEA, the Sikeston Department of Public Safety and the Southeast Missouri Drug Task Force investigated the case. Assistant U.S. Attorney Jack Koester prosecuted the case.
California man convicted in cryptocurrency money laundering conspiracy and for importing controlled substancesRead the Press Release
TYLER, Texas – A San Francisco, California man has pleaded guilty to federal violations in the Eastern District of Texas, announced U.S. Attorney Damien M. Diggs.
John Khuu, 28, pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering, conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, and importation of MDMA before U.S. Magistrate Judge John D. Love on March 26, 2024.
According to information presented in court, Khuu conspired with others to launder the proceeds of his drug trafficking organization through cryptocurrency. Khuu imported and distributed counterfeit pharmaceutical pills and other controlled substances on dark web markets (DWMs) and elsewhere to customers across the United States. Customers paid for their purchases by transferring cryptocurrency, usually Bitcoin (BTC), from their DWM customer accounts to one of Khuu’s vendor accounts. Khuu and his co-conspirators traded the BTC for U.S. currency and laundered and transmitted the proceeds through hundreds of transactions and dozens of financial accounts.
Khuu was indicted on May 18, 2022, in the Eastern District of Texas and charged with conspiracy to commit money laundering. On August 17, 2022, Khuu was indicted in the Northern District of California and charged with unlawful importation of a Schedule I controlled substance. On August 19, 2022, agents arrested Khuu pursuant to both warrants at a residence in Garden Grove, CA.
Khuu faces up to 20 years in federal prison at sentencing. The maximum statutory sentence prescribed by Congress is provided here for information purposes, as the sentencing will be determined by the court based on the advisory sentencing guidelines and other statutory factors. A sentencing hearing will be scheduled after the completion of a presentence investigation by the U.S. Probation Office.
This effort is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) operation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level criminal organizations that threaten the United States using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach. Additional information about the OCDETF Program can be found at https://www.justice.gov/OCDETF.
The cases were investigated by the U.S. Secret Service, U.S. Postal Inspection Service, and Homeland Security Investigations, San Francisco, and were prosecuted by Assistant U.S. Attorneys D. Ryan Locker and Nathaniel C. Kummerfeld for the Eastern District of Texas, and Assistant U.S. Attorney Charles Bisesto for the Northern District of California.
###
California Man Sentenced to More Than 13 Years for Distributing Child Sexual Abuse Material Using Stolen Online Identity, Ordered to Pay $81,500 in Restitution to Child VictimsRead the Press Release
Jacksonville, Florida – United States District Judge Marcia Morales Howard has sentenced Jason Charles Nicholas (54, Ramona, California) to 13 years and 4 months in federal prison for distributing child sexual abuse material over the internet using a stolen online identity. Nicholas was also ordered to serve a 10-year term of supervised release, register as a sex offender, and pay $81,500 in restitution to child victims. Nicholas was arrested in San Diego County, California on September 21, 2023, and detained. He was subsequently transported to Jacksonville for prosecution.
According to court documents, on August 3, 2023, an undercover FBI agent (UC) in the Jacksonville area, posing as the parent of a minor “child,” was investigating individuals on a particular social media application (app) who were attempting to sexually exploit children. The UC began a private conversation on the app with user “cldad,” who was later identified as Nicholas. Nicholas was using an online identity stolen from a resident of northeast Florida, and Nicholas indicated his desire to meet the UC at a residence in Florida to have sex with the “child.” However, Nicholas abruptly changed this plan and began threatening to expose the UC’s purported criminal conduct unless the UC streamed live video of the “child” to Nicholas. The UC refused. Nicholas later apologized for making these threats, and online conversations between him and the UC continued for several weeks. Nicholas told the UC about his longtime practice of brushing up against and taking surreptitious photos of young girls and women in public places (Nicholas referred to these as “creep shots”), and that he had purportedly sexually abused a young child after overdosing the child with medication. Nicholas also sent the UC several photos of young women that he had digitally altered and sexualized to make them appear pornographic.
During an online conversation on August 17, 2023, Nicholas sent the UC six videos and two photos that depicted young children being sexually abused. Further investigation by the FBI led to the identification of Nicholas. On September 21, 2023, FBI agents, with assistance from the San Diego County Sheriff’s Office, arrested Nicholas as he was driving to his workplace.
When interviewed, Nicholas admitted that he had sent the videos and photos depicting the sexual abuse of minors to the UC using the app and by email, that his sexual attraction to children was “complicated,” and that he had been downloading child sexual abuse materials “for a long time.” A search of Nicholas’s cellphone revealed that it contained at least 2,500 explicit videos, many of which depicted the sexual abuse of young children, infants, and toddlers.
This case was investigated by the Clay County Sheriff’s Office, the San Diego County Sheriff’s Office, the St. Johns County Sheriff’s Office, and the Federal Bureau of Investigation in Jacksonville and San Diego. It was prosecuted by Assistant United States Attorney D. Rodney Brown.
This is another case brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative launched in 2006 by the Department of Justice to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse. Led by the United States Attorneys’ Offices and the Criminal Division’s Child Exploitation and Obscenity Section, Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to locate, apprehend, and prosecute individuals who sexually exploit children, and to identify and rescue child victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.
Big Stone Gap Man to Serve Almost 9 Years in Prison for Meth PossessionRead the Press Release
ABINGDON, Va. – A Big Stone Gap, Virginia man, who fled from police during a traffic stop before ultimately being found with more than 50 grams of methamphetamine in his car, was sentenced last week to 107 months in federal prison.
Joshua Derrick Ellis Vanover, 35, pled guilty to possession with the intent to distribute methamphetamine and was sentenced on March 15, 2024.
According to court documents, on February 26, 2023, officers with the Big Stone Gap Police Department attempted to conduct a traffic stop on a vehicle driven by Vanover, but he failed to stop and a high-speed pursuit ensued. When his vehicle finally came to a stop, Vanover was arrested, and a search of his person revealed a large bag of methamphetamine hidden inside his boxer shorts. A subsequent search of his vehicle revealed two large bags of methamphetamine, digital scales, several empty baggies, and syringes. Vanover admitted he fled from police because he knew he was wanted, had drugs on him, and did not want to go back to jail. Vanover’s serious and significant criminal history, including prior drug-related convictions, were aggravating factors considered at his sentencing hearing.
United States Attorney Christopher R. Kavanaugh, Virginia Attorney General Jason Miyares, and Craig B. Kailimai, Special Agent in Charge of the Washington Field Division of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, made the announcement.
The ATF, the Big Stone Gap Police Department, the Wise County Sheriff’s Office, and the Drug Enforcement Administration all assisted throughout the course of the investigation.
Special Assistant U.S. Attorney M. Suzanne Kerney-Quillen, a Virginia Senior Assistant Attorney General assigned to the Attorney General’s Major Crimes and Emerging Threats Section, prosecuted the case for the United States.
Bahamian National Charged and Arrested for Role in Fatal Human Smuggling ConspiracyRead the Press Release
MIAMI – An indictment was unsealed in the Southern District of Florida today charging a Bahamian national for his alleged role in a human smuggling conspiracy that resulted in multiple migrant deaths.
As a result of extensive coordination and cooperation between U.S. and Bahamian authorities, Vandrick Nelson Smith, also known as Muggy and Vans, 33, was arrested on March 6 in the Bahamas pursuant to a request by the United States involving charges filed under seal in the Southern District of Florida in November 2023.
According to court documents, Smith was allegedly involved in a human smuggling organization that attempted to bring migrants illegally from The Bahamas to the United States by boat. The migrants were nationals of Colombia, Jamaica, the Dominican Republic, and Haiti, among other countries. The migrants (or their families and friends) allegedly paid the organization money to be smuggled to the United States. As described below, the indictment alleges that Smith was personally involved in three maritime human smuggling incidents — including one that resulted in five deaths.
“Human smuggling ventures put people’s lives at risk for the sake of profit,” said U.S. Attorney Markenzy Lapointe for the Southern District of Florida. “Human smugglers prey on the migrants’ hopes for a better life. Tragically, the smugglers’ exploits pose a grave danger to migrants. The U.S. Attorney’s Office will continue to work with our partners to prosecute those who carry out illicit human smuggling operations to protect vulnerable migrants and save lives.”
“Vandrick Smith has been charged with organizing dangerous human smuggling operations, sending migrants from The Bahamas to Florida by boat. As alleged in the indictment, the human smuggling organization’s efforts turned deadly, when a boat carrying migrants capsized in January 2022,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division. “Human smugglers exploit desperate people for money, and the consequences can be tragic. The Criminal Division is committed to combating human smuggling organizations that prey on and endanger vulnerable migrants, wherever they operate.”
Smith allegedly was involved in three maritime human smuggling events that occurred on or about March 6, 2021; Jan. 22, 2022; and Aug. 8, 2022. On the evening of Jan. 22, 2022, the indictment alleges that numerous migrants boarded a vessel in The Bahamas destined for Florida. Shortly after the vessel’s departure, the engines allegedly stopped functioning and the vessel capsized. On Jan. 25, 2022, the U.S. Coast Guard rescued the sole surviving migrant, who was found clinging to the top of the overturned vessel.
“Homeland Security Investigations remains dedicated to working with our domestic and international partners to bring to justice reckless criminals who prioritize financial gain over people’s lives and safety,” said Special Agent in Charge Anthony Salisbury of Homeland Security Investigations (HSI) Miami. “The risks associated with maritime human smuggling ventures are extreme. We urge the public to avoid embarking on these journeys with dangerous criminal organizations, which often result in tragedy.”
Smith is charged with five counts of attempting to bring noncitizens to the United States resulting in death stemming from the January 2022 venture. He is also charged with conspiring to bring noncitizens to the United States for profit, placing in jeopardy the life of noncitizens and resulting in death; attempting to bring noncitizens to the United States for profit; and attempting to aid and assist certain noncitizens to enter the United States. If convicted of attempting to bring noncitizens to the United States resulting in death, Smith faces a maximum penalty of life in prison.
HSI Fort Pierce and the HSI Assistant Attaché in Nassau, The Bahamas, investigated the case, with assistance from HSI Miami, the U.S. Coast Guard, the Brevard County Sheriff’s Office, and the Brevard County Medical Examiner’s Office. The Justice Department’s Office of International Affairs provided significant support with foreign legal assistance requests and securing the arrest. The Justice Department thanks the Royal Bahamas Police Force, The Bahamas’ Office of the Attorney General, The Bahamas Ministry of Foreign Affairs, The Bahamas Immigration Department, and The Bahamas Department of Public Prosecutions for their assistance in the case.
The investigation is being conducted under the Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT) program, a joint partnership between the Justice Department’s Criminal Division and HSI. The ECT program focuses on human smuggling networks that may present particular national security or public safety risks, or present grave humanitarian concerns. ECT has dedicated investigative, intelligence, and prosecutorial resources. ECT coordinates and receives assistance from other U.S. government agencies and foreign law enforcement authorities.
Assistant U.S. Attorney Justin Hoover for the Southern District of Florida and Trial Attorney Marie Zisa of the Criminal Division’s Human Rights and Special Prosecutions Section are prosecuting the case.
An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or at http://pacer.flsd.uscourts.gov.
###
Bahamian National Charged and Arrested for Role in Fatal Human Smuggling ConspiracyRead the Press Release
Remote video URL
An indictment was unsealed in the Southern District of Florida today charging a Bahamian national for his alleged role in a human smuggling conspiracy that resulted in multiple migrant deaths.As a result of extensive coordination and cooperation between U.S. and Bahamian authorities, Vandrick Nelson Smith, also known as Muggy and Vans, 33, was arrested on March 6 in The Bahamas pursuant to a request by the United States involving charges filed under seal in the Southern District of Florida in November 2023.
According to court documents, Smith was allegedly involved in a human smuggling organization that attempted to bring migrants illegally from The Bahamas to the United States by boat. The migrants were nationals of Colombia, Jamaica, the Dominican Republic, and Haiti, among other countries. The migrants (or their families and friends) allegedly paid the organization money to be smuggled to the United States. As described below, the indictment alleges that Smith was personally involved in three maritime human smuggling incidents — including one that resulted in five deaths.
“Vandrick Smith has been charged with organizing dangerous human smuggling operations, sending migrants from The Bahamas to Florida by boat,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division. “As alleged in the indictment, the human smuggling organization’s efforts turned deadly, when a boat carrying migrants capsized in January 2022. Human smugglers exploit desperate people for money, and the consequences can be tragic. The Criminal Division is committed to combating human smuggling organizations that prey on and endanger vulnerable migrants, wherever they operate.”
Smith allegedly was involved in three maritime human smuggling events that occurred on or about March 6, 2021; Jan. 22, 2022; and Aug. 8, 2022. On the evening of Jan. 22, 2022, the indictment alleges that numerous migrants boarded a vessel in The Bahamas destined for Florida. Shortly after the vessel’s departure, the engines allegedly stopped functioning and the vessel capsized. On Jan. 25, 2022, the U.S. Coast Guard rescued the sole surviving migrant, who was found clinging to the top of the overturned vessel.
“Human smuggling ventures put people’s lives at risk for the sake of profit,” said U.S. Attorney Markenzy Lapointe for the Southern District of Florida. “Human smugglers prey on the migrants’ hopes for a better life. Tragically, the smugglers’ exploits pose a grave danger to migrants. The U.S. Attorney’s Office will continue to work with our partners to prosecute those who carry out illicit human smuggling operations to protect vulnerable migrants and save lives.”
“Homeland Security Investigations remains dedicated to working with our domestic and international partners to bring to justice reckless criminals who prioritize financial gain over people’s lives and safety,” said Special Agent in Charge Anthony Salisbury of Homeland Security Investigations (HSI) Miami. “The risks associated with maritime human smuggling ventures are extreme. We urge the public to avoid embarking on these journeys with dangerous criminal organizations, which often result in tragedy.”
Smith is charged with five counts of attempting to bring noncitizens to the United States resulting in death stemming from the January 2022 venture. He is also charged with conspiring to bring noncitizens to the United States for profit, placing in jeopardy the life of noncitizens and resulting in death; attempting to bring noncitizens to the United States for profit; and attempting to aid and assist certain noncitizens to enter the United States. If convicted of attempting to bring noncitizens to the United States resulting in death, Smith faces a maximum penalty of life in prison.
HSI Fort Pierce and the HSI Assistant Attaché in Nassau, The Bahamas, investigated the case, with assistance from HSI Miami, U.S. Coast Guard, Brevard County Sheriff’s Office, and Brevard County Medical Examiner’s Office. The Justice Department’s Office of International Affairs provided significant support with foreign legal assistance requests and securing the arrest. The Justice Department thanks the Royal Bahamas Police Force, The Bahamas’ Office of the Attorney General, The Bahamas Ministry of Foreign Affairs, The Bahamas Immigration Department, and The Bahamas Department of Public Prosecutions for their assistance in the case.
The investigation is being conducted under the Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT) program, a joint partnership between the Justice Department’s Criminal Division and HSI. The ECT program focuses on human smuggling networks that may present particular national security or public safety risks, or present grave humanitarian concerns. ECT has dedicated investigative, intelligence, and prosecutorial resources. ECT coordinates and receives assistance from other U.S. government agencies and foreign law enforcement authorities.
Trial Attorney Marie Zisa of the Criminal Division’s Human Rights and Special Prosecutions Section and Assistant U.S. Attorney Justin Hoover for the Southern District of Florida are prosecuting the case.
An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
IndictmentArkansas Residents Indicted for Conspiring to Distribute Methamphetamine in Eastern OklahomaRead the Press Release
MUSKOGEE, OKLAHOMA – The United States Attorney’s Office for the Eastern District of Oklahoma announced that Rito Alvarado-Gomez, age 36, of Hope, Arkansas; Jose Alberto Alvarado-Gomez, age 33, of Hope, Arkansas; Ricardo Villeda, age 25, of Little Rock, Arkansas; Iris Yoselin Luna-Herrera, age 26, of Hope, Arkansas; and Ana Isabel Frayre Barboza, age 37, of Hope, Arkansas; were each indicted for Drug Conspiracy, In addition to the Drug Conspiracy charges, Rito Alvarado-Gomez, Jose Alberto Alvarado-Gomez, Ricardo Villeda, and Iris Yoselin Luna-Herrera are charged with Distribution of Methamphetamine. If convicted, defendants each face mandatory minimum sentences of not less than 10 years imprisonment, and up to a $10,000,000 fine. A federal district court judge will determine any sentence after considering the sentencing guidelines and other statutory factors.
The Indictment alleges that beginning in 2018, and continuing until March 2024, in the Eastern District of Oklahoma and elsewhere, the defendants willfully and knowingly combined, conspired, confederated, and agreed together, and with others known and unknown to the Grand Jury, to commit offenses against the United States, namely the possession with intent to distribute and distribution of methamphetamine.
The charges arose from a joint investigation led by the Drug Enforcement Administration, along with the Bureau of Indian Affairs, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, the Oklahoma Bureau of Narcotics, the 8th North Drug Task Force out of Hope, Arkansas, and the 9th West Drug Task Force out of Nashville, Arkansas. Additionally, several law enforcement agencies contributed to this investigation, including the Arkansas State Police, the Hope Police Department, and the McCurtain County Sheriff’s Office.
This effort is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) operation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level criminal organizations that threaten the United States by using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach. Additional information about the OCDETF Program can be found at https://www.justice.gov/OCDETF.
A grand jury Indictment does not constitute evidence of guilt. A grand jury Indictment is a method of bringing formal charges against the defendant. All defendants are presumed innocent of the charges and may not be found guilty unless evidence establishes guilt beyond a reasonable doubt.
Assistant United States Attorneys Erin Cornell and Jordan Howanitz are prosecuting this case on behalf of the United States.
Ardmore Resident Sentenced to 12 Years for Multiple Counts of Distributing MethamphetamineRead the Press Release
MUSKOGEE, OKLAHOMA – The United States Attorney’s Office for the Eastern District of Oklahoma announced that Justin Earl Wilson, age 38, of Ardmore, Oklahoma, was sentenced to 151 months in prison for five counts of distributing methamphetamine. The sentences are set to be served concurrently.
The charges arose from an investigation by the Carter County Sheriff’s Office, the Oklahoma Bureau of Narcotics, and the Drug Enforcement Administration.
On July 6, 2023, Wilson pleaded guilty to distributing methamphetamine. According to investigators, in late 2021 and early 2022, Wilson distributed methamphetamine on five separate occasions from two houses located in Ardmore, Oklahoma.
The Honorable Ronald A. White, U.S. Chief Judge in the United States District Court for the Eastern District of Oklahoma, presided over the hearing. Wilson was remanded into the custody of the U.S. Marshal pending transportation to a designated United States Bureau of Prisons facility to serve a non-paroleable sentence of incarceration.
Assistant United States Attorney Richard J. Lorenz represented the United States.
$700,000 Casino Heist Indictment Filed in Federal CourtRead the Press Release
GRAND RAPIDS, MICHIGAN — U.S. Attorney for the Western District of Michigan Mark Totten today announced that a federal grand jury has returned an indictment charging Jesus Gaytan-Garcia with one count of interstate transportation of stolen money and one count of theft from the Hartford location of the Four Winds Casino, which is owned and operated by the Pokagon Band of Potawatomi Indians. Gaytan-Garcia made his initial appearance on the two-count Indictment today.
“This case demonstrates the need for all businesses, organizations, and citizens in the Western District and beyond to be diligent and cautious about phone and internet scams,” said U.S. Attorney Totten. “Thanks to the persistent and dedicated investigators at the Pokagon Tribal Police Department and FBI, we were able to identify Mr. Gaytan-Garcia as one of the perpetrators of this theft-scam and he will be held to account for this brazen crime.”
As previously outlined in a criminal complaint, the allegations are that on July 30, 2023, a call came into the Hartford Four Winds Casino. The caller falsely claimed that he was the tribal chairperson and needed funds to make an urgent payment. A casino supervisory employee, apparently misled by the caller’s fraudulent claims, gathered up $700,000 in cash and walked out of the casino. At the direction of the caller, the employee transported the cash to a gas station in Gary, Indiana, where the employee then handed the money over two unknown individuals.
After a months-long investigation, the FBI and Pokagon Tribal Police were able to identify Jesus Gaytan-Garcia as one of the individuals who allegedly met the casino employee at the gas station and received the $700,000. Investigators conducted a search of Mr. Gaytan-Garcia’s home, where they located a bundle of cash still wrapped in a paper band which was stamped with the word “Hartford,” the location of the victimized Four Winds Casino, and the exact date of the theft, July 30, 2023.
“Today’s indictment is the result of the persistent and collaborative efforts of our federal partners and the Pokagon Tribal Police,” said Pokagon Tribal Police Chief Mario RedLegs. “Not only does this move us closer to holding those accountable for the theft from Four Winds Hartford, but it also sends a clear message that the Pokagon Band will not tolerate criminal activity of any kind at our casinos.”
“Today’s indictment is a major step in bringing healing to the Pokagon Tribal community,” said Cheyvoryea Gibson, Special Agent in Charge of the FBI in Michigan. “Anyone who conspires to commit these large-scale thefts will answer to the law and our office, along with our partners, will be there to hold them accountable.”
This case was investigated by the Pokagon Band Tribal Police and the FBI.
The charges in the Indictment are merely accusations, and the defendant is presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.
###
Monday 25 March 2024
Woman Indicted for Trafficking in Counterfeit GoodsRead the Press Release
NEW ORLEANS, LOUISIANA – BIANCA DAVIS, age 33, a resident of New Orleans, was indicted on March 22, 2024 for Trafficking in Counterfeit Goods, in violation of Title 18, United States Code, Section 2320(a)(1).
According to the indictment, between on or about July 26, 2022, and November 10, 2023, DAVIS intentionally trafficked in handbags and wallets, knowing that they bore counterfeit marks falsely indicating that these goods were manufactured by Louis Vuitton, Gucci, Dior, Coach, and Yves Saint Laurent. If convicted, DAVIS faces up to 10 years imprisonment, up to a $2,000,000.00 fine, up to 3 years of supervised release, and a mandatory $100 special assessment fee.
U.S. Attorney Evans reiterated that the indictment is merely a charge and that the guilt of the defendant must be proven beyond a reasonable doubt.
The case was investigated by the United States Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations. Assistant United States Attorney Troy L. Bell of the Violent Crime Unit is in charge of the prosecution.
Woman Facing Federal Charges for Murdering Her Two Young SonsRead the Press Release
ALBUQUERQUE – A woman is facing federal charges for murdering her two young children on the Isleta Pueblo. Mariah Zuni, 32, of Isleta Village, appeared in federal court for an initial appearance today and will remain in temporary custody pending a detention hearing, which is scheduled for March 27, 2024.
The criminal complaint alleges that on March 21, 2024, Zuni used a bread knife to slit the throats of her 5-year-old son and 9-month-old son in their residence located on the Isleta Pueblo.
If convicted of the current charges, Zuni faces life in prison.
U.S. Attorney Alexander M.M. Uballez, Uballez and Raul Bujanda, Special Agent in Charge of the FBI Albuquerque Field Office, made the announcement today.
This case is being investigated by the FBI Albuquerque Field Office with assistance from the Isleta Police Department. Assistant United States Attorney Caitlin L. Dillon is prosecuting the case.
A criminal complaint is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
# # #
Westbank Man Indicted for Federal Drug and Gun ViolationsRead the Press Release
NEW ORLEANS - United States Attorney Duane A. Evans announced that TYRIQUE RICHARDS, age 27, of Violet, La., was indicted on March 8, 2024, for possession with intent to distribute cocaine and marijuana, in violation of Title 21, United States Code, Sections 841(a)(1), 841(b)(1)(C), and 841(b)(1)(D), and possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime, in violation of Title 18, United States Code, Section 924(c)(1)(A)(i).
The indictment alleges that on February 27, 2024, RICHARDS, possessed cocaine and marijuana with the intent to distribute, a handgun in furtherance of that drug trafficking offense, and a weight scale.
If convicted of possession with intent to distribute, RICHARDS faces a maximum of twenty (20) years imprisonment, a fine of up to $1,000,000.00, and at least three (3) years of supervised release. If convicted of possession a firearm in furtherance of a drug trafficking crime, he faces a minimum of five (5) years and a maximum of life imprisonment, which must be served consecutively with any other count, a fine of up to $250,000, and up to five (5) years of supervised release. RICHARDS also faces payment of a mandatory special assessment fee of $200.00.
U.S. Attorney Evans reiterated that the indictment is merely a charge and that the guilt of the defendant must be proven beyond a reasonable doubt.This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
U.S. Attorney Evans praised the work of the Federal Bureau of Investigation in investigating this matter. The case is being prosecuted by Special Assistant U.S. Attorney Nicholas Rayburn of the Violent Crime Unit.
Utah County Businessman Accused of Scamming $1.8M in COVID-19 Relief Funds is Arrested and Charged FederallyRead the Press Release
SALT LAKE CITY, Utah – A Utah County businessman was arrested today after he was indicted by a federal grand jury in Salt Lake City on March 20, 2024, for wire fraud. Robert Blake Molling, 41, of Lehi, Utah, is accused of fraudulently obtaining over $1.8 million in federal government disaster relief funds.
According to court documents, from March 2020 to April 2022, Molling fraudulently applied for COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL) funds for two of his companies. These were funds Congress allocated for the Small Business Administration to provide low-interest loans to eligible small businesses going through financial disruption due to the COVID-19 pandemic. Molling lied about his criminal history – falsely claiming that he had no criminal convictions other than minor vehicle violations. In furtherance of the crime, Molling caused multiple wire transfers via interstate commerce, and fraudulently obtained some $1,868,100 in EIDL loan funds and advances he was not eligible to receive.
Molling is charged with seven counts of wire fraud. His initial court appearance on the indictment is scheduled for March 26, 2024, at 2:15 p.m. in courtroom 8.4 before a U.S. Magistrate Judge at the Orrin G. Hatch United States District Courthouse in downtown Salt Lake City.
U.S. Attorney, Trina A. Higgins, of the District of Utah made the announcement.
Special Assistant United States Attorney Sachi Jepson and Assistant United States Attorney Michael Thorpe of the U.S. Attorney’s Office for the District of Utah are prosecuting the case.
The Utah Federal COVID-19 Fraud Strike Force is investigating the case, which includes Homeland Security Investigations (HSI), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Office of Inspector General’s U.S. Small Business Administration (SBA), Department of Defense (DOD), U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), U.S. Department of Labor (DOL), and the U.S. Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA). The public is encouraged to share information about the abuse of the Paycheck Protection Program or other SBA programs by submitting a complaint here.
On May 17, 2021, the Attorney General established the COVID-19 Fraud Enforcement Task Force to marshal the resources of the Department of Justice in partnership with agencies across government to enhance efforts to combat and prevent pandemic-related fraud. The Task Force bolsters efforts to investigate and prosecute the most culpable domestic and international criminal actors and assists agencies tasked with administering relief programs to prevent fraud by augmenting and incorporating existing coordination mechanisms, identifying resources and techniques to uncover fraudulent actors and their schemes, and sharing and harnessing information and insights gained from prior enforcement efforts. For more information on the department’s response to the pandemic, please visit https://www.justice.gov/coronavirus and https://www.justice.gov/coronavirus/combatingfraud
Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Two Charlotte Men Face Federal Charges for Scheme That Involved Buying and Selling Stolen High-End VehiclesRead the Press Release
CHARLOTTE, N.C. – A newly unsealed federal indictment charges two individuals for their roles in a conspiracy to buy and sell stolen high-end vehicles worth millions of dollars, announced Dena J. King, U.S. Attorney for the Western District of North Carolina. The defendants are also charged with gun offenses.
Robert M. DeWitt, Special Agent in Charge of the FBI in North Carolina, and Chief Johnny Jennings of the Charlotte Mecklenburg Police Department (CMPD) join U.S. Attorney King in making today’s announcement.
Andre Lamar Sumner, 41, and Erren Woodson, 39, both of Charlotte, are charged in a conspiracy to transport, possess, and sell stolen vehicles in interstate commerce, and to possess with intent to sell vehicles with altered Vehicle Identification Numbers (VINs). Both defendants are also charged with possession of a stolen vehicle and possession of a firearm in furtherance of drug trafficking activities. Sumner is also charged with trafficking in motor vehicles with an altered VIN.
The indictment alleges that, between 2022 and 2024, Sumner, Woodson and others conspired to buy and sell high-end motor vehicles that were stolen from car dealerships, rental car companies, and private parties across the United States, including North Carolina, South Carolina, Florida, Alabama, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York and Missouri. As alleged in the indictment, Sumner operated as a “fence” in the conspiracy, buying and selling the stolen motor vehicles. A fence is someone who assists in finding or dealing with buyers for stolen properties. To maximize profits, Sumner sought to fence high-end stolen vehicles such as luxury models made by BMW, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz and Rolls-Royce, as well as trucks and other expensive modes from Chevrolet, Dodges, Ford and RAM. According to allegations in the indictment the conspiracy involved stolen vehicles worth millions of dollars.
The indictment further alleges that Sumner sold the stolen cars to buyers at prices significantly below the vehicles’ fair market values. To avoid detection and to maximize the stolen vehicles’ resale values, Sumner and others regularly altered the stolen vehicles’ original VINs and fraudulently registered the stolen vehicles with various state motor vehicle agencies. According to allegations in the indictment, Woodson purchased stolen vehicles from Sumner and sought potential buyers for Sumner’s stolen vehicles.
The indictment alleges that, during the scheme, Sumner and Woodson were also engaged in the distribution of narcotics and unlawfully possessed a variety of firearms, including handguns, shotguns and rifles, in furtherance of their drug trafficking activities.
The charges in the indictment are allegations and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty beyond reasonable doubt in a court of law.
The conspiracy charge carries a maximum penalty of five years. Each charge of possession of a stolen vehicle and trafficking in motor vehicles with an altered VIN carries a statutory maximum penalty of 10 years in prison. The charge of possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime carries a maximum penalty of life in prison.
This is the third indictment filed in U.S. District Court in Charlotte related to trafficking in stolen vehicles. Five individuals were indicted in August 2023, for stealing luxury vehicles from dealerships throughout the United States. Two additional individuals were indicted in November 2023, for orchestrating high-end auto thefts from businesses in South Carolina.
U.S. Attorney King thanked the FBI and CMPD for their investigation of the case.
Assistant U.S. Attorneys William Bozin and Daniel Ryan of the U.S. Attorney’s Office in Charlotte are prosecuting the case.
Tulsa Man Sentenced After Attempting to Light Victim on FireRead the Press Release
Today, U.S. District Judge J. Phillip Calabrese sentenced Martin Andrew Breshears, 56, Tulsa to 120 months imprisonment, followed by 3 years of supervised release for Assault with Intent to Commit Murder in Indian Country.
In June 2022, Breshears assaulted the wheelchair-confined victim on two separate occasions. The first assault was with a brick. During the second assault, Breshears kicked in the victim’s door and repeatedly hit him with a lead pipe. Then Breshears doused the house and victim with lighter fluid and lit the porch on fire. Officers detained Brehsears near the fire and he admitted to assaulting the victim. A witness saw the assault, called 911, and put out the fire saving the victim.
Breshears is a citizen of Muscogee (Creek) Nation. He will remain in custody pending transfer to the U.S. Bureau of Prisons.
The FBI and Tulsa Police Department investigated the case. Assistant U.S. Attorney Ammon Brisolara prosecuted the case.
Tucker Man Pleads Guilty to Enticement of a Minor on the Choctaw Indian ReservationRead the Press Release
Jackson, Miss. - A Tucker man pleaded guilty in federal court today to enticement of a minor.
According to court documents, Antonio Deron Wallace, 35, used Facebook Messenger to entice a minor to meet him for the purpose of engaging in sexual activity. Court records show that the offense occurred in the Tucker Community of the Choctaw Indian Reservation in 2019.
In 2021, Wallace was indicted by a federal grand jury for enticement of a minor.
Wallace is scheduled to be sentenced on June 24, 2024, and faces not less than ten years and up to life in prison. A federal district judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
U.S. Attorney Todd W. Gee and Acting Special Agent in Charge Maher Dimachkie of the Federal Bureau of Investigation made the announcement.
The Choctaw Police Department and the Federal Bureau of Investigation investigated the case.
Assistant U.S. Attorney Kevin J. Payne and Special Assistant U.S. Attorney Brian K. Burns prosecuted the case.
This case was brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse launched in May 2006 by the Department of Justice. Led by U.S. Attorneys' Offices and the Criminal Division's Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS), Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to better locate, apprehend and prosecute individuals who exploit children via the Internet as well as to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.projectsafechildhood.gov.
Three Individuals Admit Tax Evasion and Other Charges after Defrauding More Than 100 Victims of over $4.5 Million Dollars in Romance Fraud SchemeRead the Press Release
CAMDEN, N.J. – A husband and wife, formerly of Burlington County, New Jersey, and a third codefendant have pleaded guilty to tax evasion and other charges related to their roles in accepting millions of dollars in a romance fraud, after their conspirators met and wooed the victims on online dating sites, U.S. Attorney Philip R. Sellinger announced.
Martins Friday Inalegwu, 35, formerly of Maple Shade, New Jersey, pleaded guilty today to an information charging him with one count of conducting an unlawful money transmitting business and four counts of tax evasion. Inalegwu’s wife, Steincy Mathieu, 27, also formerly of Maple Shade, pleaded guilty on Nov. 28, 2023, to two counts of an indictment charging her with tax evasion. Oluwaseyi Fatolu, 56, of Springfield, New Jersey, pleaded guilty on Jan. 8, 2024, to a count of the indictment charging her with operating an unlawful money transmitting business. All three defendants pleaded guilty before U.S. District Judge Christine P. O’Hearn in Camden federal court.
U.S. Attorney Philip R. Sellinger“These defendants took advantage of more than 100 vulnerable victims, preying on their loneliness to convince them to send money to scammers the victims believed were romantic partners. In this way, they stole millions of dollars. This conspiracy involved swindling, illegal money transfers and tax evasion. Our office will always be ready to work with our law enforcement partners to root out these schemes and bring the perpetrators to justice.”
“All fraud schemes hurt victims who end up losing part or all of their hard-earned fortunes, savings or retirements,” FBI – Newark Special Agent in Charge James E. Dennehy said. “However, romance scams take on an insidious level of harm. Few of us would want to admit we fell for this type of scam, but we’re all human and scammers prey on that fact. The subjects are owning up to their crimes, but it may not provide much solace for the victims left broke and heartbroken.”
“Martins Inalegwu and his co-conspirators face serious justice for stealing hard-earned money from more than 100 victims who were unaware their relationship was part of a financial fraud or romance scam,” HSI Newark acting Special Agent in Charge Michael Alfonso said. “As always, we urge the public to remain cautious when communicating online, know the tips to recognize a scam and report any suspicious activity to law enforcement. HSI Newark, along with our law enforcement partners, remains committed to dismantling criminal networks attempting to operate financial fraud schemes.”
“Romance scams can prove costly in terms of money, but they also cause great emotional harm to victims and their families,” Tammy Tomlins, Special Agent in Charge of IRS – Criminal Investigation, Newark Field Office, said. “The defendants cheated honest taxpayers out of millions and cheated the United States government by evading their tax liability. Today’s guilty plea demonstrates how IRS – Criminal Investigation special agents and our law enforcement partners continue to use our financial expertise to identify and investigate these types of schemes.”
“Romance scams frequently target elderly or vulnerable citizens and are particularly egregious crimes,” Postal Inspector in Charge, Christopher A. Nielsen, Philadelphia Division, said. “Let this investigation put fraudsters on notice that with our law enforcement partners, the Postal Inspection Service will investigate and pursue those individuals who scam, harass, and steal from the American people.”
According to the documents filed in this case and statements made in court:
From October 2016 to May 13, 2020, Inalegwu, Mathieu and their conspirators, several of whom reside in Nigeria, participated in an online romance scheme, defrauding more than 100 victims throughout the country. The conspirators made initial contact with victims through on-line dating and social media websites, corresponded with victims via email and phone, pretended to strike up a romantic relationship with victims, wooed them with words of love, and then requested the victims send money to them, or their associates, for fictitious emergency needs. In all instances, the individuals whom the victims believed they were speaking to did not exist, and instead they were speaking to the conspirators of this scheme.
At the conspirators’ directions, victims wired money to bank accounts held by Inalegwu and Mathieu in the United States, and also mailed checks directly to Inalegwu and Mathieu. Some victims transferred money to Inalegwu and Mathieu via money transfer services, such as Western Union or MoneyGram, and others wired money to bank accounts held by conspirators overseas.
Federal law enforcement agents have identified more than 100 victims, who sent over $4.5 million directly to Inalegwu and Mathieu, and several million more to conspirators. In turn, Inalegwu and Mathieu spent the victims’ money on personal expenses, withdrew money in cash, transferred money to other bank accounts they personally controlled, and transferred money to bank accounts in Nigeria and Turkey. Inalegwu used the unlawful money transmitting service provided by Fatolu to unlawfully transfer a portion of the victim money to these foreign accounts. Inalegwu and Mathieu failed to pay any taxes on the millions of dollars they accepted from victims.
Each count of tax evasion is punishable by a maximum of five years in prison and a $250,000 fine. Each count of conducting an unlawful money transmitting business is punishable by a maximum of five years in prison and a $250,000 fine.
U.S. Attorney Philip R Sellinger credited special agents of the FBI, under the direction of Acting Special Agent in Charge James E. Dennehy in Newark; special agents of Homeland Security Investigations Newark, under the direction of Acting Special Agent in Charge Michael Alfonso; special agents of IRS-Criminal Investigation, under the direction of Special Agent in Charge Tammy Tomlins; postal inspectors of the U.S. Postal Inspection Service under the direction of Inspector in Charge Christopher A. Nielsen, Philadelphia Division; and special agents of the United States Attorney’s Office, under the direction of Special Agent in Charge Thomas Mahoney, with the investigation leading to the guilty pleas.
The government is represented by Assistant U.S. Attorney Martha K. Nye of the U.S. Attorney’s Office in Trenton.
inalegwu.sinformation.pdfThibodaux Man Indicted for Aggravated Identity Theft, Providing False Statement to a Firearms Dealer, and Providing False Statement to a Federal AgencyRead the Press Release
NEW ORLEANS – U.S. Attorney Duane A. Evans announced that on March 22, 2024, a federal grand jury indicted BRETT GABRIEL (“GABRIEL”), age 31, of Thibodaux, La., for aggravated identity theft, providing a false statement during the acquisition of a firearm, and providing a false statement to an agency of the United States.
According to court documents, GABRIEL used stolen identity information to purchase a firearm and to obtain fraudulent paycheck protection program loan proceeds administered by the federal government.
The maximum penalty for the firearm offense is ten years imprisonment and/or a fine of $250,000 or the greater of twice the gross gain to the defendant or twice the gross loss to the victim, and up to three years of supervised release. The maximum penalty for the false statement offense is five years imprisonment and/or a fine of $250,000 or the greater of twice the gross gain to the defendant or twice the gross loss to the victim, and up to three years of supervised release. As to these two offenses, GABRIEL also faces payment of a mandatory special assessment fee of one hundred dollars. For the aggravated identity offense, the penalty is a mandatory minimum sentence of two years of imprisonment, to run consecutively to any other term of imprisonment imposed.
U.S. Attorney Evans reiterated that the indictment is merely a charge and that the guilt of the defendant must be proven beyond a reasonable doubt.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
On May 17, 2021, the Attorney General established the COVID-19 Fraud Enforcement Task Force to marshal the resources of the Department of Justice in partnership with agencies across government to enhance efforts to combat and prevent pandemic-related fraud. The Task Force bolsters efforts to investigate and prosecute the most culpable domestic and international criminal actors and assists agencies tasked with administering relief programs to prevent fraud by, among other methods, augmenting and incorporating existing coordination mechanisms, identifying resources and techniques to uncover fraudulent actors and their schemes, and sharing and harnessing information and insights gained from prior enforcement efforts. For more information on the Department’s response to the pandemic, please visit https://www.justice.gov/coronavirus
Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form
U.S. Attorney Evans praised the work of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, the United States Secret Service, and the Terrebonne Parish Sheriff’s Office in investigating this matter. Assistant United States Attorney Richard R. Pickens, II of the Financial Crimes Unit is in charge of the prosecution.
The U.S. Justice Department Seeks Court Order to Stop CDCR from Requiring Correctional Officers to Violate Religious BeliefsRead the Press Release
SACRAMENTO, Calif. — The U.S. Justice Department today challenged the California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) on its denial of religious accommodations for correctional officers of various faiths, including Sikhs and Muslims, who wear facial hair as an expression of their faith. CDCR generally prohibits correctional officers from wearing beards, and the action seeks a temporary court order allowing these officers to wear beards while CDCR fully assesses options for providing them with religious accommodations while complying with California safety regulations.
“Our district is one of the most diverse in the country, with communities of many different faiths practicing customs that are central to their beliefs. The action brought today is an important use of the federal civil rights laws to protect this religious expression,” said U.S. Attorney Phillip A. Talbert for the Eastern District of California. “My office will continue to work hand in hand with the Civil Rights Division to ensure that individuals of all faiths can receive due consideration for appropriate religious accommodations at workplaces in this District.”
“Sikhs, Muslims and employees of other minority faiths should not be forced to choose between the practice of their faith and their jobs,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke of the Justice Department’s Civil Rights Division. “Religious freedom and religious accommodation are bedrock principles of our democracy. We are taking action to ensure that the rights of employees of minority faiths are respected and accommodated in the workplace. As faith communities celebrate Ramadan and other important holidays across religions in the coming weeks, the Justice Department will continue to combat religious discrimination in the workplace.”
The department’s action, filed in the U.S. District Court for the Eastern District of California, alleges that although many officers had performed their jobs successfully for years while wearing facial hair, CDCR implemented a revised facial hair policy last year and, since then, has repeatedly denied religious accommodation requests, forcing officers to shave their beards or lose their jobs. The affected officers have been forced to violate core tenets of their faiths and have suffered shame and humiliation among their religious communities, including being shunned from houses of worship and denied participation in religious ceremonies, such as family weddings.
Since CDCR implemented its revised facial hair policy, numerous officers have filed charges of religious discrimination with the U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) under Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VII). Because the EEOC’s investigation remains ongoing, the department is seeking relief in its requested court order only until the EEOC finishes its full investigation or until CDCR can otherwise show the court it has met its religious accommodation obligations under Title VII. The department’s complaint alleges that CDCR has failed to meaningfully consider the range of options proposed by the charging parties or those used by other correctional institutions to accommodate officers’ religious beliefs while meeting safety requirements. The department asks the Court to order CDCR to stop enforcing its facial hair policy against officers who request to wear a beard because of their religious beliefs and engage in good faith discussions with officers about possible reasonable accommodations that would allow officers to safely do their jobs and adhere to their religious beliefs.
Employees with complaints of religious discrimination can report them to their local EEOC office or their state or local fair employment practices agencies. The contact information for each local EEOC office can be found at http://www.eeoc.gov/field-office">www.eeoc.gov/field-office.
Trial Attorneys Alicia Johnson and Sharion Scott of the Civil Rights Division’s Employment Litigation Section and Assistant U.S. Attorney Robert Fuentes for the Eastern District of California are handling the case.
The full and fair enforcement of Title VII is a top priority of the Justice Department’s Civil Rights Division. More information about the Civil Rights Division and the Employment Litigation Section is available at www.justice.gov/crt/ and www.justice.gov/crt/employment-litigation-section.
usa_v_cdcr_complaint_3-25-24.pdfTangipahoa Parish Man Charged with Violating Federal Controlled Substance and Federal Gun Control ActsRead the Press Release
NEW ORLEANS, LOUISIANA – MICHAEL LACAVA, age 42, a resident of Tangipahoa Parish, was indicted on March 22, 2024, for possessing with intent to distribute fifty grams or more of methamphetamine, in violation of 21 U.S.C. §§ 841(a)(1) and 841(b)(1)(B), and possessing firearms as a felon, in violation of 18 U.S.C. §§ 922(g)(1) and 924(a)(8), announced U.S. Attorney Duane A. Evans.
If convicted of the drug count, LACAVA faces a mandatory minimum term of imprisonment of 5 years, up to 40 years imprisonment, a fine of up to $5,000,000, and at least 4 years of supervised release. If convicted of the gun count, he faces a up to 15 years imprisonment, a fine of up to $250,000, and up to 3 years of supervised release. As to each count, he also faces payment of a $100 mandatory special assessment fee.
According to court documents, on March 12, 2024, Drug Enforcement Administration agents executed a search pursuant to a federal search warrant on LACAVA’s residence. While there, they found approximately 300 grams of methamphetamine and two firearms.
U.S. Attorney Evans reiterated that the indictment is merely a charging document and that the guilt of the defendant must be proven beyond a reasonable doubt.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
This case was investigated by the Drug Enforcement Administration. The prosecution is being handled by Assistant United States Attorney Lauren Sarver of the Narcotics Unit.
Stratford Man Who Sexually Exploited Girls Online Sentenced to 11 Years in Federal PrisonRead the Press Release
Vanessa Roberts Avery, United States Attorney for the District of Connecticut, announced that ALEXANDER DILELLA, 24, of Stratford, was sentenced today by U.S. District Judge Stefan R. Underhill in Bridgeport to 132 months of imprisonment, followed by seven years of supervised release, for child exploitation offenses related to his sexual exploitation of girls across the country through Snapchat and other online applications. Judge Underhill also ordered Dilella to pay $24,000 in restitution.
According to court documents and statements made in court, in 2020 and 2021, Dilella used various online applications, including Snapchat, FaceTime, and Omegle to communicate with at least nine minor girls across the country, some as young as 12 and 13 years old, and manipulate them to engage in sexual activity while livestreaming, and to send him explicit images and videos of themselves. Dilella also sent sexually explicit images of himself to several of minor victims.
During one Snapchat exchange with a 14-year-old victim in Colorado, Dilella referred to the girl as a “child porn slave” and demanded that she send him a sexually explicit image of herself, which she did. Dilella also attempted to meet a 16-year-old victim in Stratford to engage in sex acts with him, but they could not agree on a location. When the victim suggested they meet in her basement, Dilella declined because he felt was a “trap.”
On May 24, 2021, investigators seized Dilella’s iPhone. Analysis of the phone revealed videos of prepubescent children being sexually abused.
Dilella was arrested on May 4, 2022. On November 8, 2023, he pleaded guilty to receipt of child pornography and possession of child pornography.
Dilella, who is released on a $250,000 bond, is required to report to prison on May 15.
This matter was investigated by Homeland Security Investigations (HSI), with the assistance of the Stratford and Milford Police Departments. The case was prosecuted by Assistant U.S. Attorney Angel M. Krull.
This prosecution is part of the U.S. Department of Justice’s Project Safe Childhood Initiative, which is aimed at protecting children from sexual abuse and exploitation. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.
To report cases of child exploitation, please visit www.cybertipline.com.
St. Tammany Man Indicted for Federal Drug and Gun OffensesRead the Press Release
NEW ORLEANS, LOUISIANA – United States Attorney Duane A. Evans announced that RICARDO JORDAN, age 21, of St. Tammany Parish, was indicted on March 14, 2024, for distribution of fentanyl, in violation of Title 21, United States Code, Sections 841(a)(1) and 841(b)(1)(B); possession with intent to distribute fentanyl, in violation of Title 21, United States Code, Sections 841(a)(1) and 841(b)(1)(B); and possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime, in violation of Title 18, United States Code 924(c)(1)(A).
According to the indictment, on August 3, 2023, August 10, 2023, and September 19, 2023, JORDAN allegedly distributed more than 40 grams of fentanyl. Additionally, on September 28, 2023 JORDAN allegedly possessed 40 grams or more of fentanyl, with the intent to distribute, as well as possessing a firearm in furtherance of that drug trafficking crime.
If convicted of the drug counts, JORDAN faces a mandatory minimum term of imprisonment of five years and up to a maximum term of imprisonment of forty years, a fine of up to $5,000,000.00, and at least four years of supervised release following any term of imprisonment. If convicted of the firearm count, JORDAN faces a mandatory minimum term of imprisonment of five years to run consecutive to any other sentence imposed, a fine of up to $250,000.00, and up to five years of supervised release following any term of imprisonment. As to each count, JORDAN also faces payment of a $100 mandatory special assessment fee.
U.S. Attorney Evans reiterated that the indictment is merely a charging document and that the guilt of the defendant must be proven beyond a reasonable doubt.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
The case was investigated by Homeland Security Investigations and the Louisiana State Police. The prosecution is being handled by Assistant United States Attorney Briana Williams of the Narcotics Unit.
Seven-Time Convicted Felon Indicted for Possession of Firearm and AmmunitionRead the Press Release
Orlando, Florida – United States Attorney Roger B. Handberg announces the return of an indictment charging Darryl James London (46, Orlando) with possessing a firearm and ammunition as a convicted felon. If convicted, London faces a maximum penalty of 15 years in federal prison. The indictment also notifies London that the United States intends to forfeit the seized firearm, ammunition, and any assets which are alleged to be traceable to proceeds of the offense.
According to the indictment, between 2001 and 2022, London was convicted of seven felony offenses. Despite knowing this fact, London possessed a Charter Arms revolver and ammunition on November 14, 2023. As a convicted felon, London is prohibited from possessing firearms or ammunition under federal law.
An indictment is merely a formal charge that a defendant has committed one or more violations of federal criminal law, and every defendant is presumed innocent unless, and until, proven guilty.
This case was investigated by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, with valuable assistance from the Orlando Police Department. It will be prosecuted by Assistant United States Attorney Richard Varadan.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
Seven Hackers Associated with Chinese Government Charged with Computer Intrusions Targeting Perceived Critics of China and U.S. Businesses and PoliticiansRead the Press Release
Note: Concurrent with this announcement, the U.S. Department of the Treasury imposed sanctions against two of the defendants, and the U.S. Department of State announced a Reward for Justice up to $10 million for information on these individuals, their organization, and associated entities.
See also the UK Government attribution statement; the National Cyber Security Centre statement; and the U.S. State Department's diplomatic statement from the Office of the Spokesperson.
View the indictment here.An indictment was unsealed today charging seven nationals of the People’s Republic of China (PRC) with conspiracy to commit computer intrusions and conspiracy to commit wire fraud for their involvement in a PRC-based hacking group that spent approximately 14 years targeting U.S. and foreign critics, businesses, and political officials in furtherance of the PRC’s economic espionage and foreign intelligence objectives.
The defendants are Ni Gaobin (倪高彬), 38; Weng Ming (翁明), 37; Cheng Feng (程锋), 34; Peng Yaowen (彭耀文), 38; Sun Xiaohui (孙小辉), 38; Xiong Wang (熊旺), 35; and Zhao Guangzong (赵光宗), 38. All are believed to reside in the PRC.
“The Justice Department will not tolerate efforts by the Chinese government to intimidate Americans who serve the public, silence the dissidents who are protected by American laws, or steal from American businesses,” said Attorney General Merrick B. Garland. “This case serves as a reminder of the ends to which the Chinese government is willing to go to target and intimidate its critics, including launching malicious cyber operations aimed at threatening the national security of the United States and our allies.”
“Over 10,000 malicious emails, impacting thousands of victims, across multiple continents. As alleged in today’s indictment, this prolific global hacking operation – backed by the PRC government – targeted journalists, political officials, and companies to repress critics of the Chinese regime, compromise government institutions, and steal trade secrets,” said Deputy Attorney General Lisa Monaco. “The Department of Justice will relentlessly pursue, expose, and hold accountable cyber criminals who would undermine democracies and threaten our national security.”
"Today's announcement exposes China's continuous and brash efforts to undermine our nation's cybersecurity and target Americans and our innovation,” said FBI Director Christopher Wray. "As long as China continues to target the US and our partners, the FBI will continue to send a clear message that cyber espionage will not be tolerated, and we will tirelessly pursue those who threaten our nation’s security and prosperity. This indictment underscores our unwavering commitment to disrupt and deter malicious cyber activity, and safeguard our citizens, businesses, and critical infrastructure from threats in cyberspace."
“The indictment unsealed today, together with statements from our foreign partners regarding related activity, shed further light on the PRC Ministry of State Security’s aggressive cyber espionage and transnational repression activities worldwide,” said Assistant Attorney General Matthew G. Olsen of the Justice Department’s National Security Division. “Today’s announcements underscore the need to remain vigilant to cybersecurity threats and the potential for cyber-enabled foreign malign influence efforts, especially as we approach the 2024 election cycle. The Department of Justice will continue to leverage all tools to disrupt malicious cyber actors who threaten our national security and aim to repress fundamental freedoms worldwide.”
“These allegations pull back the curtain on China’s vast illegal hacking operation that targeted sensitive data from U.S. elected and government officials, journalists, and academics; valuable information from American companies; and political dissidents in America and abroad. Their sinister scheme victimized thousands of people and entities across the world, and lasted for well over a decade,” said U.S. Attorney Breon Peace for the Eastern District of New York. “America’s sovereignty extends to its cyberspace. Today’s charges demonstrate my office’s commitment to upholding and protecting that jurisdiction, and to putting an end to malicious nation state cyber activity.”
“The recent indictments against the Chinese actors reaffirm the FBI’s relentless dedication to combating cyber threats,” said Assistant Director Bryan Vorndran of the FBI Cyber Division. “They serve as a reminder that cyber adversaries who seek to compromise our nation’s systems and target US officials cannot rely on the cloak of anonymity and will face consequences for their actions.”
“APT31 Group’s practices further demonstrate the size and scope of the PRC’s state-sponsored hacking apparatus,” said Special Agent in Charge Robert W. “Wes” Wheeler Jr. of the FBI Chicago Field Office. “FBI Chicago worked tirelessly to uncover this complex web of alleged foreign intelligence and economic espionage crimes. Thanks to these efforts, as well as our partnerships with the U.S. Attorneys’ Offices and fellow Field Offices, the FBI continues to be successful in holding groups accountable and protecting national security.”
Overview
As alleged in the indictment and court filings, the defendants, along with dozens of identified PRC Ministry of State Security (MSS) intelligence officers, contractor hackers, and support personnel, were members of a hacking group operating in the PRC and known within the cybersecurity community as Advanced Persistent Threat 31 (the APT31 Group). The APT31 Group was part of a cyberespionage program run by the MSS’s Hubei State Security Department, located in the city of Wuhan. Through their involvement with the APT31 Group, since at least 2010, the defendants conducted global campaigns of computer hacking targeting political dissidents and perceived supporters located inside and outside of China, government and political officials, candidates, and campaign personnel in the United States and elsewhere and American companies.
The defendants and others in the APT31 Group targeted thousands of U.S. and foreign individuals and companies. Some of this activity resulted in successful compromises of the targets’ networks, email accounts, cloud storage accounts, and telephone call records, with some surveillance of compromised email accounts lasting many years.
Hacking Scheme
The more than 10,000 malicious emails that the defendants and others in the APT31 Group sent to these targets often appeared to be from prominent news outlets or journalists and appeared to contain legitimate news articles. The malicious emails contained hidden tracking links, such that if the recipient simply opened the email, information about the recipient, including the recipient’s location, internet protocol (IP) addresses, network schematics, and specific devices used to access the pertinent email accounts, was transmitted to a server controlled by the defendants and those working with them. The defendants and others in the APT31 Group then used this information to enable more direct and sophisticated targeted hacking, such as compromising the recipients’ home routers and other electronic devices.
The defendants and others in the APT31 Group also sent malicious tracking-link emails to government officials across the world who expressed criticism of the PRC government. For example, in or about 2021, the conspirators targeted the email accounts of various foreign government individuals who were part of the Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), a group founded in 2020 on the anniversary of the 1989 Tiananmen Square protests whose stated purpose was to counter the threats posed by the Chinese Communist Party to the international order and democratic principles. The targets included every European Union member of IPAC, and 43 United Kingdom parliamentary accounts, most of whom were members of IPAC or had been outspoken on topics relating to the PRC government.
To gain and maintain access to the victim computer networks, the defendants and others in the APT31 Group employed sophisticated hacking techniques including zero-day exploits, which are exploits that the hackers became aware of before the manufacturer, or the victim were able to patch or fix the vulnerability. These activities resulted in the confirmed and potential compromise of economic plans, intellectual property, and trade secrets belonging to American businesses, and contributed to the estimated billions of dollars lost every year as a result of the PRC’s state-sponsored apparatus to transfer U.S. technology to the PRC.
Targeting of U.S. Government Officials and U.S. and Foreign Politicians and Campaigns
The targeted U.S. government officials included individuals working in the White House, at the Departments of Justice, Commerce, Treasury, and State, and U.S. Senators and Representatives of both political parties. The defendants and others in the APT31 Group targeted these individuals at both professional and personal email addresses. Additionally in some cases, the defendants also targeted victims’ spouses, including the spouses of a high-ranking Department of Justice official, high-ranking White House officials, and multiple U.S. Senators. Targets also included election campaign staff from both major U.S. political parties in advance of the 2020 election.
The allegations in the indictment regarding the malicious cyber activity targeting political officials, candidates, and campaign personnel are consistent with the March 2021 Joint Report of the Department of Justice and the Department of Homeland Security on Foreign Interference Targeting Election Infrastructure or Political Organization, Campaign, or Candidate Infrastructure Related to the 2020 US Federal Elections. That report cited incidents when Chinese government-affiliated actors “materially impacted the security of networks associated with or pertaining to U.S. political organizations, candidates, and campaigns during the 2020 federal elections.” That report also concluded that “such actors gathered at least some information they could have released in influence operations,” but which the Chinese actors did not ultimately deploy in such a manner. Consistent with that conclusion, the indictment does not allege that the hacking furthered any Chinese government influence operations against the United States. The indictment’s allegations nonetheless serve to underscore the need for U.S. (and allied) political organizations, candidates, and campaigns to remain vigilant in their cybersecurity posture and in otherwise protecting their sensitive information from foreign intelligence services, particularly in light of the U.S. Intelligence Community’s recent assessment that “[t]he PRC may attempt to influence the U.S. elections in 2024 at some level because of its desire to sideline critics of China and magnify U.S. societal divisions.”
Targeting of U.S. Companies
The defendants and others in the APT31 Group also targeted individuals and dozens of companies operating in areas of national economic importance, including the defense, information technology, telecommunications, manufacturing and trade, finance, consulting, legal, and research industries. The defendants and others in the APT31 Group hacked and attempted to hack dozens of companies or entities operating in these industries, including multiple cleared defense contractors who provide products and services to the U.S. military, multiple managed service providers who managed the computer networks and security for other companies, a leading provider of 5G network equipment, and a leading global provider of wireless technology, among many others.
Targeting for Transnational Repression of Dissidents
The defendants and the APT31 Group also targeted individual dissidents around the world and other individuals who were perceived as supporting such dissidents. For example, in 2018, after several activists who spearheaded Hong Kong’s Umbrella Movement were nominated for the Nobel Peace Prize, the defendants and the APT31 Group targeted Norwegian government officials and a Norwegian managed service provider. The conspirators also successfully compromised Hong Kong pro-democracy activists and their associates located in Hong Kong, the United States, and other foreign locations with identical malware.
The charged defendants’ roles in the conspiracy consisted of testing and exploiting the malware used to conduct these intrusions, managing infrastructure associated with these intrusions, and conducting surveillance and intrusions against specific U.S. entities. For example:
- Cheng Feng, Sun Xiaohui, Weng Ming, Xiong Wang, and Zhao Guangzong were involved in testing and exploiting malware, including malware used in some of these intrusions.
- Cheng and Ni Gaobin managed infrastructure associated with some of these intrusions, including the domain name for a command-and-control server that accessed at least 59 unique victim computers, including a telecommunications company that was a leading provider of 5G network equipment in the United States, an Alabama-based research corporation in the aerospace and defense industries, and a Maryland-based professional support services company.
- Sun and Weng operated the infrastructure used in an intrusion into a U.S. company known for its public opinion polls. Sun and Peng Yaowen conducted research and reconnaissance on several additional U.S. entities that were later the victims of the APT31 Group’s intrusion campaigns.
- Ni and Zhao sent emails with links to files containing malware to PRC dissidents, specifically Hong Kong legislators and democracy advocates, as well as targeting U.S. entities focusing on PRC-related issues.
Assistant U.S. Attorneys Douglas M. Pravda, Saritha Komatireddy, and Jessica Weigel for the Eastern District of New York are prosecuting the case, with valuable assistance from Matthew Anzaldi and Matthew Chang of the National Security Division’s National Security Cyber Section.
An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Seven Hackers Associated with Chinese Government Charged with Computer Intrusions Targeting Perceived Critics of China and U.S. Businesses and PoliticiansRead the Press Release
BROOKLYN, NY – An indictment was unsealed today charging seven nationals of the People’s Republic of China (PRC) with conspiracy to commit computer intrusions and conspiracy to commit wire fraud for their involvement in a PRC-based hacking group that spent approximately 14 years targeting U.S. and foreign critics, businesses and political officials in furtherance of the PRC’s economic espionage and foreign intelligence objectives.
The defendants are Ni Gaobin (倪高彬), Weng Ming (翁明), Cheng Feng (程锋), Peng Yaowen (彭耀文), Sun Xiaohui (孙小辉), Xiong Wang (熊旺), and Zhao Guangzong (赵光宗).
Merrick B. Garland, United States Attorney General; Breon Peace, United States Attorney for the Eastern District of New York; Lisa O. Monaco, United States Deputy Attorney General; Matthew G. Olsen, Assistant Attorney General of the Justice Department’s National Security Division; James Smith, Assistant Director-in-Charge, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI), and Robert W. “Wes” Wheeler, Jr., Special Agent-in-Charge, FBI, Chicago Field Office (FBI), announced the indictment.
“The Justice Department will not tolerate efforts by the Chinese government to intimidate Americans who serve the public, silence the dissidents who are protected by American laws, or steal from American businesses,” said Attorney General Merrick B. Garland. “This case serves as a reminder of the ends to which the Chinese government is willing to go to target and intimidate its critics, including launching malicious cyber operations aimed at threatening the national security of the United States and our allies.”
“These allegations pull back the curtain on China’s vast illegal hacking operation that targeted sensitive data from U.S. elected and government officials, journalists and academics; valuable information from American companies; and political dissidents in America and abroad. Their sinister scheme victimized thousands of people and entities across the world, and lasted for well over a decade,” stated U.S. Attorney Peace. “America’s sovereignty extends to its cyberspace. Today’s charges demonstrate my Office’s commitment to upholding and protecting that jurisdiction, and to putting an end to malicious nation state cyber activity.”
“Over 10,000 malicious emails, impacting thousands of victims, across multiple continents. As alleged in today’s indictment, this prolific global hacking operation – backed by the PRC government – targeted journalists, political officials, and companies to repress critics of the Chinese regime, compromise government institutions, and steal trade secrets,” said Deputy Attorney General Lisa Monaco. “The Department of Justice will relentlessly pursue, expose, and hold accountable cyber criminals who would undermine democracies and threaten our national security.”
“The indictment unsealed today, together with statements from our foreign partners regarding related activity, shed further light on the PRC Ministry of State Security’s aggressive cyber espionage and transnational repression activities worldwide,” said Assistant Attorney General Matthew G. Olsen of the Justice Department’s National Security Division. “Today’s announcements underscore the need to remain vigilant to cybersecurity threats and the potential for cyber-enabled foreign malign influence efforts, especially as we approach the 2024 election cycle. The Department of Justice will continue to leverage all tools to disrupt malicious cyber actors who threaten our national security and aim to repress fundamental freedoms worldwide.”
“These defendants were part of a Chinese government sponsored hacking group, targeting U.S. businesses and U.S. political officials for intrusion for over a decade as part of a larger, malicious global campaign. These charges are yet another example of hostile actions taken by the PRC to attack not only American businesses and infrastructure, but the security of our nation. FBI New York is united with our partners - internationally, federally, and the private sector – to protect our common goals and ideals from antagonistic nation state actors,” stated FBI Assistant Director-in-Charge Smith.
“APT31 Group’s practices further demonstrate the size and scope of the PRC’s state-sponsored hacking apparatus,” said Robert W. “Wes” Wheeler, Jr., Special Agent-in-Charge of the Chicago Field Office of the FBI. “FBI Chicago worked tirelessly to uncover this complex web of alleged foreign intelligence and economic espionage crimes. Thanks to these efforts, as well as our partnerships with the U.S. Attorney’s Offices and fellow Field Offices, the FBI continues to be successful in holding groups accountable and protecting national security.”
Overview
As alleged in the indictment and court filings, the defendants, along with dozens of identified PRC Ministry of State Security (MSS) intelligence officers, contractor hackers, and support personnel, were members of a hacking group operating in the PRC and known within the cyber security community as Advanced Persistent Threat 31 (the APT31 Group). The APT31 Group was part of a cyberespionage program run by the MSS’s Hubei State Security Department, located in the city of Wuhan. Through their involvement with the APT31 Group, since at least 2010, the defendants conducted global campaigns of computer hacking targeting political dissidents and perceived supporters located inside and outside of China, government and political officials, candidates and campaign personnel in the United States and elsewhere, and American companies.
The defendants and others in the APT31 Group targeted thousands of U.S. and foreign individuals and companies. Some of this activity resulted in successful compromises of the targets’ networks, email accounts, cloud storage accounts, and telephone call records, with some surveillance of compromised email accounts lasting many years.
Hacking Scheme
The more than 10,000 malicious emails that the defendants and others in the APT31 Group sent to these targets often appeared to be from prominent news outlets or journalists and appeared to contain legitimate news articles. The malicious emails contained hidden tracking links, such that if the recipient simply opened the email, information about the recipient, including the recipient’s location, internet protocol (IP) addresses, network schematics, and specific devices used to access the pertinent email accounts, was transmitted to a server controlled by the defendants and those working with them. The defendants and others in the APT31 Group then used this information to enable more direct and sophisticated targeted hacking, such as compromising the recipients’ home routers and other electronic devices.
The defendants and others in the APT31 Group also sent malicious tracking-link emails to government officials across the world who expressed criticism of the PRC government. For example, in or about 2021, the Conspirators targeted the email accounts of various foreign government individuals world who were part of the Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), a group founded in 2020 on the anniversary of the 1989 Tiananmen Square protests whose stated purpose was to counter the threats posed by the Chinese Communist Party to the international order and democratic principles. The targets included every European Union member of IPAC, and 43 United Kingdom parliamentary accounts, most of whom were members of IPAC or had been outspoken on topics relating to the PRC government.
To gain and maintain access to the victim computer networks, the defendants and others in the APT31 Group employed sophisticated hacking techniques including zero-day exploits, which are exploits that the hackers became aware of before the manufacturer or the victim were able to patch or fix the vulnerability. These activities resulted in the confirmed and potential compromise of economic plans, intellectual property, and trade secrets belonging to American businesses, and contributed to the estimated billions of dollars lost every year as a result of the PRC’s state-sponsored apparatus to transfer U.S. technology to the PRC.
Targeting of U.S. Government Officials and U.S. and Foreign Politicians and Campaigns
The targeted U.S. government officials included individuals working in the White House, at the Departments of Justice, Commerce, Treasury, and State, and U.S. Senators and Representatives of both political parties. The defendants and others in the APT31 Group targeted these individuals at both professional and personal email addresses. Additionally in some cases, the defendants also targeted victims’ spouses, including the spouses of a high-ranking Department of Justice official, high-ranking White House officials, and multiple United States Senators. Targets also included election campaign staff from both major U.S. political parties in advance of the 2020 election.
The allegations in the indictment regarding the malicious cyber activity targeting political officials, candidates, and campaign personnel are consistent with the March 2021 Joint Report of the Department of Justice and the Department of Homeland Security on Foreign Interference Targeting Election Infrastructure or Political Organization, Campaign, or Candidate Infrastructure Related to the 2020 US Federal Elections. That report cited incidents when Chinese government-affiliated actors “materially impacted the security of networks associated with or pertaining to US political organizations, candidates, and campaigns during the 2020 federal elections.” That report also concluded that “such actors gathered at least some information they could have released in influence operations,” but which the Chinese actors did not ultimately deploy in such a manner. Consistent with that conclusion, the indictment does not allege that the hacking furthered any Chinese government influence operations against the U.S. The indictment’s allegations nonetheless serve to underscore the need for U.S. and allied political organizations, candidates, and campaigns to remain vigilant in their cybersecurity posture and in otherwise protecting their sensitive information from foreign intelligence services, particularly in light of the U.S. Intelligence Community’s recent assessment that “[t]he PRC may attempt to influence the U.S. elections in 2024 at some level because of its desire to sideline critics of China and magnify U.S. societal divisions.”
Targeting of U.S. Companies
The defendants and others in the APT31 Group also targeted individuals and dozens of companies operating in areas of national economic importance, including the defense, information technology, telecommunications, manufacturing and trade, finance, consulting, legal, and research industries. The defendants and others in the APT31 Group hacked and attempted to hack dozens of companies or entities operating in these industries, including multiple cleared defense contractors who provide products and services to the U.S. military, multiple managed service providers who managed the computer networks and security for other companies, a leading provider of 5G network equipment, and a leading global provider of wireless technology, among many others.
Targeting for Transnational Repression of Dissidents
The defendants and the APT31 Group also targeted individual dissidents around the world and other individuals who were perceived as supporting such dissidents. For example, in 2018, after several activists who spearheaded Hong Kong’s Umbrella Movement were nominated for the Nobel Peace Prize, the defendants and the APT31 Group targeted Norwegian government officials and a Norwegian managed service provider. The conspirators also successfully compromised Hong Kong pro-democracy activists and their associates located in Hong Kong, the United States, and other foreign locations with identical malware.
The charged defendants’ roles in the conspiracy consisted of testing and exploiting the malware used to conduct these intrusions, managing infrastructure associated with these intrusions, and conducting surveillance and intrusions against specific U.S. entities. For example, defendants Cheng Feng, Sun Xiaohui, Weng Ming, Xiong Wang, and Zhao Guangzong were involved in testing and exploiting malware, including malware used in some of these intrusions. Cheng and Ni Gaobin managed infrastructure associated with some of these intrusions, including the domain name for a command-and-control server that accessed at least 59 unique victim computers, including a telecommunications company that was a leading provider of 5G network equipment in the United States, an Alabama-based research corporation in the aerospace and defense industries, and a Maryland-based professional support services company. Sun and Weng operated the infrastructure used in an intrusion into a U.S. company known for its public opinion polls. Sun and Peng Yaowen conducted research and reconnaissance on several additional U.S. entities that were later the victims of the APT31 Group’s intrusion campaigns. Ni and Zhao sent emails with links to files containing malware to PRC dissidents, specifically Hong Kong legislators and democracy advocates, as well as targeting U.S. entities focusing on PRC-related issues.
The government’s case is being prosecuted by the Office’s National Security and Cybercrime Section. Assistant United States Attorneys Douglas M. Pravda, Saritha Komatireddy, and Jessica Weigel are in charge of the prosecution, with assistance from Matthew Anzaldi and Matthew Chang of the National Security Division’s National Security Cyber Section and from the Office’s Litigation Analyst Mary Clare McMahon.
The Defendants:
Ni Gaobin (倪高彬)
Age: 38
People’s Republic of ChinaWeng Ming (翁明)
Age: 37
People’s Republic of ChinaCheng Feng (程锋)
Age: 34
People’s Republic of ChinaPeng Yaowen (彭耀文)
Age: 38
People’s Republic of ChinaSun Xiaohui (孙小辉)
Age: 38
People’s Republic of ChinaXiong Wang (熊旺)
Age: 35
People’s Republic of ChinaZhao Guangzong (赵光宗)
Age: 38
People’s Republic of ChinaE.D.N.Y. Docket No. 24-CR-42 (RER)
Sacramento Resident Charged with Abusive Sexual Contact of Airplane Passenger During International FlightRead the Press Release
SAN FRANCISCO – A federal grand jury indicted Rajesh Kumar Kapoor, charging him with sexual abuse of another passenger during an international flight, announced U.S. Attorney Ismail Ramsey and Federal Bureau of Investigation Special Agent in Charge Robert K. Tripp. Kapoor was arrested this morning, appeared before U.S. Magistrate Judge Laurel Beeler for his initial court appearance, and was released pending trial.
The indictment filed March 13, 2024, and unsealed earlier today, alleges that on January 16, 2024, Kapoor, 56, of Sacramento, Calif., was aboard a flight from the Republic of Korea to San Francisco when he engaged in abusive sexual contact with another passenger. Specifically, the indictment alleges Kapoor touched the victim’s breasts and inner thigh without the passenger’s permission.
Kapoor is charged with one count of abusive sexual contact, in violation of 18 U.S.C. § 2244(b) and 49 U.S.C. § 46506(1). Kapoor’s next court appearance is scheduled for May 9, 2024, before Senior United States District Judge Edward M. Chen, for a status conference.
An indictment merely alleges that crimes have been committed, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. If convicted, Kapoor faces a statutory maximum of two years’ imprisonment and a $250,000 fine. In addition, as part of any sentence a court may order an additional period of supervised release and restitution, if appropriate; however, any sentence following conviction would be imposed by the court after consideration of the U.S. Sentencing Guidelines, as applicable, and the federal statute governing the imposition of a sentence, 18 U.S.C. § 3553.
Special Assistant United States Attorney Matthew Chou is prosecuting this case with the assistance of Tina Rosenbaum and Marina Ponomarchuk. The prosecution is the result of an investigation by the Federal Bureau of Investigation.
Rochester woman pleads guilty to defrauding the IRS and NYS Tax Department during COVIDRead the Press Release
ROCHESTER, N.Y. - U.S. Attorney Trini E. Ross announced today that Melanie Armstrong, 55, of Rochester, NY, pleaded guilty before U.S. Magistrate Judge Marian W. Payson to wire fraud involving national emergency benefits, filing false claims against a government agency, and transfer of a means of identification. The charges carry a maximum penalty of 30 years in prison and a $1,000,000 fine.
Assistant U.S. Attorney Katelyn M. Hartford, who is handling the case, stated that between July 2020, and August 2021, Armstrong falsely applied for New York State Department of Labor unemployment benefits under the identities of others and fraudulently collected benefits in their names. Armstrong also collected unemployment benefits in her own name by falsely representing that she had no source of income. Armstrong received $131,400.10 in benefits that she was not lawfully entitled to receive. Armstrong also applied for, but did not receive, additional benefits, resulting in a total intended loss of $250,916.
In addition, between January 2019, and April 2023, Armstrong filed 19 false income tax returns with the Internal Revenue Service for herself, and family members and associates, claiming false and inflated wages and false and inflated federal income tax withholdings. As a result, the IRS issued tax refunds to Armstrong and the others totaling $101,255. Between January 2020, and April 2023, Armstrong also filed 17 false tax returns for herself, and family members and associates, with the New York State Department of Taxation and Finance, claiming false and inflated wages and false and inflated state income tax withholdings. Armstrong attempted to obtain $45,363 in fraudulent refunds, but actually received $18,758 in fraudulent refunds.
The plea is the result of an investigation by the U.S. Department of Labor, Office of Inspector General, under the direction of Jonathan Mellone, Special Agent-in-Charge, Northeast Region, the Internal Revenue Service-Criminal Investigations, under the direction of Special Agent-in-Charge Thomas M. Fattorusso, and the New York State Department of Taxation and Finance, under the direction of Acting Commissioner Amanda Hiller.
Sentencing will be scheduled a later date.
# # # #
Pine City Man Sentenced to 29 Years in Prison for Multi-Victim Child Exploitation and Child Pornography SchemeRead the Press Release
MINNEAPOLIS – A Pine City man has been sentenced to 350 months in prison followed by 12 years of supervised release for producing, receiving, and distributing images of child pornography, and coercing and enticing minors to engage in illegal sexual activity, announced U.S. Attorney Andrew M. Luger.“For years, Caleb McLaughlin used social media to groom, sexually exploit, and abuse hundreds of minor victims. He preyed upon the most vulnerable, with some victims as young as 11 or 12 years old,” said U.S. Attorney Luger. “Protecting Minnesota children from the trauma of sexual exploitation is a critical part of our mission, and I thank all of our partners in law enforcement for their diligence on this investigation.”
“When our children are victimized, the FBI and our law enforcement partners will do everything in our power to hold the perpetrators accountable," said Special Agent in Charge Alvin M. Winston Sr. of FBI Minneapolis. "Today’s sentence demonstrates our commitment to seek justice for our most innocent victims.”
According to his plea agreement and court documents, beginning in or about January 2019, Caleb Vincent McLaughlin, 26, used multiple social media accounts to solicit and direct over 200 minor victims to produce and send sexually explicit images, of whom 26 minors have been identified between the ages of 11 and 16 years old in Minnesota and Wisconsin. McLaughlin used a variety of aliases and Snapchat IDs including “Jake Benson,” “Lift11” or “Tech4cm,” in his scheme, and sometimes purported to be 17 years old to prey on minor girls he met online in order to entice and coerce them to create sexually explicit images and videos. McLaughlin targeted minor victims not only to obtain child pornography, but also to coerce minor victims to meet him in person so he could commit hands-on sexual abuse. McLaughlin offered minors drugs, alcohol, vape pens, cash, and gift cards in exchange for sex acts. Then McLaughlin documented that abuse by producing child pornography videos. McLaughlin also distributed numerous videos and images of child pornography, some of which was self-produced and depicted him sexually assaulting minor victims.
On October 11, 2023, McLaughlin pleaded guilty to two counts of production of child pornography, one count of receipt of child pornography, one count of distribution of child pornography, and one count of coercion and enticement of a minor. He was sentenced today by Chief Judge Patrick J. Schlitz, who remarked that the sentence was one of the longest he had ever imposed and called McLaughlin’s behavior, “shocking, even to someone like me, a federal judge who has been sentencing [child sex offenders] for over two decades.”
This case was brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse launched in May 2006 by the Department of Justice. Led by U.S. Attorney’s Offices and the Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS), Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to better locate, apprehend and prosecute individuals who exploit children via the Internet, as well as to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.
This case is the result of an investigation conducted by the FBI, with substantial assistance from the St. Paul Police Department, Pine County Sheriff's Office, and Hennepin County Sheriff’s Office.
Assistant U.S. Attorneys Hillary A. Taylor and Rachel L. Kraker prosecuted the case.
Philadelphia Man Sentenced to 160 Months in Prison for Attempted Sale of More Than A Pound of Crystal MethamphetamineRead the Press Release
WILMINGTON, Del. – David C. Weiss, U.S. Attorney for the District of Delaware, announced that a Philadelphia man was sentenced on March 21, 2024, to 160 months in federal prison for possessing more than a pound of crystal methamphetamine with intent to distribute. U.S. District Judge Maryellen Noreika pronounced the sentence.
According to court documents, in October 2022, Raymond Talley arrived at a Delaware hotel with more than a pound of crystal methamphetamine that he intended to sell to another drug dealer. When Mr. Talley entered the hotel lobby, however, he found law enforcement waiting for him. After a brief flight, Mr. Talley was arrested, and the crystal methamphetamine was recovered.
U.S. Attorney Weiss stated, “As the Court recognized at sentencing, this amount of methamphetamine could have harmed or killed many Delawareans. My office and our law enforcement partners will continue to work tirelessly to prevent those harms from befalling our State.”
“HSI Wilmington’s First State Border Enforcement Security Task Force, along with the Newport Police Department worked diligently to bring Mr. Talley to justice,” said Special Agent in Charge of HSI Philadelphia William S. Walker. “It is critically important that law enforcement continue to fight against the scourge of methamphetamine being trafficked in our communities. Through seamless cooperation and quick action, investigators and prosecutors worked together to bring this case to a successful conclusion.”
Assistant U.S. Attorneys Meredith C. Ruggles and Benjamin L. Wallace prosecuted the case, which was investigated by Homeland Security Investigations.
A copy of this press release is located on the website of the U.S. Attorney’s Office for the District of Delaware. Related court documents and information is located on the website of the District Court for the District of Delaware or on PACER by searching for Case No. 1:22-cr-00121.
Owasso Woman Pleads Guilty to Medicaid FraudRead the Press Release
OKLAHOMA CITY – Today, MELISSA FIKE, 52, of Owasso, Oklahoma, pleaded guilty to two counts of health care fraud, announced U.S. Attorney Robert J. Troester.
On March 6, 2024, Fike was charged with two counts of health care fraud. According to the Information, in 2018 Fike contracted as a licensed behavioral health practitioner for two Oklahoma counseling service providers, located in Coweta and Tulsa. As a result, Fike was eligible for reimbursement from Medicaid for providing counseling services to Medicaid beneficiaries and would receive a percentage of the reimbursement for each claim. The Information alleges that between October 2018 and September 2020, Fike submitted to the Oklahoma Health Care Authority numerous fraudulent claims for Medicaid reimbursement, resulting in approximately $171,000.00 worth of payments from the Medicaid program.
Today, Fike pleaded guilty, and admitted to submitting Medicaid claims for services she never actually rendered. At sentencing, Fike faces up to 10 years in federal prison and fines totaling up to $250,000 for each count.
“Protecting the integrity of Medicaid is of upmost importance because many of Oklahoma’s most vulnerable citizens depend on these services to be available when they need it,” said United States Attorney Robert Troester. “We are proud to partner with the Oklahoma Attorney General’s Office in our efforts to protect Medicaid funds.”
“I am proud of the tremendous work of my office’s Medicaid Fraud Control Unit in this investigation,” said Oklahoma Attorney General Gentner Drummond. “The Office of the Attorney General takes very seriously our commitment to rooting out Medicaid fraud to ensure taxpayer dollars are used correctly and that bad actors are held accountable.”
This case is the result of an investigation by the Medicaid Fraud Control Unit of the Office of the Oklahoma Attorney General. Assistant U.S. Attorney D.H. Dilbeck is prosecuting the case.
Reference is made to public filings for additional information.
Osceola County Man Indicted for Attempting to Entice A Minor to Engage in Sexual ActivityRead the Press Release
Orlando, Florida – United States Attorney Roger B. Handberg announces the return of an indictment charging Rene Bravo (57, Kissimmee) with attempting to entice a minor to engage in sexual activity. If convicted, Bravo faces a minimum mandatory penalty of 10 years, up to life, in federal prison. The indictment also notifies Bravo that the United States intends to forfeit assets which were used in commission or are alleged to be traceable to proceeds of the offense.
According to court documents, in July 2023, Bravo began communicating with an undercover law enforcement officer (UC) whom Bravo believed to be a 13-year-old girl. Throughout the next several months, Bravo began expressing a sexual interest in the “child” over an escalating series of graphic messages. In February 2024, Bravo made plans to meet with the “child” and take her back to his home for sex. On February 29, 2024, Bravo arrived at the arranged meeting spot and was arrested.
An indictment is merely a formal charge that a defendant has committed one or more violations of federal criminal law, and every defendant is presumed innocent unless, and until, proven guilty.
This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation. It will be prosecuted by Assistant United States Attorney Richard Varadan.
This case was brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative launched in May 2006 by the Department of Justice to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse. Led by United States Attorneys’ Offices and the Criminal Division’s Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS), Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to locate, apprehend, and prosecute individuals who sexually exploit children, and to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.
North Fort Myers Man Sentenced to over 10 Years for Distributing and Possessing Child Sexual Abuse Images and VideosRead the Press Release
Fort Myers, Florida – U.S. District Judge Sheri Polster Chappell has sentenced Cody Ray Syfrett (30, North Fort Myers) to 10 years and 10 months in federal prison for distribution and possession of images and videos depicting the sexual abuse of children. Syfrett was also sentenced to a 15-year term of supervised release and ordered to register as a sex offender. Syfrett entered a guilty plea on October 17, 2023.
According to court documents, between September 28 and October 4, 2021, Syfrett was chatting with an undercover agent on a social media application. Syfrett sent videos of minors engaged in sexual acts to the undercover agent. In addition, a social media app provided a cybertip to the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) reporting that Syfrett had uploaded videos and images depicting child sexual abuse material between September 27 and October 10, 2021.
In December 2021, the FBI executed a search warrant for Syfrett’s social media account, which revealed videos and images depicting minors under the age of 12 engaging in sexually explicit conduct. On January 27, 2022, the FBI executed a search warrant at Syfrett’s residence and seized his cellphone. A subsequent forensic analysis of Syfrett’s cellphone revealed 20 images and 25 videos of child sexual abuse material. During an interview with agents, Syfrett confirmed that he utilized the social media app and confirmed his phone number and username for the app. Syfrett admitted to his conversation with the undercover agent and that he shared child sexual abuse material. Syfrett said that the youngest child depicted in the child sexual abuse material that he distributed was nine years old.
This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation, Fort Myers Child Exploitation and Human Trafficking Task Force, which includes the Lee County Sheriff’s Office that assisted with this investigation. It was prosecuted by Assistant United States Attorney Yolande G. Viacava.
This is another case brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative launched in May 2006 by the Department of Justice to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse. Led by the United States Attorneys’ Offices and the Criminal Division’s Child Exploitation and Obscenity Section, Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to locate, apprehend, and prosecute individuals who sexually exploit children, and to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.
New Orleans Man with Felony Convictions Pleads Guilty to Illegally Possessing FirearmsRead the Press Release
NEW ORLEANS, LOUISIANA – JARREN LEE, age 35, a resident of New Orleans, pleaded guilty on March 19, 2024, before United States District Judge Darrel J. Papillion to violating the Federal Gun Control Act, announced U.S. Attorney Duane A. Evans.
According to court records, LEE was arrested by the New Orleans Police Department after being observed driving a stolen vehicle. When police searched the vehicle, they found two firearms, both equipped with high-capacity magazines and one of which was stolen. LEE had several prior felony convictions, including multiple convictions for drug possession.
Judge Papillion set sentencing for July 16, 2024. LEE faces a maximum term of imprisonment of 15 years, a fine of up to $250,000, up to 3 years of supervised release, and a mandatory special assessment fee of $100.
This case is part of Project Safe Neighborhoods (PSN), a program bringing together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and gun violence, and to make our neighborhoods safer for everyone. On May 26, 2021, the Department launched a violent crime reduction strategy strengthening PSN based on these core principles: fostering trust and legitimacy in our communities, supporting community-based organizations that help prevent violence from occurring in the first place, setting focused and strategic enforcement priorities, and measuring the results.
The case was investigated by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, the Drug Enforcement Administration, and the New Orleans Police Department. It is being prosecuted by Assistant United States Attorney David Haller, Senior Litigation Counsel.
Muskogee Resident Pleads Guilty to Assault of Intimate Partner by StrangulationRead the Press Release
MUSKOGEE, OKLAHOMA – The United States Attorney’s Office for the Eastern District of Oklahoma announced that Colby Eric Dean Ballard, age 28, of Muskogee, Oklahoma, entered a guilty plea to one count of Assault of a Spouse, Intimate Partner, and Dating Partner in Indian County.
The Indictment alleged that on or about April 4, 2023, Ballard assaulted the victim by strangulation. The crime occurred in Muskogee County, within the boundaries of the Muscogee (Creek) Nation Reservation, in the Eastern District of Oklahoma.
The charges arose from an investigation by the Muskogee Police Department and the Federal Bureau of Investigation.
The Honorable Judge Gerald L. Jackson, U.S. Magistrate Judge in the United States District Court for the Eastern District of Oklahoma, accepted the plea and ordered the completion of a presentence investigation report. Ballard was remanded to the custody of the United States Marshal Service pending sentencing.
Assistant United States Attorney Edith A. Singer represented the United States.
Mexican National Pleads Guilty to Methamphetamine TraffickingRead the Press Release
SACRAMENTO, Calif. — Orlando Torres Angulo, 29, of Mexico, pleaded guilty today to conspiracy to distribute methamphetamine, two counts of distributing methamphetamine, and use of a cellphone in aid of racketeering, U.S. Attorney Phillip A. Talbert announced.
According to court documents, in February 2021, Torres Angulo conspired with other individuals in both Mexico and California to distribute methamphetamine in pound quantities. Torres Angulo arranged for the delivery of 4 pounds of methamphetamine to a customer, who was in fact an undercover officer in Fresno. Torres Angulo later delivered another 2 pounds of methamphetamine to the undercover officer in Roseville. While discussing this deal, Torres Angulo told the undercover officer that he would set aside 15 pounds of methamphetamine if the undercover officer came to his place in Tulare.
This case is the product of an investigation by the Federal Bureau of Investigation with assistance from the Drug Enforcement Administration, Homeland Security Investigations, and the Tri-County Drug Enforcement Team (TRIDENT). Assistant U.S. Attorney David W. Spencer is prosecuting the case.
Torres Angulo is scheduled to be sentenced by U.S. District Judge Kimberly J. Mueller on July 8, 2024. Torres Angulo faces a maximum statutory penalty of life in prison on the methamphetamine conspiracy and methamphetamine distribution counts and a maximum statutory penalty of five years in prison for his use of a cellphone in aid of racketeering. The actual sentence, however, will be determined at the discretion of the court after consideration of any applicable statutory factors and the Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables.
The case was investigated under the Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level criminal organizations that threaten the United States using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach. For more information about OCDETF, please visit Justice.gov/OCDETF.
Martin County Sex Offender Sentenced to a Decade in Federal Prison after Investigators Locate His Collection Child Sexual Abuse MaterialRead the Press Release
EVANSVILLE- Ryan Watkins, 47, of Loogootee, Martin County, Indiana, has been sentenced to ten years in federal prison after pleading guilty to possession of sexually explicit material involving minors.
According to court documents, on multiple occasions between January and April of 2023, Ryan Watkins viewed and downloaded images of child sexual abuse material to his cell phone linked to an internet cloud-based data storage platform.
Investigators examined the files and found more than 600 images depicting minors under twelve years old engaged in sexually explicit conduct. Images depicting minors engaged in sexually explicit conduct were also located by investigators in a Google Chrome cache folder and download folders on Watkins’ cellphone.
In May of 2010, Watkins was convicted of felony Child Molestation, in Davies County, Indiana and was a registered sex offender at the time he was viewing the sexually explicit material involving minors.
“This previously convicted child molester chose to continue seeking gratification from the sexual abuse of children,” said Zachary A. Myers, U.S. Attorney for the Southern District of Indiana, Zachary A. Myers. “He didn’t care about the trauma that was inflicted on these victims, so long as he could enjoy this heinous material. Thanks to the U.S. Secret Service, Indiana State Police, and our federal prosecutor, our children are safer, and this dangerous offender is back behind bars where he belongs.”
The United States Secret Service and the Indiana State Police investigated this case. The sentence was imposed by U.S. District Court Judge Richard L. Young. Judge Young also ordered that Watkins be supervised by the U.S. Probation Office for fifteen years following his release from federal prison and that he must pay $6,000 in restitution.
U.S. Attorney Myers thanked Assistant United States Attorney Todd S. Shellenbarger, who prosecuted this case.
This case was brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative launched in May 2006 by the Department of Justice to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse. Led by U.S. Attorneys’ Offices and the Child Exploitation and Obscenity Section, Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to better locate, apprehend and prosecute individuals who exploit children via the internet, as well as to identify and rescue victims.
###
Man ordered to remove shipping container and floating docks from Lake Worth Lagoon after violating Rivers and Harbors ActRead the Press Release
MIAMI – On March 22, the U.S. District Court for the Southern District of Florida ordered a man to remove a shipping container and floating docks on which it rested from Lake Worth Lagoon near Palm Beach, Florida.
A 2021 complaint alleged that Fane Lozman violated the Rivers and Harbors Act (RHA) by placing the shipping container – which Lozman modified to include windows, doors, stairs, a rooftop deck and other additions – on floating docks in navigable waters of the United States without authorization. Since the United States commenced the action, Lozman removed several pieces of floating docks from Lake Worth Lagoon, but two floating docks and the modified shipping container remained.
Photo of floating docks and a shipping container on Lake Worth Lagoon, from United States’ Motion for Summary Judgment, Page 4 in U.S. v. Fane Lozman, case no. 21-cv-81119.
Lozman moved the floating docks and shipping container to different areas in Lake Worth Lagoon and anchored them. One of the floating docks split apart. And Lozman’s floating docks became unmoored on several occasions including once when the dock with the shipping container on it floated across Lake Worth Lagoon and beached at a public park. The floating docks together weigh over 100,000 pounds.
Lake Worth Lagoon is Palm Beach County’s largest estuary at up to a mile wide and running approximately 21 miles from North Palm Beach to Ocean Ridge, with two inlets connecting it to the Atlantic Ocean. The Atlantic Intracoastal Waterway cuts through Lake Worth Lagoon.
“The Rivers and Harbors Act provides for the safety of navigable U.S. waters,” said U.S. Attorney Markenzy Lapointe for the Southern District of Florida. “Prompt enforcement action to remove unauthorized structures is needed to protect persons and commerce in navigable U.S. waters.”
“Building or placing structures in navigable U.S. waters without authorization is a violation of the Rivers and Harbors Act,” said Assistant Attorney General Todd Kim of the Justice Department’s Environment and Natural Resources Division (ENRD). “Unlawful structures can pose increased risks of harm to others, as in this case. We’re committed to enforcing the law.”
“USACE Jacksonville greatly appreciates the expertise and support that the Justice Department brought to resolving this matter,” said District Commander Col. James Booth of the U.S. Army Corps of Engineers' (USACE) Jacksonville District.
“The USACE Jacksonville regulatory enforcement program is working to deter unauthorized activities such as this, while continuously maintaining the integrity of the nation's waterways and aquatic resources,” said Compliance and Enforcement Chief Bobby Halbert of USACE’s Jacksonville District.
The USACE’s Jacksonville District referred the case to the Justice Department’s Environment and Natural Resources Division (ENRD). The Jacksonville District Enforcement Section is often aided by state and federal agencies, as well as groups and individuals who report suspected violations. To report suspected violations of the Rivers and Harbors Act, contact the Jacksonville District's enforcement program at [email protected].
Civil Section Chief Dexter Lee and Trial Attorneys Brandon N. Adkins and Rachel Martinez of ENRD’s Environmental Defense Section handled the case.
Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or at http://pacer.flsd.uscourts.gov, under case no. 21-cv-81119.
###
Man Sentenced for Sending Death Threats to Arizona State Election OfficialRead the Press Release
An Ohio man was sentenced today to two and a half years in prison for sending death threats to an election official in the Arizona Secretary of State’s Office during Arizona’s primary and general elections.
“If you threaten violence against the public servants who administer our elections, there will be consequences,” said Attorney General Merrick B. Garland. “The right to vote, which is the cornerstone of our democracy, relies on the ability of election workers and election officials to perform their duties without fearing for their lives. The Justice Department will continue to aggressively investigate and prosecute those who threaten these public servants.”
According to court documents, between Aug. 2, 2022, and Nov. 15, 2022, Joshua Russell, 46, of Bucyrus, left a series of voicemails threatening the life of an election official with the Arizona Secretary of State’s Office (Victim‑1).
The first message, which was sent on the day of the Arizona primary elections, accused Victim-1 of failing to protect the 2020 election and committing election fraud. Russell then said, “You’re the enemy of the United States, you’re a traitor to this country, and you better put your sh[inaudible], your [expletive] affairs in order, ’cause your days [inaudible] are extremely numbered. America’s coming for you, and you will pay with your life, you communist [expletive] traitor [expletive].”
“The defendant made multiple death threats against an Arizona election official during the state’s elections. This conduct is an attack on the democratic process itself, and today’s sentence shows that perpetrators of such egregious, unlawful conduct will be held to account,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division. “The Criminal Division will not tolerate threats of violence intended to undermine our free and fair elections.”
Russell left another voicemail for Victim-1 on Sept. 9, 2022. In that message, Russell called Victim-1 a terrorist and a criminal, and then said that “[y]ou have a few short months to see yourself behind bars, or we will see you to the grave. You are a traitor to this nation, and you will suffer the [expletive] consequences.”
“Thorough reporting leads to prompt charging and timely deterrence of those who would disrupt democracy,” said U.S. Attorney Gary M. Restaino for the District of Arizona. “Here, a threat reported during the August 2022 primary election was charged before the end of the calendar year. Thanks to the Office of the Arizona Secretary of State for making a detailed initial report, and to the FBI for its efficient and detailed investigation.”
Finally, on Nov. 15, 2022, Russell left a voicemail accusing Victim-1 of committing crimes against America and once again threatened Victim-1’s life. In relevant part, Russell said, “[w]e will not wait for you to be drugged through court. A war is coming for you. The entire nation is coming for you. And we will stop, at no end, until you are in the ground. You’re a traitor to this nation. You’re a [expletive] piece of [expletive] communist, and you just signed your own death warrant. Get your affairs in order, cause, your days are very short.”
Russell pleaded guilty in August 2023 to one count of making a threatening interstate communication.
The FBI Phoenix Field Office investigated the case, with assistance from the FBI Boston Field Office.
Trial Attorney Tanya Senanayake of the National Security Division’s Counterterrorism Section and Assistant U.S. Attorney Sean K. Lokey for the District of Arizona prosecuted the case.
This case is part of the Justice Department’s Election Threats Task Force. Announced by Attorney General Garland and launched by Deputy Attorney General Lisa Monaco in June 2021, the task force has led the Department’s efforts to address threats of violence against election workers, and to ensure that all election workers — whether elected, appointed, or volunteer — are able to do their jobs free from threats and intimidation. The task force engages with the election community and state and local law enforcement to assess allegations and reports of threats against election workers, and has investigated and prosecuted these matters where appropriate, in partnership with FBI Field Offices and U.S. Attorneys’ Offices throughout the country. Two years after its formation, the task force is continuing this work and supporting the U.S. Attorneys’ Offices and FBI Field Offices nationwide as they carry on the critical work that the task force has begun.
Under the leadership of Deputy Attorney General Monaco, the task force is led by the Criminal Division’s Public Integrity Section and includes several other entities within the Justice Department, including the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, Civil Rights Division, National Security Division, and FBI, as well as key interagency partners, such as the Department of Homeland Security and U.S. Postal Inspection Service. For more information regarding the Justice Department’s efforts to combat threats against election workers, read the Deputy Attorney General’s memo.
To report suspected threats or violent acts, contact your local FBI office and request to speak with the Election Crimes Coordinator. Contact information for every FBI field office may be found at www.fbi.gov/contact-us/field-offices/. You may also contact the FBI at 1-800-CALL-FBI (225-5324) or file an online complaint at www.tips.fbi.gov. Complaints submitted will be reviewed by the task force and referred for investigation or response accordingly. If someone is in imminent danger or risk of harm, contact 911 or your local police immediately.
Man Caught with Drugs After his Release from Prison Sentenced to 12 ½ More YearsRead the Press Release
CAPE GIRARDEAU – U.S. District Judge Audrey G. Fleissig on Monday sentenced a man caught with methamphetamine and other drugs just weeks after his release from prison to 12 ½ more years in prison.
On May 19, 2023, officers with the Southeast Missouri Drug Task Force and the Kennett Police Department conducted a court-approved search of a home in Kennett after hearing that a drug supplier had a pound of meth there. Roderick Omar Wheeler Jr. was staying at the home with his uncle after being released from the federal Bureau of Prisons on April 28, according to Wheeler’s plea agreement and a government sentencing memorandum. During the search, 90 grams of crystal methamphetamine; 280 grams of synthetic marijuana (K2), 33 tablets of ecstasy, 8 grams of fentanyl and three digital scales were found. Wheeler also had $1,520 in cash that had been used earlier by the task force to buy meth.
Wheeler, 27, pleaded guilty in December 2023 to one felony count of possession of methamphetamine with intent to distribute.
Wheeler was sentenced to 78 months in prison in 2016 on gun and drug charges after being caught after a police chase with a pistol and marijuana, the sentencing memo says. He was released in 2021 but later sentenced to 14 more months in prison after violating the conditions of his supervised release. In 2014, Wheeler was found by police in a vehicle with a brick of marijuana underneath the seat. Wheeler had one ounce of meth concealed in his underwear that was discovered while he was being booked into jail.
The Southeast Missouri Drug Task Force and the Kennett Police Department investigated the case. Assistant U.S. Attorney Julie Hunter prosecuted the case.
Local man convicted of attacking officer in downtown HoustonRead the Press Release
HOUSTON – A 37-year-old Houston resident has pleaded guilty to assault of a federal officer after damaging two downtown buildings, announced U.S. Attorney Alamdar S. Hamdani.
On Oct. 26, 2023, Justin Wade Prophet was outside the federal courthouse in Houston during the early morning hours when he smashed a window with a long metal pole. He then walked to another building across the street, broke another window with the same pole and gained entry. While inside, he attempted to assault an individual who was on his way to work. He also damaged additional property.
Authorities from the federal courthouse confronted him shortly thereafter, at which time Prophet struck one of them with the pole. The officer shot Prophet in his lower extremities. Law enforcement immediately took Prophet into custody and transported him to the hospital.
“Brandishing a long metal pole, Prophet displayed a blatant disregard for public safety,” said Hamdani. “It is my office’s mission to protect federal facilities and Houston’s citizens, and with the help of local and federal partners, Prophet is now off the streets destined for a room full of metal poles—a prison cell.”
U.S. District Judge David Hittner has set sentencing for June 20. At that time, Prophet faces up to 20 years in federal prison and a possible $250,000 maximum fine.
Prophet has been and will remain in custody pending sentencing.
The Department of Homeland Security - Federal Protective Service and Houston Police Department conducted the investigation. Assistant U.S. Attorney John M. Lewis is prosecuting the case.
Law Enforcement Officials Announce Violent Crime Reduction Initiative: OPERATION CEASEFIRERead the Press Release
SAN JUAN, Puerto Rico – W. Stephen Muldrow, United States Attorney for the District of Puerto Rico, together with state, local, and federal law enforcement officials, announce the implementation of a multi-agency violent crime reduction initiative – Operation Ceasefire. Each of following law enforcement agencies will allocate personnel and resources to Operation Ceasefire to jointly target, apprehend and prosecute the most prolific, violent armed criminals operating throughout Puerto Rico.
- Secretary Domingo Emanuelli, Puerto Rico Department of Justice;
- Secretary Alexis Torres, Puerto Rico Department of Public Safety;
- Commissioner, Colonel Antonio López Figueroa, Puerto Rico Police Bureau;
- Commisioner Joey Prado, Bayamón Municipal Police;
- Commissioner Rubén Moyeno, Carolina Municipal Police;
- Commissioner Jorge Hernández Peña, Guaynabo Municipal Police;
- Acting Commissioner Juan Jackson, San Juan Municipal Police;
- Special Agent in Charge Christopher Robinson, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives;
- Special Agent in Charge Denise Foster, Drug Enforcement Administration;
- Special Agent in Charge Joseph González, Federal Bureau of Investigation;
- Special Agent in Charge Rebecca González Ramos, Homeland Security Investigations; and
- United States Marshal Wilmer Ocasio Ibarra, United States Marshals Service.
Operation Ceasefire will build on existing anti-violent crime strategies, such as the Gang Strike Forces and the Triggerpuller program. The initiative will be coordinated through the Chief and Deputy Chief of the United States Attorney’s Office’s Gang Section, Assistant U.S. Attorneys Alberto Lopez-Rocafort and Teresa S. Zapata Valladares.
Operation Ceasefire will also draw upon the resources and collaboration of the Department of Justice’s Project Safe Neighborhoods (PSN) Program and the Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) Program, as well as the Puerto Rico / U.S. Virgin Islands High Intensity Drug Trafficking Area (PRVI HIDTA) Task Force.
The OCDETF mission is to identify, disrupt, and dismantle the highest-level criminal organizations that threaten the United States, using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency task force approach. OCDETF synchronizes and incentivizes prosecutors and agents to lead smart, creative investigations targeting the command-and-control networks of organized criminal groups and the illicit financiers that support them. Additional information about the OCDETF Program may be found at www.justice.gov/OCDETF.
PSN brings together all levels of law enforcement and the communities they serve to reduce violent crime and make our neighborhoods safer for everyone. PSN, an evidence-based program proven to be effective at reducing violent crime, is the centerpiece of the Justice Department’s violent crime reduction efforts. Through PSN, a broad spectrum of stakeholders works together to identify the most pressing violent crime problems in the community and develop comprehensive solutions to address them. As part of this strategy, PSN focuses enforcement efforts on the most violent offenders and partners with locally‑based prevention and reentry programs for lasting reductions in crime.
The PRVI HIDTA Task Force was established by the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) in 1994. The mission of the PRVI HIDTA is to reduce violence and crime by targeting, disrupting, and dismantling drug trafficking and money laundering organizations supported by intelligence driven investigations.
###
Justice Department Sues Missouri Landlord for Sexually Harassing TenantsRead the Press Release
The Justice Department filed a lawsuit today against Jimmie Bell, a landlord in Springfield, Missouri, for sexually harassing female tenants in violation of the Fair Housing Act (FHA). Bell has managed over 100 residential rental properties in and around Springfield.
The lawsuit, filed in the U.S. District Court for the Western District of Missouri, alleges that Bell subjected multiple female tenants to harassment that included making unwelcome sexual advances, offering to reduce rent or make needed repairs in exchange for engaging in sex acts, subjecting female tenants to unwelcome sexual touching and initiating eviction actions against female tenants who refused his sexual advances.
“No one should ever be subjected to sexual harassment and degradation simply to keep a roof over their head,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke of the Justice Department’s Civil Rights Division. “Sexual harassment in residential settings is uniquely abhorrent because one’s home should be a place of refuge. The Justice Department is committed to vigorously enforcing the Fair Housing Act’s protections against sexual harassment and holding landlords and housing providers accountable when they engage in this abhorrent conduct.”
“This Springfield landlord repeatedly took advantage of his tenants by using his position as leverage to egregiously violate their civil rights,” said U.S. Attorney Teresa Moore for the Western District of Missouri. “Today’s lawsuit illustrates the determination of the Justice Department to protect victims of sexual harassment or other types of housing discrimination and to hold their abusers accountable.”
“This landlord’s sexual harassment is a gross violation of his position and of the Fair Housing Act,” said Principal Deputy Assistant Secretary Demetria McCain of the Department of Housing and Urban Development (HUD)’s Office of Fair Housing and Equal Opportunity. “People deserve to be safe in their homes.”
The matter was referred to the Justice Department after HUD received a complaint alleging that Bell had violated the FHA by sexually harassing a female tenant and retaliating against her when she rejected his sexual advances. Bell chose to have the matter decided in federal court after HUD investigated the complaint and issued a charge of discrimination. Upon receiving the referral, the Justice Department investigated further and identified additional female tenants whom Bell sexually harassed.
The department’s lawsuit seeks monetary damages to compensate persons harmed by the alleged harassment, a civil penalty to vindicate the public interest and a court order barring future discrimination. The lawsuit names Jimmie Bell as a defendant in his individual capacity and as trustee of Second Bell Trust, the owner of many of the properties Bell managed. The lawsuit also names as defendant Fourth Bell LLC, the owner of additional properties Bell managed.
Individuals who believe that they may have been victims of sexual harassment or other types of housing discrimination at rental properties owned or managed by Jimmie Bell, or who have other information that may be relevant to this case, may contact the Justice Department’s housing discrimination tip line at 1-833-591-0291. Dial “1” for English, “2” for sexual harassment cases, and “3” for the Jimmie Bell lawsuit mailbox. Individuals may also email the Justice Department at [email protected].
The Justice Department’s Sexual Harassment in Housing Initiative is led by the Civil Rights Division, in coordination with U.S. Attorneys’ Offices across the country. The initiative seeks to address and raise awareness about sexual harassment by landlords, property managers, maintenance workers, loan officers and other people who have control over housing. Since launching the initiative in October 2017, the department has filed 40 lawsuits alleging sexual harassment in housing and recovered nearly $12 million for victims of such harassment.
The FHA prohibits discrimination in housing based on race, color, religion, national origin, sex, disability and familial status. More information about the Civil Rights Division and the laws it enforces is available at www.justice.gov/crt.
Justice Department Seeks Court Order to Stop California Department of Corrections from Requiring Correctional Officers to Violate Religious BeliefsRead the Press Release
The Justice Department today challenged the California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) on its denial of religious accommodations for correctional officers of various faiths, including Sikhs and Muslims, who wear facial hair as an expression of their faith. CDCR generally prohibits correctional officers from wearing beards, and the action seeks a temporary court order allowing these officers to wear beards while CDCR fully assesses options for providing them with religious accommodations while complying with California safety regulations.
“Sikhs, Muslims and employees of any faith should not be forced to choose between the practice of their faith and their jobs,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke of the Justice Department’s Civil Rights Division. “Religious freedom and religious accommodation are bedrock principles of our democracy. We are taking action to ensure that the rights of employees of all faiths are respected and accommodated in the workplace. As faith communities celebrate Ramadan and other important holidays across religions in the coming weeks, the Justice Department will continue to combat religious discrimination in the workplace.”
“Our district is one of the most diverse in the country, with communities of many different faiths practicing customs that are central to their beliefs,” said U.S. Attorney Phillip A. Talbert for the Eastern District of California. “The action brought today is an important use of the federal civil rights laws to protect this religious expression. My office will continue to work hand in hand with the Civil Rights Division to ensure that individuals of all faiths can receive due consideration for appropriate religious accommodations at workplaces in this district.”
The department’s action, filed in the U.S. District Court for the Eastern District of California, alleges that although many officers had performed their jobs successfully for years while wearing facial hair, CDCR implemented a revised facial hair policy last year and, since then, has repeatedly denied religious accommodation requests, forcing officers to shave their beards or lose their jobs. The affected officers have been forced to violate core tenets of their faiths and have suffered shame and humiliation among their religious communities, including being shunned from houses of worship and denied participation in religious ceremonies, such as family weddings.
Since CDCR implemented its revised facial hair policy, numerous officers have filed charges of religious discrimination with the U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) under Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VII). Because the EEOC’s investigation remains ongoing, the department is seeking relief in its requested court order only until the EEOC finishes its full investigation or until CDCR can otherwise show the court it has met its religious accommodation obligations under Title VII. The department’s complaint alleges that CDCR has failed to meaningfully consider the range of options proposed by the charging parties or those used by other correctional institutions to accommodate officers’ religious beliefs while meeting safety requirements. The department asks the court to order CDCR to stop enforcing its facial hair policy against officers who request to wear a beard because of their religious beliefs and engage in good faith discussions with officers about possible reasonable accommodations that would allow officers to safely do their jobs and adhere to their religious beliefs.
Employees with complaints of religious discrimination can report them to their local EEOC office or their state or local fair employment practices agencies. The contact information for each local EEOC office can be found at www.eeoc.gov/field-office.
Trial Attorneys Alicia Johnson and Sharion Scott of the Civil Rights Division’s Employment Litigation Section and Assistant U.S. Attorney Robert Fuentes for the Eastern District of California are handling the case.
The full and fair enforcement of Title VII is a top priority of the Justice Department’s Civil Rights Division. More information about the Civil Rights Division and the Employment Litigation Section is available at www.justice.gov/crt/ and www.justice.gov/crt/employment-litigation-section.
Justice Department Secures Settlement with Ohio Manufacturing Company to Resolve Alleged Discrimination Against National GuardsmanRead the Press Release
The Justice Department announced today that it has resolved its lawsuit against U.S. Development Corporation, doing business as Akro-Plastics, on behalf of Ohio National Guardsman Staff Sergeant Nicholas Whitman. The department alleged that Akro-Plastics violated the Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994 (USERRA) when it failed to promote Sergeant Whitman to a human resources position based on his military service obligation and constructively discharged him on his return from military service.
“Federal law safeguards the civilian employment rights of our nation’s servicemembers and ensures that their career opportunities aren’t harmed because of their military duties,” said Assistant Attorney General Kristen Clarke of the Justice Department’s Civil Rights Division. “Employers must ensure that servicemembers receive all career advancements that they deserve.”
“American servicemembers make great sacrifices to protect our citizens and the freedoms, liberties and civil rights that we all enjoy,” said U.S. Attorney Rebecca C. Lutzko for the Northern District of Ohio. “The U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Ohio is committed to protecting all its citizens from discrimination, including servicemembers who employers discriminate against by denying them deserved workplace opportunities because of their past, present or future military service.”
According to the complaint, Sergeant Whitman started working at Akro-Plastics in June 2022. He applied for a human resources job in September 2022 and went through three interviews. Supervisors and officials knew about his upcoming three-month military deployment and repeatedly cited it as the reason for not promoting him. From December 2022 to April 2023, Sergeant Whitman fulfilled his military duties with the National Guard. Following his deployment, he returned to work for a short while before being forced to leave due to hostility from Akro-Plastic’s management. Under the settlement agreement, Akro-Plastics will pay Sergeant Whitman monetary damages. The company will also revise its polices, practices and trainings to prevent violations of USERRA.
The Department of Labor (DOL) referred this matter to the Justice Department following an investigation by its Veterans’ Employment and Training Service.
The Civil Rights Division’s Employment Litigation Section continues to work collaboratively with the DOL to protect the jobs and benefits of military members. The Justice Department gives high priority to the enforcement of servicemembers’ rights under USERRA. Additional information about USERRA can be found at www.justice.gov/crt/laws-we-enforce and www.justice.gov/servicemembers, as well as on the DOL’s website at www.dol.gov/agencies/vets/programs/userra.
Justice Department Announces Opening of Nominations for the Seventh Annual Attorney General’s Award for Distinguished Service in Community PolicingRead the Press Release
Attorney General Merrick B. Garland today announced the Justice Department is now accepting nominations for the Seventh Annual Attorney General’s Award for Distinguished Service in Community Policing. These awards represent part of the Justice Department’s ongoing commitment to support the nation’s law enforcement officers who put their lives on the line every day to keep our communities safe.
The Attorney General’s Award recognizes individual state, local, and Tribal sworn, rank- and-file police officers and deputies for exceptional efforts in community policing. The awarded officers, deputies, and troopers will have demonstrated active engagement with the community in one of three areas: criminal investigations, field operations, or innovations in policing. Within each category, an award will be given to law enforcement agencies serving small, medium, and large jurisdictions. Those agency sizes are defined as:
- Small: agencies serving populations of fewer than 50,000;
- Medium: agencies serving populations of 50,000 to 250,000; and
- Large: agencies serving populations of more than 250,000.
By acknowledging and rewarding these efforts, the Department strives to promote and sustain its national commitment to community policing and to advance proactive policing practices that are fair and effective. With the Attorney General’s Award for Distinguished Service in Community Policing, the Office of the Attorney General recognizes that the nation’s law enforcement agencies, officers, deputies, and troopers continue to work tirelessly to keep our communities safe places to live and work.
The deadline for nominations is May 6 at 8 p.m. ET. More information and the application for nominees can be found at www.justice.gov/ag/policing-award.
Jamestown drug ring leader pleads guilty as federal trial was set to beginRead the Press Release
BUFFALO, N.Y. - U.S. Attorney Trini E. Ross announced today that Rocco A. Beardsley, 38, of Jamestown, NY, pleaded guilty before U.S. District Judge John L. Sinatra, Jr. to narcotic conspiracy and distribution of fentanyl causing death, which carry a mandatory minimum penalty of 20 years in prison, and a maximum of life. Beardsley pleaded guilty as jury selection was scheduled to begin in his federal trial.
Assistant U.S. Attorneys Joshua A. Violanti, Evan K. Glaberson, and Jeffrey E. Intravatola, who are handling the case, stated that between late 2018 and March 2020, Beardsley conspired with seven others sell methamphetamine, fentanyl, and other controlled substances in the Jamestown area. On April 9, 2019, Beardsley sold acetyl fentanyl and fentanyl, which resulted in the death of an individual identified as J.A. After learning of J.A.’s death, Beardsley took steps to conceal his involvement in the drug overdose, including by directing others to destroy evidence from the death scene.
Beardsley bought and sold fentanyl, and methamphetamine for profit and for his own use, utilizing social media to conduct his drug trafficking activities. Beardsley also utilized residences on Sampson Street and Cowden Place in Jamestown for his drug trafficking activities. During the investigation, law enforcement conducted five controlled purchases from Beardsley. In addition, Beardsley and his co-conspirators also participated in a series of money transfers in furtherance of the narcotics conspiracy.
During the investigation, search warrants were executed at residences associated with the drug conspiracy, during which law enforcement seized approximately 100 grams of methamphetamine, 66 grams of fentanyl, 28 grams of cocaine, 4 grams of crack cocaine, a 12-gauge shotgun, and drug paraphernalia.
Beardsley was previously convicted in Federal Court in 2007 of conspiracy to distribute crack cocaine and sentenced to serve 57 months in prison. In 2017, he was convicted in New York State Court of Criminal Possession of a Controlled Substance, and Narcotic Drug Intent To Sell.
A total of seven defendants were charged and convicted in this case.
This effort is part of an Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) operation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highest-level criminal organizations that threaten the United States using a prosecutor-led, intelligence-driven, multi-agency approach. Additional information about the OCDETF Program can be found at https://www.justice.gov/OCDETF.
The plea is the result of an investigation by the Drug Enforcement Administration, under the direction of Special Agent-in-Charge Frank Tarantino, III, New York Field Division, the Jamestown Police Department, under the direction of Chief Timothy Jackson, and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, under the direction of Assistant Special Agent-in-Charge Bryan DiGirolamo, the New York State Police, under the direction of Major Stanley Edwards III, and the Town of Ellicott Police Department, under the direction of Chief William Ohnmeiss Jr.
Sentencing is scheduled for July 23, 2024, at 2:00 p.m. before Judge Sinatra.
# # # #